La Corte en su laberinto

Por razones de transparencia, aclaro que trabajé como magistrado auxiliar en la CC durante muchos años y soy conjuez de ella. Desde Dejusticia hemos intervenido en tutelas y demandas de inconstitucionalidad ante la CC, todas ellas en defensa de intereses públicos. Y considero que la CC ha sido y sigue siendo una institución clave para la defensa de la democracia y los derechos en Colombia. Entiendo que por esas razones algunos crean que estoy sesgado a favor de la CC, pero me esfuerzo por presentar mi análisis en la forma más imparcial posible.

Hay dos hechos de este escándalo que no han sido suficientemente resaltados y que indican que las culpas de Pretelt, Rojas y Escobar, en caso de existir, serían esencialmente individuales y no expresarían una decadencia irreversible de la CC, sin que ello signifique que no haya que adoptar ciertos correctivos institucionales.

El primero es que la denuncia del eventual ilícito del magistrado Pretelt nace en la propia CC. El magistrado Vargas recibió la información del abogado Pacheco e hizo lo que debía hacer, que fue comunicarla al magistrado González puesto que éste era quien podría resultar más injustamente salpicado, ya que Pacheco aducía que Pretelt había pedido un soborno a nombre de González. Y González, luego de una confrontación con Pretelt, que lo debió convencer de que las afirmaciones de Pacheco podrían tener sustento, hizo lo que tenía que hacer: presentar la denuncia pública contra Pretelt.

El segundo es que después de unas primeras hesitaciones, todos los demás magistrados de la CC han exigido que Pretelt se aparte, no sólo de la presidencia, sino también de su cargo de magistrado, para evitar que su situación afecte a toda la institución. Ha habido diferencias entre ellos pues algunos le han exigido la renuncia y otros una licencia por unos meses, mientras el proceso aclara las cosas. Pero todos le han pedido que se aparte.

Estos hechos muestran que los magistrados de la CC han tenido capacidad de reacción frente a posibles hechos serios de corrupción individual. Esto no reduce la gravedad de la situación, pero debería llevar a afinar el diagnóstico y los correctivos a adoptar, para evitar que esta crisis, que es real y seria, pero que derivaría de posibles comportamientos delictivos individuales, no lleve, por el desespero de los sinceros o por el revanchismo de los tradicionales enemigos de la CC, a adoptar malas soluciones, que arrasen con una institución que sigue siendo clave para nuestra precaria democracia. En próximas ocasiones intentaré discutir los posibles buenos correctivos.