Irina-Junieles_Columna_Guajira

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Toda la crisis humanitaria guajira debe atenderse y frenarse con las herramientas disponibles, en las que la Corte Constitucional tiene mucho que decir.

Toda la crisis humanitaria guajira debe atenderse y frenarse con las herramientas disponibles, en las que la Corte Constitucional tiene mucho que decir.

Hace un año la Corte Constitucional visitó Uribia, esa cabeza en nuestra geografía nacional que en un solo municipio reúne 8.200 km. La delegación de magistrados atravesó la gran extensión de tierra desértica para llegar hasta el poblado de Nazaret, enclavado en las montañas de la Serranía de la Macuira, meterse luego en el bosque seco tropical que lleva a Tawaira, y continuar escalando por la arena hasta Puerto Estrella, en la punta de La Guajira.

La visita se hizo en el trámite de una acción de tutela presentada en 2016, que busca determinar la violación de los derechos de los niños y niñas wayúu por su desnutrición, que ha provocado centenares de muertes en el departamento. Con Dejusticia seguimos su recorrido, documentamos los hechos, los aportamos al expediente, y esperamos una decisión que puede ser vital para avanzar en la garantía de los derechos.

Un año mas tarde, a falta de la decisión de la Corte, volvimos a atravesar los largos caminos de arena, a romper las barreras de los idiomas (español / wayunaiki) para hablar con la gente en las rancherías, en escuelas y hospitales, con médicos y profesores, con funcionarios del gobierno local encargados de proveer servicios. Poco ha mejorado en estos 365 días. Por el contrario, la situación se agrava para cientos de familias que reciben generosamente a quienes huyen del hambre, la pobreza y la falta de oportunidades en Venezuela.

Los medios de comunicación ya no están encima del tema, sin embargo en las rancherías la crisis sigue viva: los estudiantes deben hacer a pie tres horas de camino para llegar a la escuela, sigue la dificultad para tener una cita médica y medicamentos, es casi nula la señal de comunicación con el mundo. Y también está lo nuevo que viene con la crisis venezolana: personas que llegan sin identificación a engrosar las carencias del grupo familiar, para quienes es aún más difícil acceder a derechos básicos (aunque cumplen requisitos de la nacionalidad colombiana), se trata de niñas y niños con llagas en las orejas, manos y piernas, que no son atendidos porque no se trata de una urgencia, niñas y niños desescolarizados; mayor inseguridad en los caminos, y muchos más problemas que no caben en esta columna.

La Corte Constitucional sabe la urgencia con que se requiere su decisión. Sin obviar la necesidad de abordar temas de fondo como el reconocimiento pleno de la nación wayúu, y un modelo extractivista que se chupa la riqueza guajira, la situación requiere medidas urgentes para lograr, entre otras: (i) identificación en el registro civil de quienes viven del otro lado de las fronteras demarcadas por los estados (inexistentes para los wayúu); (ii) escolarización con todas sus garantías; (iii) vinculación al sistema de salud; (iv) estrategias de generación de empleo; y (v) agua, agua, agua, agua, agua. Toda la crisis humanitaria guajira debe atenderse y frenarse con las herramientas disponibles, en las que la Corte tiene mucho que decir.

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