La estocada final de Maduro contra las ONG

El régimen de Maduro quiere, de una vez por todas, darles una estocada final a las ONG venezolanas.

Desde el pasado 28 de julio, día en el que el régimen se robó las elecciones y con ello la voz del pueblo, la represión ha sido brutal. A la fecha hay registro de 25 personas muertas, miles encarceladas por supuestos actos de terrorismo, una campaña de “sapeo vecinal” para que entre las mismas personas que hablen mal de Maduro o del régimen se delaten y un bloqueo a medios de comunicación para que lo que pase allá se quede allá.

Pero eso no es suficiente. Hace una semana Maduro ordenó suspender el receso del Congreso y así acelerar la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, más conocida como la Ley Anti-ONG. El 15 de agosto esta ley fue aprobada por unanimidad y solo falta que el Ejecutivo la publique en la Gaceta Oficial para que pueda ser exigible.

El texto oficial de esta ley todavía no es posible conocerlo. ¿Sorprende? No sorprende. En Venezuela, hace años, ningún servicio público funciona bien, incluido el de la justicia, y algo tan básico como que los proyectos de ley sean públicos y debatidos por la ciudadanía tampoco ocurre.

Algunas organizaciones sociales armaron el texto con lo que han escuchado y estos son algunos puntos relevantes que conocemos: primero, todas las organizaciones sociales sin ánimo de lucro deben registrarse nuevamente e incluir los nuevos requisitos relacionados con datos de bienes, donantes, balances. Es decir, su registro debe empezar desde ceros y debe ser aprobado por el régimen. Además, se prohíbe la constitución de “asociaciones fascistas” o que promuevan la “intolerancia o el odio”. Finalmente, se prohíbe a las organizaciones recibir recursos económicos o aportes para “fines terroristas”. Incumplir alguno de estos requisitos puede tener como consecuencia sanciones como multas, medidas preventivas de suspensión sin procedimiento previo, disolución de la organización, expulsión del país, entre otras.

Sin ir más allá, ¿qué significa una asociación fascista, la promoción al odio o tener fines terroristas? Después de todos los actos de represión y de las últimas declaraciones de Maduro, en las que se ha referido a los manifestantes como “fascistas” y según las cuales protestar es un “acto criminal” que “incita al caos”, es esperable que para el régimen cualquier organización que piense distinto, proteste o critique entre en estas categorías. Esto las deja en un alto riesgo de quedarse sin financiación internacional de la cual dependen, de desaparecer por la anulación de su registro y de que las vidas e integridad de sus miembros sean amenazadas.

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La sociedad civil venezolana es persistente y valiente. Ha hecho hasta lo imposible porque el régimen termine. Han resistido durante años, salieron a las urnas, se organizaron para recolectar las actas, contaron sus votos y están exigiendo en las calles, a pesar del miedo, que se respete el mandato popular. Esperemos que desde afuera les den una mano. Que los líderes mundiales y los importantes organismos de derechos humanos no los dejen solos. Que los presidentes de Colombia, Brasil y México tengan más carácter ante esta violación sistemática de derechos. La fuerza de este pueblo es incansable, pero necesitan apoyo internacional y regional para que el régimen de Maduro frene su estocada final.