La extraña teoría constitucional de Mr. Whitaker

Hace unas tres semanas, el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, se reunió con congresistas colombianos para defender las objeciones presentadas por el presidente al proyecto de ley estatutaria de la JEP. Según la prensa, en esos encuentros el embajador expresó su muy particular teoría constitucional.

Cuando uno de los congresistas le señaló que se oponía a las objeciones de Duque por razones jurídicas, pues consideraba que había que respetar la sentencia de la Corte Constitucional que revisó ese proyecto de ley, el embajador, según la prensa, le respondió con soberbia: “no me venga con leguleyadas”. Whitaker también argumentó que no entendía que la Corte Constitucional pudiera estar por encima del Congreso, y por eso invitó al Congreso a que actuara como un poder autónomo, sin atender las decisiones de la Corte Constitucional, pues esta “también podía equivocarse”.

El embajador Whitaker defiende entonces que el Congreso está por encima de la Corte y no tiene por qué respetar las decisiones de la Corte si considera que son equivocadas, y que tener escrúpulos jurídicos en esta materia es una deleznable “leguleyada”. Esa doctrina del embajador Whitaker es muy particular, porque contradice uno de los principios esenciales sobre los cuales está fundada la democracia de su país.

Estados Unidos se precia de haber inventado el control judicial de constitucionalidad, en el célebre fallo Marbury vs. Madison de 1803, en donde la Corte Suprema señaló que el Congreso estaba subordinado a la Constitución y debía respetarla, por lo cual una ley que violara la Constitución era nula y así debía ser declarada por los jueces y por la propia Corte Suprema. Y el Congreso y todas las autoridades debían respetar esa decisión judicial.

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La existencia de ese control judicial implica entonces que, en términos jurídicos, la última palabra sobre el significado de la Constitución la tiene la Corte en sus fallos. Es obvio que la Corte puede equivocarse y si eso ocurre su decisión puede y debe ser criticada, como lo hacen la academia, la prensa y la ciudadanía de ese país; pero el fallo debe en todo caso ser acatado o se acaba la supremacía constitucional.

Debido a eso, alguna vez al juez Robert Jackson le criticaron la arrogancia de la Corte Suprema, que creía que debía tener la última palabra porque se creía infalible. Este gran juez respondió irónicamente: no es que la Corte Suprema crea que debe tener la última palabra porque sea infalible; es que es infalible porque tiene la última palabra.

Estas ideas estructuran la llamada supremacía constitucional, garantizada por el control judicial ejercido sobre el Congreso y el presidente por una Corte independiente, que es una de las bases esenciales del sistema político y jurídico de Estados Unidos, al punto de que en ese país es un principio incontrovertible, incluso reverenciado. A nadie se le ocurriría allá decir que es una “leguleyada” defender que el Congreso y las demás autoridades deban respetar las decisiones de la Corte Suprema en materia constitucional, pues consideran que ese control ejercido por jueces independientes ha sido una de las razones esenciales de su estabilidad democrática.

Es más, el principio de supremacía constitucional, acompañado del control judicial de constitucionalidad por un tribunal independiente, es considerado una de las principales contribuciones de ese país al constitucionalismo mundial. Sin embargo, es el principio que Whitaker quiere que los congresistas colombianos desconozcan. Muy extraño que un embajador de Estados Unidos nos invite a violar uno de los principios esenciales de su constitucionalismo.