La crisis en el Sistema Interamericano: pierden los de siempre

La Secretaría General de la OEA y la CIDH están en medio de una controversia que terminó con la salida de Paulo Abrão, quien fue Secretario Ejecutivo de la CIDH desde el 2016. La crisis generada por el enfrentamiento entre dos de los órganos principales del Sistema Interamericano tiene múltiples efectos entre los cuales está el debilitamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH lleva sesenta años trabajando por los derechos y la libertad de las poblaciones más vulnerables de las Américas. Ha sabido adaptarse a las constantes dinámicas en el continente: jugó un rol esencial en la época de las dictaduras del Cono Sur, durante la cual denunció de manera incansable los abusos y violaciones de derechos humanos.. En la década de los noventa realizó varias visitas a Perú y tanto su incansable labor como la presión política por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) contribuyeron en cierta medida a la salida del ex presidente Fujimori. Después del regreso a la democracia en la mayoría de los países del continente, la CIDH evolucionó en su actuar y se concentró en los casos individuales por medio del sistema de peticiones. Más recientemente el órgano de derechos humanos creó mecanismos de seguimiento especial para diversos casos  como los de Ayotzinapa, Nicaragua y Venezuela que requieren de una atención particular. Dicho de otra manera, la labor de la CIDH en el continente es indispensable y ha dado resultados tangibles a lo largo de su historia. 

El conflicto que tuvo en jaque al Sistema Interamericano durante varias semanas se debe a que Luis Almagro, Secretario General de la OEA, decidió no renovar el contrato de Abrão, a quien la Comisión le renovó su mandato en enero de este año. Sin embargo, Almagro argumenta que su decisión está basada en las acusaciones de acoso laboral que pesan contra Abrão y la inacción de la CIDH frente a estas. Para el órgano de derechos humanos, no sólo la elección y renovación del mandato del Secretario Ejecutivo es de su exclusivo resorte, sino que, como lo explicó Abrão en la carta publicada luego de su salida, esta no se dio dentro de los procedimientos formales. Aunque está claro que la decisión de Almagro contraviene una práctica establecida de la CIDH sobre la elección de su Secretario y que, por ende, su autonomía se ve amenazada, no se le puede restar importancia a las acusaciones que se le han hecho al Secretario Ejecutivo.

Pero, más allá de enfrascarse en la discusión sobre el conflicto entre Almagro y la CIDH, que es un asunto complejo y contiene varios matices, quisiera resaltar tres puntos sobre los efectos de esta crisis. El primero es que esta no es la primera vez que la CIDH se ha visto amenazada. Ya sea por parte de los Estados de la OEA que inician procesos de reforma para “fortalecer” a la Comisión, como el que se dio entre el 2011 y el 2014, o por la falta de recursos —como en el 2016— y hasta por los mismos conflictos a nivel interno. El segundo es que la crisis más reciente fragiliza una vez más al Sistema Interamericano, pues es la autonomía de la CIDH – condición sine qua non para llevar a cabo su misión – la que está en juego. El tercero es que el enfrentamiento entre el Secretario General de la OEA y la CIDH afecta la labor principal de monitoreo y protección del principal órgano de derechos humanos de las Américas, pues por un lado distrae a las comisionadas y los comisionados de su misión principal al estar manejando la crisis  interna, y por otro lado fractura al movimiento derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil —los principales interlocutores de la CIDH— quienes han tomado posición frente a la una o la otra parte en conflicto. Todo lo anterior en un momento en que la región atraviesa la peor crisis sanitaria y socioeconómica de su historia como consecuencia de la pandemia.

No solo en momentos críticos como este sino desde su creación, el Sistema Interamericano ha sido, para muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, el último recurso para obtener justicia y reparación. Para ilustrar este punto, si uno toma en cuenta las estadísticas de países como Colombia y México, dos de los países donde más se ataca y asesina a los defensores y defensoras de derechos humanos y donde la mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad, tan solo en el 2019 la CIDH recibió 881 y 695 peticiones y 268 y 186 solicitudes de medidas cautelares de Colombia y México respectivamente. Estas cifras dan cuenta de la confianza que tiene la sociedad civil en el trabajo de la CIDH para defender sus derechos, en particular en contextos de graves violaciones de derechos humanos donde las víctimas no confían en la justicia a nivel local.

En síntesis, con la crisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos pierden los de siempre. Y, al igual que sucedió con el proceso de reforma de 2011 y luego con la carta enviada en 2019 por 5 estados de la OEA pidiendo la adopción de ciertas medidas, esta nueva crisis pone en jaque las facultades de la CIDH. Como lo decía en una columna anterior, esto último beneficia a los Estados que quieren eludir el escrutinio a su desempeño en materia de derechos humanos.  Las críticas y ataques a la CIDH se están convirtiendo en una práctica común de gobiernos que cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos y que invocan su soberanía para luego intentar debilitar al órgano de derechos humanos. Y las crisis internas son el complemento perfecto.

Por eso, para que la CIDH pueda salir fortalecida de la controversia y seguir cumpliendo con su misión principal, se necesitan dos cosas. La primera es que la CIDH debe reconocer los derechos de las víctimas de acoso laboral por parte de sus funcionarios y garantizar una respuesta efectiva a sus denuncias. Lo segundo es que nuestro rol como sociedad civil debe ser el de exigir dicha respuesta por parte de la CIDH al mismo tiempo que reiteramos la autonomía de este órgano de derechos humanos y, por consiguiente, la posibilidad que tiene de proteger los derechos humanos en la región. Es decir, proteger sus derechos, los míos y los nuestros.