La política migratoria de Estados Unidos y sus implicaciones en América Latina

Los países de América Latina se enfrentan a múltiples desafíos para atender los flujos migratorios que involucran a personas de diferentes nacionalidades. En particular, la migración forzada proveniente de Venezuela ha impuesto grandes retos a los países receptores de la región, que van desde proveer ayuda humanitaria, crear e implementar políticas de regularización e integración socioeconómica, hasta incluso atender a las presiones de Estados Unidos para frenar el ingreso a ese país.

Estados Unidos ha implementado diferentes medidas para evitar el ingreso de personas migrantes y refugiadas a su territorio. En primer lugar, la securitización y el control de sus fronteras terrestres, a través de normas y prácticas de control y verificación migratoria, que buscan restringir los derechos humanos de las personas migrantes. En segundo lugar, a través de la externalización de su política migratoria hacia los países de América Latina, con el objetivo de extender dicha política más allá de sus fronteras físicas —en particular, el enfoque de control migratorio—, para reducir la llegada de personas migrantes y refugiadas a sus fronteras. 

Es importante resaltar que a través de la cooperación militar de Estados Unidos hacia diferentes países de la región, con el objetivo de combatir el crimen organizado transnacional y brindar estabilidad en la región, no solo es una forma de externalizar su política de control migratorio, sino que también es una medida de securitización de las fronteras de  América Latina. Veamos por qué.

Detrás de este tipo de ayudas también subyace la intención de securitizar las fronteras para detener los flujos migratorios que desean ingresar a los Estados Unidos. Recientemente, bajo el programa Creando Capacidades de los Aliados, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, proporcionó ayuda militar al Gobierno de Guatemala con el objetivo de reforzar la “seguridad fronteriza” y proteger al país centroamericano del crimen organizado y transnacional.  Este tipo de cooperación y de estrategias no son algo reciente; sin embargo, en momentos coyunturales en los que los flujos migratorios aumentan, pareciera que estas medidas tienden a incrementar. Este caso es aún más preocupante porque Estados Unidos estaría incumpliendo su propia ley que no permite la financiación militar extranjera para Guatemala, Honduras y El Salvador. 

En el caso de México, la “Iniciativa Mérida” —un acuerdo bilateral de cooperación para fortalecer la seguridad fronteriza y ayudar a contrarrestar las actividades de organizaciones delictivas transnacionales— fue sustituida por el “Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras”,  un plan de acción que reconoce la fallida estrategia de la guerra contra el narcotráfico y tiene un nuevo enfoque de cooperación en materia de seguridad. Este nuevo acuerdo ha hecho que el Estado haya aumentado su presencia militar en las fronteras, como lo hizo con el despliegue de la Guardia Nacional al norte y al sur del territorio.

Organizaciones de la sociedad civil como la Fundación para la Justicia han documentado las implicaciones que tiene el empleo del brazo militar en las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes en México: las detenciones arbitrarias e ilegales, el perfilamiento racial, la violencia hacia las mujeres y el uso excesivo de la fuerza. 

Finalmente, otro tipo de medidas que vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiadas son las devoluciones a los países de origen o terceros, sin que en muchos de los casos se verifiquen las condiciones de seguridad y protección a los derechos humanos en estos lugares. Estas medidas han sido implementadas principalmente a través de memorandos de entendimientos entre Estados Unidos y diferentes países de América Latina —se destacan México, Guatemala y Salvador— en particular, de cooperación sobre asilo. Estas medidas son problemáticas porque, por un lado, Estados Unidos desconoce sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho de asilo y, por otro, estaría poniendo en riesgo la vida de los solicitantes al enviarlos a terceros países que no cuentan con las garantías mínimas de protección de sus derechos, además de ser sociedades altamente conflictivas.

Sobre las expulsiones masivas desde los Estados Unidos: ¿Qué está pasando en México?

México ha incrementado las medidas restrictivas a los flujos migratorios provenientes de los países del sur. Un ejemplo de ello es el nuevo visado para personas de nacionalidad venezolana, el cual surge como respuesta para frenar la llegada de esta población migrante. Asimismo, el Estado mexicano ha implementado un programa de retorno voluntario, tal como lo explicamos en este artículo.

No menos grave, accedió a cooperar con los Estados Unidos para aceptar las devoluciones masivas de personas migrantes y refugiadas venezolanas hacia las fronteras del norte de México bajo la extensión de la política fronteriza del Título 42, que permite la expulsión de personas adultas y familias que cruzan sin autorización las fronteras terrestres de Estados Unidos, bajo el argumento de frenar el Covid-19; medida que deja en una situación de vulnerabilidad no solo a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, sino también una situación de crisis a las organizaciones civiles y albergues en México, en especial en los puntos fronterizos.

