La paz que excluye a los negros
Daniel Gómez Mazo Mayo 25, 2016
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No apoyar las negociaciones no es una opción viable, porque el costo real de esta alternativa podría ser nefasto para las comunidades negras; pero aceptar una paz sin participación tampoco es una situación óptima.
No apoyar las negociaciones no es una opción viable, porque el costo real de esta alternativa podría ser nefasto para las comunidades negras; pero aceptar una paz sin participación tampoco es una situación óptima.
La semana pasada, con ocasión del día de la afrocolombianidad, tuvo lugar en Bogotá el conversatorio “El papel de los afrodescendientes en los diálogos y la construcción de paz en Colombia”, organizado por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, que debatió la situación de las organizaciones y comunidades negras de cara a la firma de los acuerdos de paz de La Habana. Del evento pueden extraerse dos grandes conclusiones: primero, las organizaciones afro mayoritariamente apoyan los esfuerzos de paz del gobierno y las FARC, y esperan que lleguen a buen término, no solo porque un país sin violencia conviene a todos, sino porque, en el caso particular de varias comunidades ubicadas en lugares como el norte del Cauca, Chocó y Nariño, mantener la violencia es inviable y ruinoso.
Segundo, consideran que es un error de las partes no abrir espacios para su participación, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones y que se les hubiesen hecho promesas incumplidas al respecto. Estiman que su participación podría ser una ganancia anticipada para la construcción de una paz estable en sus territorios, donde muy seguramente se implementarán los acuerdos. Además, entienden la participación como un instrumento para proteger los derechos que ya se les han reconocido, como la titulación colectiva de tierras, la consulta previa y el respeto por autoridades propias, que podrían verse afectados por el afianzamiento del modelo de desarrollo extractivista luego de firmados los acuerdos y por las luchas por el control territorial que podrían seguir a la desmovilización de combatientes.
Pasado el conversatorio, siento desazón por la paradójica posición en que se encuentran las organizaciones afro en relación con la paz: no apoyar las negociaciones no es una opción viable, porque el costo real de esta alternativa podría ser nefasto para las comunidades negras; pero aceptar una paz sin participación tampoco es una situación óptima, porque la paz no debería lograrse a costa de los derechos de las comunidades étnicas, como lo es la participación en los asuntos que puedan afectarles, y los acuerdos de paz podrían tener, precisamente, este efecto.
Puedo entender que terminar con conflictos armados que han tenido episodios tan deshonrosos como el nuestro exija sacrificios, que avanzar con rapidez en las negociaciones sea un elemento esencial para su éxito y que abrir espacios de participación podría tener impactos colaterales sobre la celeridad del proceso. Pero no puedo entender que, ante las demandas de participación de las comunidades negras, una vez más Colombia se descubra como un país racista y excluyente, en el cual asuntos tan trascendentales como la paz pueden ser decididos sin la participación de personas que representen los intereses de las comunidades negras. Sin espacios de interlocución para que estas se expresen como miembros de una sociedad que aspira a ser decente. Y, tampoco puedo entender que, para muchos, la mera solicitud de participación de los afrocolombianos en el proceso de negociación sea suficiente para suponer que dejaron de ser víctimas de la violencia y se convirtieron en enemigos de la paz.
Sin embargo, no todo está perdido. Existen alternativas para lograr, al menos en algún grado, que las organizaciones y comunidades negras participen de la construcción de paz. Por lo pronto, es esencial que sean escuchadas por el Congreso en la elaboración y trámite del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo especial, así como en el trámite de los proyectos de ley o acto legislativo que implementen los acuerdos y en la revisión constitucional de los mismos, que habrá de realizar la Corte Constitucional; además, deberá garantizarse su participación activa, y si es del caso su derecho a la consulta previa, cuando se pretendan implementar los acuerdos en sus territorios, para evitar desmedros a los derechos que ya se les han reconocido.