La gramatica de la paz

En Cartas de batalla, un libro pionero de la sociología política del derecho en Colombia (1987), Hernando Valencia Villa sostuvo que nuestra historia constitucional no podía entenderse como la sucesión de una serie de acuerdos de voluntades plasmados en constituciones que trazan el rumbo de nuestra nación. Esas constituciones, dice Valencia Villa, han sido más bien una gramática de la guerra: documentos impuestos por los vencedores de un conflicto, que imponen la paz a los derrotados y, con ello, dan lugar a otra contienda. Cada paz trae su carta fundamental y cada carta fundamental trae su guerra.

La Constitución de 1991, la más democrática de todas nuestras constituciones y por eso mismo la menos identificable con un partido o una tendencia política, fue concebida como un pacto democrático destinado a generar consensos fundamentales y a resolver tensiones mayores. Desafortunadamente, a pesar de los grandes avances conseguidos, este gran objetivo no se ha logrado plenamente, a tal punto que cada vez se habla más de la necesidad de una asamblea constituyente, e incluso de la imposibilidad de pacificar el país y de un eventual regreso de la guerra. El fantasma de la historia contada por Valencia Villa sigue acechando la vida nacional.

¿Quiere esto decir que estamos condenados a padecer el eterno retorno de las cartas de batalla? Difícil decirlo; el país vive un momento crucial de su historia, del cual se pueden derivar trayectorias completamente opuestas, desde las más esperanzadoras hasta las más terribles.

Digo esto porque, en medio de toda la incertidumbre actual, el fallo de la Corte Constitucional del martes pasado es, a mi juicio, un intento por apuntalar una trayectoria esperanzadora, contraria a la expuesta en Cartas de batalla.

En este fallo la Corte Constitucional, que es algo así como la voz de la Constitución, hace una serie de concesiones a las fuerzas políticas que ganaron el último plebiscito (los del No), sin que ello implique acabar con la JEP ni desconocer la posibilidad de que las Farc participen en política. En el escenario actual, que es el escenario del fracaso del Sí en el plebiscito, la Corte salva el acuerdo, pero hace concesiones importantes a sus opositores. Por eso, este es, ante todo, un fallo político (no partidista) que no debe ser leído con los ojos escrutadores del jurista (inciso tras inciso), sino con la mirada apaciguadora y amplia de un juez constitucional.

Si se mira desde el punto de vista jurídico, el fallo tiene muchos problemas. Hay en él decisiones claramente inconvenientes, como las relacionadas con la responsabilidad del mando, el cierre de las tutelas contra sentencias en la Corte Constitucional y la exclusión de los civiles que participaron en el conflicto. Sin embargo, si se miran esas decisiones a la luz de la situación actual, luego de la derrota del Gobierno en el plebiscito, y en medio, repito, de una encrucijada muy peligrosa, el fallo es un paso importante para salir del enredo explosivo en el que estamos y empezar a consolidar la paz. Todo esto es polémico, lo sé.

El fallo es, además, un llamado a pacificar el derecho constitucional. Llevamos casi dos años de debates constitucionales que más bien han sido campos de batalla en donde cada actor político ha querido aniquilar a su opositor. Tenemos que despojar el debate jurídico de su gramática guerrera y convertirlo en lo que debe ser; en un instrumento de paz y de solución de conflictos; en una gramática de la paz. Si no hacemos eso, como dice Valencia Villa, estaremos condenados a repetir nuestra historia de guerras engendradas en las cenizas de las constituciones.