La justicia internacional merece más

El 17 de julio pasado se celebró el “Día de la Justicia Internacional”. Esta fecha, que evoca el día de creación de la Corte Penal Internacional en 1998, está reservada para conmemorar la lucha contra la impunidad por las más graves violaciones a los derechos humanos.

Bajo el eslogan de #JusticeMatters, activistas de distintas regiones y países recordaron la fecha y pidieron mayor atención, respaldo y presupuesto para la Corte Penal Internacional y su Fiscalía. En una interesante exigencia, cancilleres de 16 países del mundo (en su gran mayoría del norte global, pero con firma de países del sur como Costa Rica y Botsuana) hicieron una declaración pública en donde señalaron que “La Corte Penal Internacional merece un mejor tratamiento” (The International Criminal Court Deserves Better).

Comparto la exigencia, pero creo que se queda corta. A mi juicio, todas las cortes internacionales, principalmente las de derechos humanos, merecen un mejor tratamiento. Todas merecen un mayor respaldo político, mayor colaboración de los Estados, un mayor acercamiento con las sociedades del mundo, y por supuesto, mayores recursos para garantizar su eficacia e independencia.

Por ejemplo, en materia de recursos – que fue uno de los temas que más se resaltó en esta campaña – la situación de todas las Cortes es deficitaria y, en algunos casos lamentables, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No debe olvidarse que los recursos de estas Corte deben salir de los aportes de sus Estados miembros. De acuerdo con los reportes oficiales, para el presente año el presupuesto de la Corte Penal Internacional será de 130 millones de Euros (unos 140 millones dólares), distribuido en las distintas instituciones que conforman como se muestra en la gráfica 1. Este presupuesto representa un aumento del 7% respecto al anterior y consolida dos años seguidos de aumento. Pero los expertos señalan que sigue siendo insuficiente.

Pese a lo deficitario, este presupuesto es el más alto que recibe una corte internacional de la materia. Representa casi el doble de los recursos asignados para la Corte Europea de Derechos Humanos para el 2015 (69,076,300 de Euros, es decir, USD 74,854,532); casi trece veces (con datos de  2014) el presupuesto de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (9 millones de dólares de los Estados Unidos, sin contar los 5,600,000 dólares de la Comisión Africana); y más de veinte veces el presupuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue para 2014, de 4,737,043.30 dólares de los Estados Unidos (a los que deberían sumarse los 9.400.000 dólares recibidos por la Comisión Interamericana). En la gráfica 2 se muestra en totales correspondientes a 2014:

Las cortes también merecen más respaldo político para el cumplimiento efectivo de sus decisiones. Como resalté en una entrada anterior a este blog, en este último año, la Fiscalía de la CPI ha tenido que enfrentar días difíciles por la poca cooperación que ha recibido de algunos Estados y la agresividad de otros. No puede pasarse por alto el hecho que resaltan los cancilleres en su declaración: 12 órdenes de arresto hechas por la CPI siguen sin ser ejecutadas. Así como tampoco se debe olvidar la reciente polémica por el caso de Omar Hassan al-Bashir en Sudáfrica, en dónde el gobierno sudafricano permitió al mandatario sudanés que se marchara del país a pesar de que la Corte Constitucional sudafricana le pidió que diera cumplimiento al arresto ordenado por la CPI.

Limitaciones similares para alcanzar la implementación de sus decisiones son enfrentadas día a día por las cortes regionales de derechos humanos. Un ejemplo, que dista de ser único en el sistema europeo, se denota con la difícil relación entre la corte de Estrasburgo y Rusia. Similares desafíos ha tenido su par en las Américas, la Corte Interamericana, con países como República Dominicana y Guatemala.

Las cuestiones sobre presupuesto y cumplimiento de decisiones son solo dos ejemplos de diversas cuestiones en donde se denota que la justicia internacional requiere mejor tratamiento. Bien valdría la pena que los cancilleres que firmaron esta importante carta sean voceros de esta situación e involucren a sus pares de otros países para tomar medidas que permitan superar estas limitaciones. Y ojalá amplíen su agenda más allá de la CPI. Ya lograron que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos –OEA – se sume simbólicamente a la causa. Pueda ser que lo convenzan de que pase de lo simbólico a lo material y le ponga empeño en apoyar a su propio sistema de derechos humanos.