protección derechos humanos

Analizado aisladamente, esto no pasaría de ser un gafe más de un Presidente de la República que, según algunos medios nacionales, utilizó su primer año de gobierno para aprender. Pero los eventos recientes han demostrado que se trata más bien de una retirada sistemática, por voluntad, negligencia o incompetencia, de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. | Lenin Nolly, EFE

Como colombianas y colombianos queremos tener voz y voto en las discusiones mundiales y continentales sobre derechos humanos. Eso sí, no queremos que nos represente alguien como Everth Bustamante. Si ese es el perfil, mejor quedarnos sin espacios.

Como colombianas y colombianos queremos tener voz y voto en las discusiones mundiales y continentales sobre derechos humanos. Eso sí, no queremos que nos represente alguien como Everth Bustamante. Si ese es el perfil, mejor quedarnos sin espacios.

El 28 de junio de 2019 en Medellín la incertidumbre rondaba el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor. El motivo: la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos estaba eligiendo a las personas que ocuparían cuatro vacantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Presidente Iván Duque tenía su gallo: Everth Bustamante, que competía por uno de los cuatro puestos vacantes con tres candidatas y un candidato más, las primeras postuladas por Panamá, Perú, Jamaica y el segundo por Guatemala. Para resumir, el cuento no terminó bien. Algo que parece sin precedentes ocurrió. El país anfitrión de la Asamblea, que parecía tener una posición diplomática fuerte por el apoyo de algunos Estados de la región al cerco diplomático aplicado a Venezuela, perdió en una elección en la que sólo había un perdedor de cinco. Everth Bustamante consiguió 21 votos, fue el menos votado de entre las cinco candidaturas, quedó por fuera de la CIDH y su candidatura fue cuestionada por un panel de expertas, que lo señaló como no calificado para el cargo. Un ridículo hemisférico.

Analizado aisladamente, esto no pasaría de ser un gafe más de un Presidente de la República que, según algunos medios nacionales, utilizó su primer año de gobierno para aprender. Pero los eventos recientes han demostrado que se trata más bien de una retirada sistemática, por voluntad, negligencia o incompetencia, de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Es hora de hacer un recuento de las posiciones que hemos perdido como Estado colombiano, del desorden diplomático que esto parece demostrar o, en el peor de los casos, de la falta de compromiso del gobierno de Iván Duque y el canciller Carlos Holmes Trujillo con la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo.

El caso de Everth Bustamante es una de las pérdidas de puestos en organismos internacionales de derechos humanos. Luis Ernesto Vargas Silva, ex magistrado de la Corte Constitucional, termina su período como comisionado de la CIDH en diciembre de 2019. La debacle de Medellín nos dejó sin una persona colombiana que ocupe su lugar, en un organismo que sólo en 2017 recibió 536 peticiones individuales relacionadas con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Estado colombiano (sólo superados por México en ese año) y que para el mismo año tenía 528 peticiones individuales en trámite (ningún país nos supera). Algo especialmente preocupante si se tienen en cuenta los supuestos esfuerzos del Estado colombiano para “reforzar” el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Este mismo año el Estado colombiano también perdió un puesto en el Comité contra la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahí nos representaba Pastor Elías Murillo Martínez, nacido en Andagoya (Chocó) y ex director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. El gobierno de Iván Duque decidió presentar en su lugar a Pablo Emilio Luna Gutiérrez, que ahora es candidato al Concejo de Bogotá por el Partido Liberal. El problema con la candidatura de Luna Gutiérrez fue que el propio Gobierno nacional decidió retirarla el 14 de junio de 2019. Es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República renunciaron a que Colombia tuviera un representante en el Comité de Naciones Unidas encargado de supervisar que los Estados cumplan con sus obligaciones respecto de la eliminación de la discriminación racial. Como si aquí no tuviéramos problemas de racismo y discriminación y las comunidades indígenas, afro, palenqueras, raizales y rrom colombianas nada qué decir en el escenario internacional.

Y, como si fuera poco, este mismo año el Gobierno nacional decidió que Colombia tampoco necesitaba una persona en el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Ahí, hasta 2018, el país contaba con la representación de María Clara Galvis Patiño, profesora de la Universidad Externado de Colombia y que a su paso por el Comité dejó nada más y nada menos que la redacción de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. En un país con cifras récord de desapariciones forzadas, en donde ese espantoso crimen sigue ocurriendo día a día y sin parar desde la década de 1970, el Gobierno nacional decidió no sólo no presentar la candidatura de quien fuera vicepresidenta del Comité, sino que ni siquiera dio la pelea por el puesto, ¡no presentó candidatura!

La pérdida de espacios en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos no es poca cosa. Ahí no sólo está en juego la imagen de Colombia en materia de respeto y garantía de derechos. También se discuten día a día reivindicaciones de personas, hombre y mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas, afrodescendientes, minorías religiosas, migrantes y demás que claman por la protección de sus derechos. No puede ser que Colombia vuelva a ser el Estado que les da la espalda y siga la estela de países como Estados Unidos, que se retiró del Consejo de Derechos Humanos, Brasil del pacto migratorio, Venezuela de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Filipinas de la Corte Penal Internacional, entre muchos otros. Todos con algo en común: un giro pronunciado hacia el autoritarismo, el populismo y el entendimiento de los derechos humanos como una barrera para gobernar y no una garantía para las personas.

Como colombianas y colombianos queremos tener voz y voto en las discusiones mundiales y continentales sobre derechos humanos. Eso sí, no queremos que nos represente alguien como Everth Bustamante. Si ese es el perfil, mejor quedarnos sin espacios.

PS. Colombia tiene una deuda inmensa con la participación de mujeres en los sistemas de protección de derechos humanos. Nos quedan espacios en tres comités y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un país con abogadas y defensoras de derechos humanos brillantes no puede ser que de cuatro espacios que nos quedan, ninguno esté ocupado por una mujer.


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