La infeliz navidad de la justicia

Llevo más de 15 años escribiendo y hablando bien de la justicia colombiana. A pesar de todas sus mañas y defectos, he creído que la Rama Judicial es la parte más rescatable del Estado.

Este año, sin embargo, mi fe en la justicia se ha ido desvaneciendo. Y no soy el único; según la encuesta Gallup de esta semana, solo el 25% de los colombianos tiene una opinión favorable de los jueces y el 71% tiene opinión desfavorable.
Estoy hablando, claro está, en términos generales. Soy consciente de que hay muchos jueces y magistrados que merecen reconocimiento y admiración por su trabajo. Lo que pasa es que todo indica que esos jueces pasaron a ser una minoría y perdieron el poder decisorio que tenían.
El deterioro más notorio ocurre hoy en la Corte Suprema de Justicia. Allí surgió una nueva mayoría (la composición de la Corte cambió, en el último año, en un 50%) que menoscabó la medula ética y profesional de esa institución. Solo cito tres ejemplos de lo hecho por esos magistrados: 1) guardaron un silencio cómplice frente al proyecto de reforma a la justicia, el cual les otorgaba beneficios no solo exorbitantes (aumento del período a 14 años, jubilación a los 70 años, etc.), sino beneficios adicionales a los que ya tenían (régimen especial de pensiones, que es el origen del llamado “carrusel de las pensiones”); 2) Violaron la prohibición constitucional de traficar con cargos públicos (art. 126) cuando postularon al procurador (a pesar de tener parientes suyos trabajando en la Procuraduría) y cuando nombraron a sus excolegas Ricardo Munar y Francisco Ricaurte para el Consejo Superior, los cuales, por supuesto, habían participado en su propia elección (la célebre “puerta giratoria); y 3) En una actitud arrogante y cínica denunciaron a los periodistas que los criticaban por los hechos que he anotado.
Es triste decirlo, pero la Corte Suprema se parece cada vez más a la Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde la voracidad clientelista es tan notoria como la mediocridad profesional. En el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional las cosas no son todavía tan graves, pero los buenos magistrados que allí trabajan se encuentran cada vez más amenazados (sobre todo en el Consejo) por alianzas de colegas inescrupulosos e incompetentes.
Pero la culpa de todo esto no recae exclusivamente en los jueces y magistrados. Los últimos dos gobiernos también tienen su cuota de responsabilidad. El gobierno anterior intentó, y casi lo logra, que todos los magistrados de las altas cortes tuvieran el talante ramplón y politiquero de los magistrados que él mismo nombró en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. El gobierno actual, por su parte, con menos descaro y más hipocresía, terminó apoyando una reforma a la justicia indecente, respaldando tácitamente la elección del procurador y haciendo ternas, no solo malas, sino “de uno” (como ocurrió con el recién nombrado nuevo miembro de la Sala Disciplinaria), todo lo cual ha contribuido a fortalecer el nepotismo y las roscas burocráticas dentro de la Rama.
A todo esto se suma un sindicato judicial que paralizó la justicia durante varios meses y cuyos dirigentes operan con una lógica de rapiña institucional y desprecio por lo público muy similar a la de los magistrados que hoy hacen mayoría en la Corte Suprema o en la Sala Disciplinaria.
Termino con una reflexión, quizás poco navideña: si la justicia deja de ser la parte rescatable del Estado colombiano, ¿en dónde vamos a depositar nuestras esperanzas de tener un país mejor?

PD: Por vacaciones, dejaré de escribir esta columna durante dos semanas. Los invito a leer a María Paula Saffón.