La Guajira seis meses después de la Corte
Dejusticia abril 8, 2022
Las cosas en La Guajira siguen prácticamente igual, mientras que la Corte sigue sin pronunciarse sobre la visita. Desde ese 24 de septiembre, 21 niños y niñas han muerto por causas asociadas a la desnutrición en el departamento, según cifras del Instituto Nacional de Salud. | Luzbeidy Monterrosa
Durante la visita a La Guajira para verificar el estado de la sentencia T-302-17, los magistrados de la Corte Constitucional anunciaron que decretarían unas medidas urgentes, pero hasta ahora no las han publicado en ninguno de los canales de la Corte.
Durante la visita a La Guajira para verificar el estado de la sentencia T-302-17, los magistrados de la Corte Constitucional anunciaron que decretarían unas medidas urgentes, pero hasta ahora no las han publicado en ninguno de los canales de la Corte.
Escuche el audio que se emitió en RCN Cartagena:
En La Guajira los niños y niñas se mueren de hambre y de sed ante los ojos del Estado. Algunos líderes y lideresas wayúu dicen que realmente no los mata el hambre y la sed, sino el abandono. Que la culpa no es solo de la sequía y de la crisis migratoria sino, sobre todo, del olvido.
Para acabar con ese olvido, hace cinco años la Corte Constitucional emitió una sentencia histórica con una serie de órdenes concretas para prevenir y atender la desnutrición de la población wayúu. Y hace seis meses y medio la Corte visitó el departamento para verificar cómo va el cumplimiento de esa sentencia.
En esa visita tres magistrados recorrieron seis comunidades indígenas junto a funcionarios nacionales y locales, expertos y curiosos. En una jornada intensa de diez horas sin descanso, los magistrados escucharon quejas similares en todas las comunidades: que los alimentos que entrega el ICBF llegan en mal estado y no alcanzan, que el agua tampoco es suficiente, que las brigadas de salud hace tiempo no ocurren y, como resultado inevitable, los niños se enferman… que a veces, los niños se mueren.
Pero no fueron solo quejas. Los magistrados pudieron ver niños y niñas en evidente estado de desnutrición, pozos que llevaban años sin funcionar y colegios sin condiciones de higiene para preparar los alimentos. También vieron la desconexión de los funcionarios presentes. Por ejemplo, un ICBF que solo se enteró de la existencia de una de las comunidades cuando la Corte anunció la visita, a pesar de que estas familias llevan más de siete años asentadas en Uribia. O una funcionaria de la Presidencia que se dedicó a negar lo innegable: que en La Guajira han muerto niños por desnutrición.
A pesar de eso, la visita de la Corte fue un motivo de esperanza para comunidades que nunca habían visto al Estado tan cerca, o al menos a un Estado dispuesto a escucharlos realmente, como lo hicieron los magistrados.
Entonces, ¿qué ha pasado en estos seis meses y medio? Las cosas en La Guajira siguen prácticamente igual, mientras que la Corte sigue sin pronunciarse sobre la visita. Desde ese 24 de septiembre, 21 niños y niñas han muerto por causas asociadas a la desnutrición en el departamento, según cifras del Instituto Nacional de Salud.
Las comunidades Media Luna y 3 de abril, en Uribia, siguen sin recibir agua, como lo ha comprobado la veeduría ciudadana de la sentencia. Marbelis Ipuana, autoridad indígena de Media Luna, está esperando qué ordenará la Corte para resolver el problema del pozo que lleva años dañado en su comunidad.
Durante la visita los magistrados anunciaron que decretarían unas medidas urgentes para solucionar en pocos días situaciones como la del pozo, pero hasta ahora no las han publicado en ninguno de los canales de la Corte.
Al regresar a Bogotá, los magistrados pidieron más informes a expertos para documentar la vulneración de derechos en La Guajira. Esos informes sobre alimentación, agua, salud y corrupción ya están en el expediente desde enero.
Entonces, ¿por qué la Corte Constitucional sigue sin pronunciarse frente a lo que encontró en su última visita a La Guajira? Está claro que la crisis del departamento no se resolverá automáticamente con un pronunciamiento de la Corte, pero este sí es necesario para recordarles a las autoridades su deber de cumplir la sentencia y para responder a las pocas esperanzas que aún le quedan al pueblo wayúu.
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