La política de control de armas de Estados Unidos no es sólo nacional

Por primera vez desde el año 2000, tras las terribles matanzas de Tyrone, Missouri en febrero,  la iglesia de Charleston en junio, el Umpqua Community College en octubre y el San Bernardino en diciembre, el control de armas se ha convertido en un tema central de la más reciente carrera electoral de los Estados Unidos. Estas matanzas,  por supuesto, son las únicas que llegaron a ser titulares nacionales e internacionales; según el Mass Shooting Tracker, en 2015 hubo más de 330 asesinatos masivos con armas de fuego.  Tan solo en los cuatro tiroteos mencionados más arriba, 43 personas perdieron la vida. El “problema de las armas de fuego», sin embargo, es mucho peor de lo que sugiere este número. Los informes de CDC  reportan que en 2013, 33.636 personas perdieron la vida por armas de fuego. Como punto de referencia, un número casi idéntico de personas: 33.804, perdieron la vida en incidentes de vehículos motorizados. Mientras que en Estados Unidos el debate se ha centrado en cómo y cuándo un derecho constitucional debe ser limitado por el bien público, no ha prestado suficiente atención a cómo las laxas regulaciones para la compra de armas de fuego afectan a los países vecinos a través del tráfico ilícito y a pequeña escala de armas.

Algunos rastreos realizados de manera exitosa sobre pistolas encontradas en México muestran que el 90% de ellas tienen origen en los Estados Unidos. Un estudio realizado por el instituto de fronteras de la Universidad de San Diego y el Instituto Igarapé encontró que casi la mitad (46.7%) de los pequeños vendedores de armas de Estados Unidos dependen en cierta medida en la demanda de la frontera México-Estados Unidos. El estudio señaló que los flujos de armas de fuego en la frontera probablemente seguirán aumentando y que las autoridades confiscan sólo una minoría (14.7%) de total armas traficadas. Igualmente, otro estudio realizado por el Centro Wilson destaca cómo armas traficadas desde Estados Unidos también llegan a Guatemala en grandes cantidades, lo que sugiere que estos flujos ilícitos también tienen una influencia significativa en Centroamérica. La encuesta de armas pequeñas también publicó un documento que muestra que la mayoría las armas de fuego incautadas en Jamaica pueden ser rastreadas a los Estados Unidos. Estos flujos ilícitos no sólo fluyen hacia el sur, algunos académicos también señalan que la mayoría de las armas de fuego incautadas en Canadá que fueron rastreadas exitosamente provienen de los Estados Unidos.

Sin embargo, la escasez de datos nos impide conocer la verdadera magnitud del problema. La proporción de armas de fuego en estos países que provienen de Estados Unidos no es más que una conjetura. La cifra del 90% citada proviene de un informe de 2009 de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno presentado ante el Congreso de Estados Unidos; muchos medios incorrectamente extrapolaron la proporción de armas de fuego incautadas y rastreadas con éxito a todas las armas ilegales en el país. Lo mismo puede decirse de las cifras relativas a  armas incautadas en Guatemala y Jamaica. Las armas incautadas pueden no representar las armas efectivamente en uso, y de las incautadas solo algunas pueden ser rastreadas de forma exitosa, ya que los contrabandistas a menudo manipulan o eliminan números de serie de las pistolas. La misma naturaleza clandestina de este fenómeno hace que sus consecuencias sean difíciles de medir; los legisladores y defensores del control de armas necesitan más datos y de mejor calidad.

No obstante, uno que otro dato malo es mejor que ningún dato, y las cifras desiguales e incompletas que tenemos todas apuntan a que una parte importante — si no la mayoría — de armas ilegales en los países vecinos vienen de vendedores de Estados Unidos. Si a esto le sumamos los consistentes análisis realizados por la escuela de Salud Pública  T.H. Chan de Harvard, que demuestran que más armas se asocian con más homicidios en una variedad de marcos comparativos, las consecuencias negativas de la política de armas estadounidense para estos países se vuelven evidentes. Jamaica, México y Guatemala sufren todos de tasas de homicidio altas, que aunque no son causadas por la política de armas de Estados Unidos, pueden verse agravadas por la misma. Los defensores de las armas de fuego puedan argumentar que los estudios citados no prueban que las armas generan mayores tasas de homicidio. No obstante, esta critica es falaz, por decir lo menos, ya que para probar que existe una relación de causalidad habría que realizar un experimento controlado en el que se les diera a las comunidades diferentes proporciones de armas para así medir cómo esta variación afecta las tasas de homicidio. La ética ni siquiera puede empezar a cubrir la problemática moral que surge de tal proposición. Sin ese experimento, estos estudios correlacionales sugieren que una mayor disponibilidad de armas de fuego aumenta la violencia en un país determinado.

A través del Tratado de Comercio de Armas de 2013, la comunidad internacional se ha movilizado para asegurar que las transferencias lícitas de armas pequeñas sigan principios básicos de derechos humanos para asegurar que no amenacen la paz regional, el desarrollo humano, o faciliten la represión y la violencia. Sin embargo, el tráfico de armas como un flujo ilícito transnacional cae fuera del alcance de este instrumento jurídico internacional. Como señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito , este tema podría abordarse mejor mediante un reglamento interno más estricto y coordinación transnacional. La oficina estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, desde mediados de la década del 2000, puso en marcha esfuerzos para coordinar con otros organismos de estos países el rastreo de armas y el cierre de canales de contrabando. Sin embargo, si no se aborda el problema subyacente de la permisiva regulación de armas en Estados Unidos es probable que estos esfuerzos solo tengan un alcance limitado

El debate que actualmente se está dando en los Estados Unidos sobre control de armas es un proceso democrático importante a través del cual los ciudadanos pueden determinar el equilibrio adecuado de las libertades individuales constitucionales (el derecho a portar armas) y los derechos colectivos (seguridad). Pero ¿qué pasa con los mexicanos, jamaiquinos, guatemaltecos, canadienses y probablemente muchos otros que se ven afectados por esta política doméstica? Los mercados globales han vinculado nuestros destinos, pero carecemos de mecanismos políticos adecuados para considerar  la complejidad de los beneficios y los costos que esta política produce. La sociedad civil juega un rol clave con miras a amplificar las voces de quienes actualmente no están siendo tenidos en cuenta en el debate, para que la coordinación transnacional no se limite a la actuación policial, sino también a la esfera política. El anuncio de Obama de aprobar una orden ejecutiva para imponer controles más estrictos es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, no son sólo niños de Estados Unidos quienes están en riesgo por esta política. Muchas vidas están en juego en este debate. Es momento de que los tomemos en cuenta también.