La contabilidad de los derechos humanos: las lecciones de Siria
Sean Luna McAdams octubre 6, 2015
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La crisis en Siria demuestra la importancia de hacer un análisis presupuestal para la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas.
La crisis en Siria demuestra la importancia de hacer un análisis presupuestal para la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas.
El pasado 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados. En ese día, la Agencia de Naciones para los Refugiados (ACNUR) documentó que una de cada 122 personas en el mundo es refugiada, desplazada interna o está buscando asilo. Desde junio, la situación no ha hecho sino empeorar pues cientos de miles de refugiados sirios han aparecido en costas europeas huyendo de un conflicto que cada vez se profundiza y fragmenta más entre las fuerzas gubernamentales de al-Assad, el Estado Islámico (EI), y fuerzas rebeles con diferentes tintes políticos. De hecho, la ACNUR reporta que en el momento más de la mitad de los 22 millones de personas que conforman la población siria (11.6 millones para ser exacto) están registrados como refugiados, buscando asilo o han sido desplazados internamente. Este devastador panorama ofrece lecciones para los activistas de derechos humanos sobre el activismo en contextos violentos, fronteros, refugiados, la eficacia del derecho internacional, entre muchas otras. Sin embargo, me concentraré en cómo esta crisis específica pone en evidencia la importancia de incorporar un análisis presupuestal en la defensa de los derechos humanos de todo tipo.
La aproximación desde los derechos humanos a un análisis presupuestal es una herramienta relativamente nueva. Le provee a quienes abogan por los derechos humanos una forma de evaluar la priorización que hace un estado de sus limitados recursos teniéndo los derechos humanos como criterio central. Si bien innovadoras organizaciones de derechos humanos como Fundar han utilizado el análisis presupuestal para avanzar en la defensa de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), no se ha hecho mucho énfasis en como esta herramienta puede ser útil en la defensa de derechos civiles y políticos (DCP). Sospecho que esto, en parte, se debe al hecho de que mientras en el primer tipo de derechos el derecho internacional hace una clara alusión a presupuestos al exigir que los estados los garanticen de forma progresiva usando el máximo de los recursos disponibles, existe un consenso general de que los DCP son “gratis”. Y si bien es cierto que muchos DCP exigen que el estado se abstenga de realizar acciones como la tortura o la persecución en vez de proveer servicios, la crisis en Siria demuestra que hay costos asociados con ese proceso de “abstención”. En particular, demuestra que para defender de forma efectiva estos derechos en situaciones de crisis los estados deben estar preparados para albergar refugiados.
No obstante, los hechos indican lo contrario: el Programa de Comida de la ONU fue forzado a recortar las raciones de comida de los refugiados sirios en el Líbano a tan solo US$13.50 por mes, y advirtió que podría tener que eliminar la ayuda en su totalidad para los refugiados en Jordania porque la falta de financiamiento y el aumento en la demanda representan un reto imposible para la Agencia. Para que el derecho internacional y las instituciones por las que los activistas de derechos humanos han abogado durante las últimas seis décadas sean consecuentes, tienen que estar debidamente financiadas para así tener la capacidad operacional para implementar sus mandatos. Un análisis presupuestal puede ayudar a asegurar que las agencias relevantes y los estados tengan los recursos necesarios para enfrentar de forma proactiva las crisis a medida que se desarrollan.
Pasando del dicho al hecho
La ONU pone en evidencia este contraste entre recursos institucionales y la demanda. El aumento en refugiados y solicitantes de asilo ha puesto una presión insoportable sobre las agencias de las Naciones Unidas; a principios de septiembre el periódico The Guardian reportó que de los US$3.79 mil millones solicitados para proveer servicios básicos de comida, albergue y salud a los refugiados, solo US$0.9 mil millones contaban con financiamiento. Esto, sin duda, ha acelerado el éxodo sirio hacia Europa en los últimos meses. La Unión Europea recientemente se comprometió a impulsar la ayuda a las agencia poniendo US$1.1 mil millones adicionales. Sin embargo, incluso este generoso aumento no alcanzará a llenar el hueco financiero creado por las crecientes demandas generadas, en parte, por la crisis en Siria que, de acuerdo con la ACNUR, aún necesita cerca de US$708 millones.
La presidenta de Brasil, Dilma Roussef, ofrece posiblemente el mejor ejemplo del vacío que hay entre el apoyo retorico y el financiero. El 21 de septiembre, Dilma escribió una columna en la que pregonó sobre la solidaridad de su país con los refugiados sirios y fue enfática en decir que “Brasil los recibe con los brazos abiertos”. Sin embargo, mirando el presupuesto de la ACNUR para 2015, se puede ver que Brasil ha contribuido unos míseros US$743,133 frente a Estados Unidos que ha puesto US$1.2 mil millones. Si la contribución de Brasil fuese proporcional a la de Estados Unidos teniendo en cuenta su PIB, debería ser 240 veces más grande, es decir, alrededor de US$179 millones. Además, a diferencia de Europa, los refugiados en Brasil no tienen ningún tipo de asistencia estatal. La ausencia de este tipo de asistencia, sumada a una económica problemática en recesión y al creciente desempleo, hacen de Brasil un huésped poco atractivo para los refugiados. Si bien Dilma muestra un compromiso admirable frente a los valores humanitarios sus declaraciones se quedan en eso: es pura muestra.
Mientras la Unión Europea podría ser elogiada por su fuerte apoyo a las agencias de la ONU, sus presupuestos previos muestran una indiferencia similar por construir una verdadera capacidad para lidiar con el flujo de refugiados. Si se mira el presupuesto de la Unión Europea para 2007-2011, se puede ver que tanto la UE como sus miembros invirtieron más de €1.03 mil millones (cerca de US$1.16 mil millones) en su Fondo de Fronteras Externas mientras que el Fondo Europeo de Refugiados recibió tan solo €323 millones (alrededor de US$363 millones). Si bien el inicio de la crisis en 2011 luego de la Primavera Árabe fue un hecho sin muchos precedentes, ha habido una deliberada falta de respuesta de los estados europeos para preparase para una muy probable afluencia de refugiados a medida que el conflicto se fragmenta e intensifica. Si la UE hubiera priorizado la asistencia a refugiados en la misma medida que la seguridad fronteriza, los estados de la frontera no estarían hoy tan pobremente preparados para la crisis como lo están.
Estos ejemplos demuestran la importancia de incorporar un análisis presupuestal en la defensa de los diferentes tipos de derechos humanos. Como parte de nuestro trabajo de rendición de cuentas, debemos evaluar si los presupuestos asignados para la implementación de derechos humanos en realidad reflejan una contribución adecuada basada en los compromisos adquiridos y los niveles de ingreso, entre otras variables. Sin este análisis, las instituciones y las leyes por las que hemos luchado tan arduamente carecerán de la capacidad operacional necesaria para enfrentar los dilemas a medida que surgen. Esta aproximación no solo provee a los activistas con una herramienta para impulsar acciones proactivas en el manejo de crisis, sino también puede ayudar a enfatizar la agencia de los refugiados al incluir los posibles beneficios de la inmigración en el cálculo. La actual actitud reaccionaria solo se presta para la profundización de las crisis y va en detrimento tanto de los financiadores como de quienes son sujetos de derechos.