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En dos cosas coinciden críticos y defensores: en que la prioridad de la OEA debe estar en la combinación derechos humanos y democracia. El difícil balance entre verificación técnica y promoción de diálogo político. Precisamente lo que piden situaciones como las de México y Venezuela.

En dos cosas coinciden críticos y defensores: en que la prioridad de la OEA debe estar en la combinación derechos humanos y democracia. El difícil balance entre verificación técnica y promoción de diálogo político. Precisamente lo que piden situaciones como las de México y Venezuela.

En una fría mañana de mediados de marzo, en lo que ha sido un largo invierno – tanto en Washington DC, como para la Organización de Estados Americanos (OEA) -, el representante de Honduras propuso que el único candidato a secretario general de la organización, Luis Almagro, se eligiera por aclamación. Pero Jamaica solicitó que se procediera a una elección mediante voto secreto y logró apoyo de otros países caribeños. La votación se efectuó y el candidato único salió electo con 33 votos a favor y una abstención.

Esta escena ejemplifica mucho de lo que ocurre actualmente en la OEA. Atrás quedaron los tiempos en donde las figuras más prominentes de la región peleaban cabeza a cabeza por la dignidad de representar la más antigua organización interestatal del mundo. Y muestra como las divisiones que hoy rondan la región hacen casi imposible que se llegue a algún consenso.

Almagro no ha terminado de aterrizar y ya ha suscitado controversia. Las críticas han venido “de adentro”. Para el ex embajador panameño ante la OEA Gillermo Cochez el programa presentado por Almagro es desenfocado, vago e irreal. La misma falta de concreción en las propuestas ha sido resaltada por Santiago Canton, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El propio Almagro dio pie para críticas. Al ser consultado sobre cómo veía el desenlace de la crisis de Venezuela, el candidato a dirigir la OEA resaltó el papel que debería jugar el Unasur. Parecía estar en el lugar equivocado.

Aun así, muchas voces correctamente resaltan que aun es temprano para hacer evaluaciones. Almagro trae en su maleta no solo una larga experiencia diplomática, sino el respaldo de un país que parece chico, pero que ha mostrado audacia y capacidad de incidencia internacional.

En dos cosas coinciden críticos y defensores: en que la prioridad de la OEA debe estar en la combinación derechos humanos y democracia. El difícil balance entre verificación técnica y promoción de diálogo político. Precisamente lo que piden situaciones como las de México y Venezuela.

En los dos frentes Almagro empieza con enormes tareas. El diálogo político no pasa por su mejor momento. Los estados suramericanos han tendido a buscar otras alternativas diplomáticas para discutir lo que antes tramitaban en la OEA. Pero no son los únicos. Hoy tres grandes países no tienen representantes permanentes ante la organización: Estados Unidos, cuya embajadora se pensionó y el Congreso tiene parado el proceso de confirmación de su sucesora, Canadá y Brasil. Este último, completa  varios años sin nombrar embajador.

Por los lados de los mecanismos técnicos Almagro también empieza con retos.  El primero y más importante es que los órganos principales de derechos humanos, la Comisión y la Corte, tendrán elecciones decisivas en donde cambiará radicalmente sus composiciones. Pero esta elección está en veremos pues Haití renunció a hacer la asamblea de este año por falta de dinero y hasta ahora no se sabe qué hacer. La Asamblea debería realizarse en Washington, pero no hay plata en caja para pagarla.

En general, la plata escasea. Países importantes están morosos en sus cuotas, como Estados Unidos (de nuevo, por disputas entre el Congreso y el gobierno Obama), y Brasil, que está contando monedas para juntar sus pagos ante todas las instancias internacionales. Otros que suelen aportar de más – al menos para temas de derechos humanos – como Colombia y México, ya anunciaron que este año no cuenten con ellos.

Además, Almagro deberá tener el temple para apoyar los órganos de derechos humanos y evitar que los gobiernos se les vengan encima como ocurrió hace un par de años en una cruzada iniciada por Brasil, pero liderada por Ecuador y Venezuela. Si bien Venezuela y Brasil ya tienen suficientes problemas internos como para pensar que una situación similar llegara a repetirse, la reciente posición de México no debe pasar inadvertida.

Van dos altos representantes diplomáticos que han salido con vehemencia a descalificar el informe presentado por el Relator de Naciones Unidas contra la tortura, y a advertir que no permitirán que regrese al país. Una reacción más airada podría esperarse tras las conclusiones de la visita a México que planea la CIDH este año, del informe de los expertos nombrados para asistir en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotxinapa, o de una eventual inclusión de México en el capítulo de los chicos malos en derechos humanos que ya en el pasado ha levantado reacciones de gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua.

Almagro ha propuesto un sistema de prevención de conflictos hemisférico. Bien sea que éste incluya posibles conflictos entre estados miembros y órganos de derechos humanos. Así podría prevenirse que explote de nuevo un proceso de reforma del sistema como el que produjo la medida cautelar de Bello Monte en Brasil. Y se prevendría también que México, el gran defensor del sistema de derechos humanos hace tan solo dos años, termine convirtiéndose hoy en su verdugo.

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