La difícil independencia de la Fiscalía

Algunos en Colombia tienen dificultad en comprender o aceptar que el fiscal general es un funcionario judicial independiente del Gobierno y que, además, esa independencia es buena para nuestra precaria democracia.

Una muestra de esa dificultad: algunos criticamos la elección de Francisco Barbosa como fiscal general, entre otras cosas por su extrema cercanía al presidente Iván Duque. Frente a esa objeción, algunos comentaristas, como el columnista de este diario Felipe Zuleta, respondieron que esa crítica era “joder por joder” y que fuéramos serios. O es que acaso queríamos que “el presidente Duque postulara a un desmovilizado de las Farc o a un amigo íntimo de Petro”.

No. No pretendíamos que Duque ternara o que la Corte Suprema eligiera como fiscal a un enemigo del presidente, que se le volviera una piedra en el zapato. Simplemente queríamos que el nuevo fiscal general fuera independiente del Gobierno, porque en Colombia el fiscal no es parte del Ejecutivo, como ocurre en otros países, sino un funcionario judicial autónomo.

Esta independencia de la Fiscalía fue además una decisión meditada de la Constituyente de 1991, que, luego de un largo debate, consideró que en Colombia, debido a su presidencialismo excesivo, un fiscal dependiente del Gobierno era muy peligroso, pues se volvería una especie de detective incondicional del presidente, dispuesto a perseguir a los opositores y a cubrir los eventuales delitos gubernamentales. Una especie de super-DAS; pero, además, un super-DAS con ciertas facultades judiciales, como interceptar comunicaciones o allanar residencias, y con el enorme poder de decidir cuáles investigaciones criminales se cierran o archivan, o, por el contrario, en qué eventos debe acusarse a una persona como sospechosa de un crimen. El fiscal debía entonces ser un funcionario que nos diera confianza a todos los ciudadanos de que ejercería su enorme poder de manera imparcial para combatir en forma inteligente la criminalidad. Por eso la Constitución estableció que el fiscal general sería un funcionario judicial independiente del presidente, sin perjuicio de que ambos colaboren en la lucha contra el crimen.

No queríamos entonces que nombraran como fiscal general a un enemigo de Duque, como equivocadamente argumenta Zuleta, sino a una persona que fuera capaz de mostrar frente a quienes lo eligieron, y especialmente frente al presidente, un “deber de ingratitud”, según la bella fórmula empleada por Robert Badinter cuando fue elegido juez constitucional en 1986 por François Mitterrand. Y es que, siguiendo la lógica de Badinter, si un funcionario judicial no ejerce ese deber de ingratitud, ¿en qué queda su independencia, que es condición necesaria para ejercer apropiadamente sus funciones?

Infortunadamente, Barbosa no ha mostrado esa independencia, pues mientras fue consejero presidencial de Derechos Humanos dedicó sus esfuerzos más a proteger la imagen y gestión presidenciales, manipulando, por ejemplo, las cifras sobre muertes de líderes sociales, que a promover y defender realmente los derechos humanos. Incluso se jactaba en ciertas reuniones sociales de ser el escudero del presidente, por su condición de amigos cercanos. ¿Podemos esperar de una persona con esa trayectoria que ejerza el deber de ingratitud con el presidente requerido para ser un buen fiscal general? Ojalá me equivoque, pero temo que no. Y eso es siempre grave, pero más hoy que la Fiscalía conoce una aguda crisis de legitimidad y que sabemos que el Gobierno ha cometido atropellos, como las chuzadas.

Posdata. Condeno inequívocamente el paro armado del Eln, que alimenta la estigmatización de la legítima protesta del pueblo, que esa guerrilla dice defender.