La plata que falta para cumplirle a las víctimas

En el 2011, cuando se aprobó la Ley de Víctimas, el Gobierno de entonces seguramente no anticipó que sus cálculos para la implementación de la política –aunque bien intencionados y basados en la información disponible– se quedarían cortos. Más de diez años después, y con una prórroga a cuestas, aunque hay avances, la meta de reparar a las víctimas del conflicto está lejos. Una de las razones que sale a relucir, expuesta incluso por el presidente Gustavo Petro, es que no hay plata suficiente. En este escenario, la sostenibilidad de la reparación está en vilo.

El asunto se remonta a los primeros momentos de vida de la Ley de Víctimas. Para la puesta en marcha de la política de reparación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hizo estimaciones que subestimaron el universo de beneficiarios a atender. De acuerdo con la información disponible para la época, el universo estimado era menor a un millón de personas; hoy son sujetos de atención de la política más de 7.5 millones de víctimas del conflicto, alrededor del 14% de la población del país.

Además, otros factores han incidido en ahondar las dificultades financieras de la Ley. En primera medida está la decisión de mantener abierto el registro de víctimas en un escenario de violaciones masivas de los derechos humanos. El impacto de esta determinación es indudable, pues las entidades responsables operan en un escenario de victimización creciente, no decreciente, como se previó en la planeación de la política.

En segunda instancia están algunas sentencias de la Corte Constitucional que incrementaron los costos de implementación. Una de ellas, incidió en la inclusión en el registro de víctimas, para hacerlo más amplio a víctimas de distintos grupos armados, incluidas las entonces llamadas Bacrim. Otra decisión, afectó lo presupuestado frente a la reparación de la población desplazada, pues dispuso que las medidas que les otorgaran no podían descontarse del monto de indemnización.

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A pesar de las circunstancias imprevistas que afectaron el presupuesto inicial, durante los primeros diez años de la Ley de Víctimas no hubo actualizaciones de los costos, ni de las estimaciones del universo de víctimas de acuerdo con la nueva información disponible. Tampoco se pusieron en marcha ajustes de política para hacer más eficiente el gasto. De hecho, algunas iniciativas al interior de la Unidad para las Víctimas que buscaban modificar la manera de adjudicar las indemnizaciones para poder cubrir a más personas no tuvieron el respaldo político necesario. En un sentido similar, las discusiones sobre qué hacer con el registro de víctimas y, principalmente, sobre cómo garantizar la sostenibilidad financiera de la política siguen pendientes.

Si bien las destinaciones presupuestales han crecido año tras año, de acuerdo con estimaciones de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, lo presupuestado sigue siendo insuficiente de cara a lo que demanda la política de atención y reparación. En el décimo informe afirman que se requieren cerca de 252 billones de pesos, cifra que está por encima de los 212 billones que presupuestó el DNP para la prórroga de la Ley (2012-2031). La diferencia entre las dos cifras equivale al doble de lo que el Gobierno quiso recaudar el primer año de la reforma tributaria aprobada en 2022.

Ante este escenario, el llamado a nuevas fuentes de financiación es clave, pero insuficiente. Como lo sugerimos en nuestra publicación, se requiere una discusión amplia y democrática que aborde temas de fondo sobre la sostenibilidad de la política de reparación. Dentro de los temas que se pueden discutir hay reformas a la Ley 1448 y también ajustes de política. Unos, fundamentales, tienen que ver con medidas para mejorar la eficiencia en el gasto, por ejemplo, a través de cambios en la forma de adjudicar las indemnizaciones; otros se relacionan con buscar soluciones al desafío que implica mantener el registro abierto; y también acordar las reformas al Fondo de Reparaciones, que se ha mostrado como una figura que poco aporta a la reparación.

Hay que repensar cuál es el lugar de una política de reparación pensada en el 2011 en un escenario distinto, posterior al Acuerdo de Paz, con grupos armados emergentes y con muchos aprendizajes luego de más de diez años de implementación. Reparar a las víctimas no solo es un deber, sino que es posible. Para ello debemos enfrentar discusiones desafiantes que construyan un camino hacia una política de reparación sostenible financieramente y que le cumple a las víctimas.