La Declaración de Derechos del Campesinado sí importa

“Ojalá en un futuro logremos que el gobierno acoja la resolución de las Naciones Unidas, que ya esa sí sería la gran ganancia que tendríamos los campesinos”.

Lideresa campesina

El 31 de julio de este año, cerca de 50 organizaciones campesinas lograron la realización de la Audiencia Nacional por la Tierra, el Territorio y el Campesinado, como resultado de las exigencias presentadas al Gobierno para una acción urgente por el campo colombiano. En esta audiencia, las organizaciones exigieron al gobierno que explicara por qué se abstuvo de votar a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Aunque el gobierno minimizó los efectos de la Declaración y sugirió que no hay forma de adherirse, nosotras exponemos que no sólo es relevante, sino que el Estado tiene formas de adoptarla.

¿Por qué tras años de lucha por la visibilización y reconocimiento de los derechos del campesinado, el gobierno tomó esta decisión? El Ministerio de Relaciones Exteriores expuso que la abstención fue resultado de un concepto emitido por las entidades del gobierno, cuyos argumentos  no han sido de conocimiento público. Pareciera que, para la Cancillería, adoptar la Declaración sería irrelevante, pues las políticas públicas rurales concuerdan con esta y el campesinado ya cuenta con un amplio reconocimiento. Sin embargo, como lo expresó el delegado de las organizaciones campesinas, Óscar Salazar, esta Declaración es un paso importante para el reconocimiento del campesinado y un pago de la deuda histórica que tiene el gobierno colombiano con esta población por su invisibilización, exclusión y marginalización.

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Para nosotras es importante que el gobierno adopte esta Declaración por razones jurídicas y políticas. En primer lugar, si bien las Declaraciones, por su naturaleza tienen un carácter político, pueden tener efectos importantes en la interpretación de los derechos fundamentales y la ampliación de los estándares de protección alcanzados en el ordenamiento interno, al precisar el alcance de las obligaciones previas del Estado. Así lo señaló la Corte Constitucional, en las sentencias T- 514 de 2009 y T- 376 de 2012, respecto a la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

En segundo lugar, los derechos reconocidos en la Declaración, guardan relación con los reclamos históricos y la lucha del campesinado por el reconocimiento a nivel internacional y nacional. La Declaración es resultado de la acción de organizaciones campesinas a nivel global —liderada por La Vía Campesina—, pescadores artesanales, trabajadores agrícolas, y pueblos indígenas, quienes emprendieron por más de dos décadas,  con el apoyo de organizaciones internacionales como CETIM y FIAN Internacional, un trabajo conjunto por el reconocimiento de los derechos del campesinado y de otras poblaciones que habitan y desarrollan sus procesos de vida en la ruralidad.

También es muestra de la lucha nacional evidente en la agenda creada por las organizaciones campesinas para la Audiencia. El llamado de la Declaración a que se tomen medidas normativas y legislativas para garantizar la efectividad de derechos para estas poblaciones, va de la mano con la exigencia del campesinado colombiano de que sea expedida una política pública y un marco normativo para la protección de sus derechos. Solo para mencionar algunas coincidencias entre la Declaración y la agenda campesina en Colombia encontramos: la solicitud a implementar  los enfoques de género y de edad; la necesidad  de que se creen programas de asistencia técnica para estas poblaciones; que se mejoren las redes y capacidades de mercado; que sean protegidos y protegidas de todas formas de violencia;  al reconocimiento a su personalidad jurídica; la superación de la pobreza; el derecho al medio ambiente, a la soberanía alimentaria, a la infraestructura,  a la salud y a ser defensores de derechos humanos. Temas desarrollados en los 28 artículos contenidos en la Declaración y exigidos en los más de 40 años de la lucha reciente de las campesinas y campesinos en el país. 

Además, consideramos que el Estado colombiano sí puede adoptar la Declaración y mostrar su apoyo a esta, contrario a lo expresado por la Cancillería. A pesar de que la Declaración no es un instrumento sujeto a firma, ratificación o adhesión, la experiencia comparada muestra que los Estados pueden modificar sus posturas sobre las declaraciones. Así ocurrió recientemente con la votación de los Estados frente a la DNUDPI, en 2007, cuando cuatro Estados votaron en contra y otros 11 se abstuvieron, incluido Colombia.  Posteriormente en el 2009, Colombia y Samoa se retractaron de su posición y manifestaron su apoyo a la misma. Durante el 2009 y 2010, los países que se habían opuesto, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, se retractaron presentando comunicados públicos de apoyo a la DNUDPI, al considerar que era un instrumento relevante para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, abordar sus necesidades e identificar que sus principios podrían ser interpretados de manera coherente con el marco jurídico nacional.

La Cancillería se centró en minimizar los efectos y la imposibilidad de acoger esta Declaración. No obstante, como las organizaciones campesinas resaltaron, no es cierto que el gobierno haya incluido al campesinado en las políticas agrarias. Si bien el país ha contado con una trayectoria de políticas para la ruralidad, estas no han incluido al campesinado ni han logrado superar las condiciones de marginalidad y desigualdad, las cuales se manifestaron en la Audiencia. Tampoco es cierto que el gobierno no pueda acoger la Declaración, pues si el Estado tuviera la voluntad política que dijo tener, la podría adoptar públicamente.

La Declaración no es una cosa menor. Los argumentos del gobierno que soportan su abstención deben ser debatidos de forma amplia, transparente y democrática.  Aún si el gobierno insistiera en la suficiencia de las políticas existentes, no perdería nada adoptándola, pues reforzaría la normatividad interna y visibilizaría internacionalmente a Colombia en esta materia. Además, esta adhesión representaría un triunfo para los miles de campesinos y campesinas que han luchado por estos derechos, un paso para visibilizar su importancia como población y un soporte para la materialización de sus demandas.

Vea aquí la Audiencia: