César Rodríguez Garavito

La herencia de los líderes asesinados

Por: César Rodríguez Garavitojulio 6, 2018

Si los más de 200 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz son una mancha que quedará sobre el gobierno Santos, cualquier muerte posterior al 7 de agosto sería una sombra aún más larga sobre el de Duque.

Uno de los problemas más graves que heredará el gobierno de Iván Duque es la cifra alarmante de asesinatos de líderes sociales, que sigue en aumento. Es la verdadera derrota de Colombia, como lo escribió Alberto Salcedo al comentar la muerte a tiros del activista Luis Barrios, a manos de sicarios que irrumpieron en su casa en Palmar de Varela (Atlántico) y lo ultimaron a tiros mientras veía el partido de la Selección contra Inglaterra.

Si los más de 200 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz son una mancha que quedará sobre el gobierno Santos —cuyo logro histórico fue firmarlo—, cualquier muerte posterior al 7 de agosto sería una sombra aún más larga sobre el de Duque, que llega bajo el signo de un partido que se opuso al acuerdo. Le corresponde desde ya al nuevo gobierno mostrar no solo que cumplirá la promesa de no hacer trizas la paz, sino condenar sin ambages cualquier muerte de activistas sociales. Incluso el silencio sobre las muertes puede ser interpretado por los actores armados que vienen matando a los líderes —los neoparamilitares, las bandas criminales, las disidencias de las Farc, el Eln y otros— como un aliciente para seguir haciéndolo, así como los grupos xenófobos tomaron vuelo en países como EE. UU. con la llegada de gobiernos populistas nacionalistas.

Contra lo reiterado por el gobierno y el fiscal, los asesinatos son sistemáticos. No son líos de faldas, como dijera el ministro de Defensa, sino fundamentalmente ataques contra las comunidades y movimientos que le apostaron a la paz en los territorios —oponiéndose, como lo hicieron durante la guerra, a grupos armados de todo tipo, que los siguen viendo como un obstáculo para controlar los territorios de las minas ilegales, las rutas del narcotráfico, los monocultivos y otros negocios—.

Así lo sugiere un análisis, caso por caso, que venimos haciendo en Dejusticia con Valentina Rozo, a partir de datos de cinco organizaciones (Defensoría del Pueblo, Somos Defensores, Front Line Defenders, Cumbre Agraria y el Alto Comisionado de la ONU). Nuestro estudio muestra que el 35 % de los activistas muertos trabajaban para organizaciones comunales o comunitarias, 21 % lideraban pueblos indígenas, 10 % comunidades negras, 9 % organizaciones campesinas, y los demás eran educadores, sindicalistas, líderes juveniles o reclamantes de tierras. También hay patrones geográficos reconocibles: Cauca y Antioquia son claramente los lugares más peligrosos para los activistas.

El problema que heredará Duque es aún más grave. Un análisis estadístico adicional que estamos concluyendo sugiere que incluso la cifra más alta que se tiene para 2017 (126 asesinatos, según la de la Defensoría del Pueblo) es, en realidad, una subestimación de la cifra real. Y el conteo más reciente para 2018 (98 líderes muertos hasta comienzos de junio, según Indepaz) muestra un aumento sensible en relación con el año pasado.

Si Duque permanece en silencio o su gobierno no actúa prontamente, la Fiscalía no llenará el vacío. Hasta el momento, las investigaciones que más han avanzado son aquellas exigidas desde la misma Presidencia, como las de los líderes afros Temístocles Machado y Jair Cortés.

La palabra, y la responsabilidad por el futuro de la herencia trágica que recibe, le corresponden al gobierno entrante.

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