La binacionalidad del pueblo wayuu: la deuda pendiente de Venezuela y Colombia

En esta  segunda entrada, mostramos por qué el entendimiento del territorio desde el pensamiento wayuu es clave para superar la crisis humanitaria que padece este pueblo.  Los wayuu han sabido sobrevivir los procesos colonizadores y su permanencia en su territorio es anterior a la constitución de los Estados, por lo que su relación jurídica y política con Venezuela y Colombia está inscrita en su memoria, su cosmología y sus formas de desarrollo como pueblo indígena. Hoy en día, la existencia y el buen vivir de los wayuu están amenazados por las precarias condiciones de vida en La Guajira venezolana y colombiana que dificulta su acceso a derechos humanos. 

Sin acceso a derechos en Colombia y Venezuela 

El desarrollo de la vida para los wayuu en el lado de Venezuela se ha agravado en el contexto de la llamada Emergencia Humanitaria Compleja: la caída de la institucionalidad democrática en Venezuela ha conllevado al colapso de las instituciones, que no tienen la capacidad para prestar los servicios mínimos de salud, alimentación y educación. En este contexto, el pueblo wayuu ha sido uno de los grupos de población más afectados a nivel humanitario, económico y social. 

En medio de esta emergencia la cifra de venezolanos que han huido de su país alcanza la cifra de 7.131.435 de personas en todo el mundo según datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Emigrantes de Venezuela. Colombia ha recibido casi 2,5 millones de venezolanos en su territorio, siendo La Guajira el quinto departamento con mayor población venezolana en Colombia, con 150.806 personas, de las cuales el 56% tiene un estatus irregular. 

Es importante señalar que la población en la frontera de La Guajira del lado colombiano en 2018 era de 380.460 personas auto reconocidas como wayuu, de acuerdo a cifras del Censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mientras que en Venezuela esta población era de 413.437, de acuerdo al Censo Nacional de Estadística de 2011. 

A pesar de estos números,  ni las plataformas interagenciales, ni los gobiernos de Colombia o de Venezuela manejan estadísticas enfocadas en la migración de pueblos indígenas. Así, siguiendo los patrones de discriminación estructural de la colonia y la república, los wayuu sufren una doble vulneración al ser refugiados e indígenas sin una atención intercultural conforme a su lengua propia, cosmovisión e interrelación con el territorio. 

A decir de José David González, defensor de derechos humanos transfronterizo, “se está viviendo una migración nunca vista en la historia de La Guajira, porque la mayoría de los wayuu han migrado al departamento y han dejado sus casas, territorios y hábitat por la inseguridad que viven”.

La realidad social del pueblo wayuu da cuenta de condiciones paupérrimas del lado venezolano. Según datos de la encuestadora ENCOVI 2021, el 98% de la población está en situación de pobreza; y el 86%, en pobreza extrema. En materia de seguridad alimentaria se ha acrecentado la dependencia de las familias wayuu a los programas de alimentación del gobierno venezolano a través del Mercal o las cajas CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción). El primero se trata de un programa gubernamental que dota a los supermercados de alimentos a bajo costo a la población; mientras que las segundas,  distribuyen  alimentos de forma directa a las comunidades. 

De acuerdo a reportes de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), el programa de alimentos CLAP debería ser gratuito según lo establecido por el gobierno. Sin embargo, la realidad indica que debe ser pagado por los hogares wayuu en pesos colombianos porque en la frontera del lado venezolano ya no se acepta el bolívar como moneda de circulación. Además, en materia de salud, el Hospital Binacional “Dr. José Leonardo Fernández”, ubicado en Paraguaipoa ha sido uno de los más afectados por la Emergencia Humanitaria Compleja.

El wayuu llega a Colombia a buscar refugio de estas calamidades, pero se encuentra con un muro que le impide acceder a servicios sociales y derechos básicos: el Estado colombiano no ha reconocido en la práctica la binacionalidad del pueblo wayuu, por lo tanto, los wayuu que ingresan del lado venezolano a La Guajira tienen el trato de migrantes, como si fueran extranjeros en un territorio al que han estado unidos desde tiempos precoloniales. 

En un reporte conjunto de la Universidad de La Guajira y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, se destaca que los wayuu que llegan del lado venezolano no pueden acceder a servicios de salud y el servicio de salud sólo es prestado por urgencias en algunos casos, si la persona no está regularizada como migrante. Además, no se trata de una atención con enfoque étnico y diferencial. 

Personas wayuu entrevistadas para este estudio, afirmaron que prefieren optar por el Registro Único de Migrantes Venezolanos, es decir, el mecanismo jurídico de protección para las personas migrantes y refugiadas venezolanas. De esta forma, terminan asumiendo el régimen migratorio destinado a extranjeros para acceder más rápidamente a servicios de salud,  financieros, ofertas laborales, entre otros, ya que no existe la posibilidad de que recurran a un mecanismo para exigir su binacionalidad. 

