La fallida reconstrucción de la isla de Providencia

En noviembre de 2020 un huracán de dimensión impensable arrasó el 98% de la infraestructura de las islas de Providencia y Santa Catalina. Este evento evidenció cómo opera el cambio climático para agravar fenómenos que generalmente ocurren, y para los que las personas no están preparadas. Desde entonces, el gobierno nacional ha emprendido varias acciones de reconstrucción de infraestructura de las islas. Sin embargo, las obras aún no culminan y la Contraloría ha tenido que supervisar todo el proceso de contratación como consecuencia de los constantes atrasos. Ahora, tras la nueva temporada de lluvias se ha puesto de presente la urgencia de atención prioritaria a las personas tras el huracán. Luego de lo que vivieron, es urgente que se tomen en serio los efectos adversos que ocasiona el cambio climático en la gente.

El domingo antepasado, durante el discurso de victoria de Gustavo Petro, el nuevo presidente hizo una afirmación política esperanzadora: el gobierno colombiano quiere que el país se posicione como potencia en la lucha contra el cambio climático. Esta afirmación es clave porque abre la puerta para que desde el gobierno se avance con mucha más seriedad en la protección de las poblaciones al respecto. Los efectos del cambio climático se sienten de forma más fuerte en lugares costeros o insulares, y donde existen además condiciones estructurales de vulnerabilidad para la población. El aumento de la marea, las inundaciones, o las sequías, en lugares donde las condiciones de vida son de por sí precarias, ponen en mayor riesgo a las personas que habitan estos lugares ante esas posibles amenazas.

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Dentro de los retos del próximo gobierno para cumplir esa meta, existe una tímida propuesta en el plan de gobierno sobre impulso de energías limpias. Sin embargo, necesita realizar acciones para adaptar los lugares que están en mayor riesgo de sufrir daños por efectos adversos del cambio climático que ya ocurren. Para el caso de Providencia y Santa Catalina, por ejemplo, el gobierno nacional no puede permitir que las personas vuelvan a quedar desamparadas o a ser víctimas de desplazamiento climático tras el paso de un huracán como el Iota. Si bien, desde diciembre de 2020 no ha habido huracanes en la zona, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica el archipiélago generalmente se encuentra en riesgo de huracán entre los meses de junio a diciembre. En este año el riesgo está por encima del promedio, con 14 a 21 tormentas, de las que entre 6 a 10 se transformen en huracanes y de 3 a 6 sean de mayor categoría. Es necesario, entonces, que en este caso las islas se preparen. 

La adaptación debe venir acompañada de, al menos, tres factores diferentes: infraestructura, información y acompañamiento de las posibles comunidades impactadas. Estos tres factores no se atendieron en Providencia. Por un lado, la infraestructura no ha sido terminada ni adaptada de forma adecuada. Las personas continúan sin tener un hospital en las islas, no se han culminado las viviendas y aquellas ya construidas presentan problemas de saneamiento e inundación. Por otro lado, no hay información clara sobre cómo ha operado la reconstrucción. Nunca se dispuso el Plan de Acción Específico que detalla todas las acciones que se debían emprender. Esto afecta la supervisión ciudadana y ha posibilitado que obras que no estaban destinadas como parte de la reconstrucción fueran publicitadas por el gobierno como tales. Esto ocurrió con el puente que conecta a Providencia con Santa Catalina, cuya contratación se realizó en 2019, y con las acciones de construcción de la base de Guardacostas de la isla, que se encuentra actualmente suspendida. 

Finalmente, la población no participó en el proceso de reconstrucción desde que comenzó la reconstrucción. El gobierno desconoció la forma de vida de las personas que habitan el territorio para poder dar una asistencia estatal adecuada. Haber consultado el plan de reconstrucción y las acciones humanitarias junto a la población local hubiese permitido, desde el primer momento, que las nuevas casas fuesen resistentes a las condiciones ambientales de las islas y, asimismo, se hubiesen edificado a la par de otros elementos esenciales para la adaptación al cambio climático: los planes de educación, la estabilización del mercado laboral —que está totalmente destinado al turismo— y la protección economía pesquera artesanal.

El gobierno entrante tiene un reto muy grande, que implica acciones destinadas a la lucha contra la desigualdad, la garantía de oportunidades de estudio y empleo dignos para las personas, la protección del medio ambiente, entre otros. Sin embargo, que el nuevo presidente tenga un compromiso político y haga un llamado a la acción en el tema del cambio climático desde el primer momento, es una gran noticia. Por ello, tiene que prepararse para actuar, no solo en las acciones de mitigación a las que ya se ha comprometido desde los momentos de campaña presidencial, sino también a realizar acciones claras, concretas y efectivas para adaptar a ciertas comunidades ante los efectos del cambio climático, pues hay muchos lugares en Colombia que ya se encuentran en riesgo. Esperaremos que esta acción sea llevada a cabo y continuaremos trabajando para que se creen mejores y más claros compromisos en ese sentido.