La diputada contra la Constitución

Entre sus declaraciones ha dicho que reformar los manuales para que garanticen la no discriminación de los estudiantes se trata de la imposición del Ministerio de Educación de una “ideología de género” y que se quieren incluir “normas LGBTI” en los manuales de convivencia.

Esta acción de la diputada se inscribe en una estrategia de sectores fundamentalistas para mantener normas inconstitucionales en los manuales de convivencia, entre las que se encuentran aquellas que prohíben el “homosexualismo”, relaciones de parejas del mismo sexo o usan normas abiertas e indirectas como la “moral y las buenas costumbres” para perseguir la diversidad sexual. Eso sin mencionar las prácticas discriminatorias contra los niños y niñas trans que son oprimidos en los colegios desde la imposición de un nombre, el uniforme o el baño que usan.

La reforma a los manuales de los colegios para que sean realmente de convivencia y no fuentes normativas de arbitrariedades fue una decisión de las tres ramas del poder público que estaba en mora de ser cumplida. La ley de Convivencia Escolar estableció que los manuales de convivencia debían reformarse para “identificar nuevas formas y alternativas para incentivar … el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan … respetar la diversidad…”. Y la propia ley encargó al Ministerio de Educación de reglamentar y dar estos lineamientos que están contenidos en el Decreto 1965 de 2013 y en la Guía 49 de esa entidad.  Además, el decreto estableció un plazo de seis meses para modificar los manuales de convivencia, el cual se venció en marzo de 2014 y los colegios no cumplieron ni tampoco se los hicieron cumplir.

Cuando Sergio Urrego se suicidó después de un proceso de discriminación de su propio colegio se hizo evidente el fracaso de la ley de convivencia escolar. En el caso de Sergio, las rutas de protección escolar no funcionaron, el manual de convivencia de su colegio no había sido reformado y en general ni el colegio ni las autoridades educativas tomaron medidas preventivas. Por eso la Corte concluyó que: “no cabe duda de que existe un déficit estructural de protección frente a estos fenómenos ligados con la identidad sexual”, y ordenó que en el plazo de un año se realizara “una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género”.

Después de 25 años de jurisprudencia de la Corte en defensa de los estudiantes, una ley, un decreto, la guía de lineamientos del Ministerio de Educación y ante el suicidio de un joven que fue discriminado por su sexualidad, se inicia una revisión de los manuales de convivencia. Por esta razón es absurdo decir que este proceso es el resultado del capricho de una ministra, ni la imposición de una ideología de género, menos una colonización homosexual, como dice la diputada para ganar publicidad en los medios.  Ha sido un debate institucional largo y doloroso que busca proteger los derechos de los niños y las niñas que son discriminados por su sexualidad. Como lo muestra la encuesta de Clima escolar y victimización en Bogotá del año 2013 considerada una de las más completas por haber sido aplicada en 613 colegios públicos para un total de 117.790 formularios, se encontró que entre los estudiantes el 35% de las mujeres y el 43% de los hombres perciben que existe discriminación por orientación sexual en su salón de clase.

La diputada quiere ocultar la realidad de la discriminación en las escuela y se levanta contra la Constitución. Su intención es clara: crear espacios privados donde se pueda discriminar y maltratar a las personas LGBTI en nombre de una creencia religiosa. Este es un nuevo ejemplo del fundamentalismo del siglo XXI en Colombia: el que quiere derogar los derechos fundamentales a través de la organización política de sus iglesias que agitan el odio para acumular poder político y dinero.