Por otro lado,  si bien los niños wayuu que llegan de Venezuela pueden asistir a clases en las rancherías sin que se les pida documentos, lo cierto es que se encuentran a largas distancias de sus asentamientos informales. Además, el mayor problema que se les presenta es que luego de culminados los estudios escolares, al no poseer nacionalidad colombiana no pueden acceder a un título educativo que respalde su avance a estudios superiores, lo que limita sus capacidades de desarrollo.

Finalmente, la no regulación de la población indígena wayuu en la frontera de la Guajira colombo-venezolana puede tener como resultado el involucramiento en redes de delincuencia organizada. Un reporte de CrisisGroup alertó sobre la desmantelación de redes criminales que someten a esclavitud sexual a niños y niñas menores de edad y trata de personas en la zona fronteriza de La Guajira, así como el reclutamiento de indígenas en situación de pobreza para negocios ilícitos. 

Reivindicar el origen para garantizar el futuro 

Con la reanudación de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela se abre la posibilidad de adoptar de manera urgente tratados y políticas públicas que reconozcan el carácter binacional de los wayuu en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos. Hoy, Colombia y Venezuela se declaran Estados pluriétnicos y pluriculturales en ambas constituciones nacionales y ambos reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas más allá de la delimitación geográfica de un espacio físico. 

Así que una manera de proteger la identidad indígena sería traducir a la realidad lo que está escrito en la norma fundamental de ambos Estados. Velar por los derechos de los wayuu, el pueblo indígena más numeroso de ambos países, no solo restaura la dignidad de origen que poseen sus clanes, sino también abre la puerta para que se fortalezcan los derechos de los pueblos originarios alrededor del mundo. 

Son numerosos los pueblos indígenas sedentarios, nómadas y seminómadas que se encuentran en zonas de frontera y que se reafirman como plurinacionales debido a que han vivido en sus territorios desde antes de la Colonia española y cuyos territorios ancestrales quedaron marcados por líneas divisorias políticas administrativas a causa de la Constitución del Estado desconociendo sus Leyes de Origen, promoviendo la xenofobia por su presencia e imponiendo barreras para el ejercicio de su identidad cultural. Las primeras naciones han ejercido este tipo de jurisdicción en las prácticas cotidianas de sus autoridades tradicionales desde tiempos precoloniales. Es el caso, por ejemplo, del Wallmapu, que para el pueblo Mapuche abarca territorios ubicados entre Chile y Argentina.  

Hoy, la alta migración wayuu del lado venezolano ha puesto en evidencia que el departamento de La Guajira presenta graves necesidades humanitarias que se agravan con la llegada de personas wayuu en búsqueda de una vida más digna. El acceso a los servicios sociales de salud, educación y alimentación son precarios en La Guajira, y a eso se suma que los wayuu que vienen de Venezuela no pueden exigir estos servicios sociales debido a la demora en la legalización de sus trámites migratorios y del tipo de estatus que tengan, lo que agrava aún más la situación humanitaria del pueblo wayuu entre ambos países. 

En este contexto, la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia T-302 de 2017, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira. Para la Corte, se verificó la violación a los derechos humanos del pueblo wayuu de manera estructural y sistemática por acción u omisión del Estado colombiano en temas relativos al agua potable, la alimentación, los servicios de salud, entre otros, al punto de poner en riesgo su supervivencia física y cultural.

Si los gobiernos de ambos países no atienden esta situación con planes integrales que reconozcan la legitimidad del pueblo wayuu para identificarse como sujeto de derecho binacional con protección especial y diferenciada, la emergencia humanitaria en La Guajira seguirá costando vidas y la supervivencia de este pueblo ancestral estará en riesgo. Ello implicaría garantizar su derecho a la identidad estableciendo medidas urgentes como, por ejemplo, el establecimiento de oficinas de registro que se manejen con enfoque interseccional que comprendan los sistemas asociativos y familiares del pueblo wayuu y garanticen  que las decisiones se tomen de acuerdo a su derecho propio.

Las autoridades tradicionales wayuu han hablado de la creación de un registro especial para sus familias que tengan en cuenta la pertenencia a los clanes y la ascendencia matrilineal para reconocer su binacionalidad. Este mecanismo podría prevenir los casos de doble registro que abundan tanto en Venezuela como en Colombia, ya que muchas familias wayuu se encuentran registradas en ambos países, pero en un país se encuentran inscritos con el nombre de su casta, mientras que en otro se encuentran con otro apellido asignado. 

La implementación de las demandas adeudadas al pueblo indígena wayuu sería un reconocimiento a su contribución a la diversidad cultural de la humanidad y una reparación histórica frente a la desposesión y el racismo estructural que se sigue viviendo tanto en Colombia como en Venezuela.

Lee la primera parte aquí