Las expulsiones masivas a través de estrategias como la recién anunciada por el gobierno estadounidense vulneran el derecho a buscar y recibir asilo. Además, contradice diferentes instrumentos internacionales, como la Convención de 1951 sobre Refugiados y su Protocolo de 1967, que establecen la prohibición de rechazo en la frontera y el principio de no devolución que cubre cualquier medida atribuible al Estado que pueda tener el efecto de devolver a un solicitante de asilo o refugiado a las fronteras de territorios o a sus países de origen, en donde su vida o libertad pueden verse amenazadas o corra riesgos.

Sin embargo, las medidas que el gobierno estadounidense impone a la población migrante y refugiada viola dichos principios, ya que están deportando a las personas solicitantes de asilo a la frontera con México, un territorio con una crisis humanitaria latente y en donde miles de personas migrantes de otras nacionalidades se encuentran esperando una respuesta para sus solicitudes de asilo, tanto en México como en Estados Unidos. 

Algunas de las incógnitas sobre la postura de México están relacionadas con cómo el gobierno actual protegerá a las personas  migrantes y refugiadas, si planea devolverlas a sus países de origen o si permanecerán en el territorio mexicano. Organizaciones en México han manifestado su preocupación ante la situación de vulnerabilidad a la que se está exponiendo a la comunidad migrante, en particular la venezolana, en su proceso de devolución a México.

A través de comunicados colectivos, organizaciones civiles de atención a población migrante documentan que, del 12 al 23 de octubre de 2022, 5,193 personas venezolanas fueron expulsadas a México y que actualmente se encuentran 41,000 personas atrapadas en el territorio nacional sin poder cruzar a Estados Unidos. Los albergues que acogen a esta población comparten la falta de capacidad y la saturación de los espacios para que las personas migrantes tengan lugares dignos para pernoctar.

Tan solo en la Ciudad de México, las personas están en situaciones de hacinamiento en los albergues y según Samantha Hernández, del equipo del albergue CAFEMIN,  las personas están llegando sin documentos, en ropa de los centros de detención y esposados, dejadas a su suerte en la Central del Norte de la Ciudad de México. La respuesta de las autoridades se ha limitado a la atención humanitaria precaria e incipiente. 

Ante la falta de respuesta y de recursos gubernamentales, nuevamente las organizaciones civiles son quienes están trabajando para que la comunidad migrante tenga condiciones mínimas durante su camino: ropa, albergue, alimentación, y atención en salud.

“El llamado a la acción es que no nos olviden, que no nos dejen solos, que se acerquen a las casas de migrantes y que desde las posibilidades de cada quien nos acompañen, con productos en especie, así como donaciones.” Resalta Samantha. 

Garantizar una migración humana en América Latina

Las discusiones sobre la regularización y la atención a los flujos migratorios son cada vez más relevantes en las agendas nacionales, regionales e internacionales. Esto, a su vez, ha implicado discutir y formular programas y políticas públicas que garanticen la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas en las comunidades de acogida. Sin embargo, el accionar de los Estados para atender la migración y los desafíos que esta impone, ha dejado en evidencia que muchas de las respuestas carecen de un enfoque de derechos humanos. 

Estas acciones obedecen en parte a los lineamientos dictados desde los Estados Unidos, que se ha encargado de extender su política migratoria hacia la región de América Latina. Medidas como las que autorizan la securitización y militarización de las fronteras con el objetivo de implementar control migratorio, contradicen el deber de los Estados de salvaguardar y garantizar los derechos de las personas en condición de movilidad humana, tal y como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A la vez, expone a las personas migrantes, quienes ya están en condiciones de extrema vulnerabilidad, a ser víctimas de trata y extorsión. Dentro de las cifras se encuentran mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con capacidades diferentes y de la comunidad LGBTQI+, quienes requieren atención y acompañamiento diferenciado, y que están siendo desdibujados dentro del análisis estadístico.

Para contrarrestar las acciones implementadas por Estados Unidos, es necesario que los países de América Latina le apuesten a una migración humana a través de la implementación de políticas encaminadas a priorizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, así como otorgarles un estatus migratorio regular. Estas medidas deben ir acompañadas por programas de integración socioeconómica e inclusión laboral, y para ello se requiere del trabajo coordinado entre los Estados, la cooperación internacional, los organismos internacionales y multilaterales y la sociedad civil, con el objetivo de reducir las vulnerabilidades socioeconómicas de las personas migrantes y refugiadas en los países receptores.

Por último, es importante recordar los compromisos recientemente adquiridos por algunos Estados en la Declaración de los Ángeles, como “proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

A la par, los esfuerzos de la sociedad civil en las diferentes latitudes del sur del continente no han cesado para acompañar y proteger la vida e integridad de las personas migrantes, aun cuando están al límite de las capacidades: desde atender en los puntos a los que llegan las personas migrantes para brindar información, hasta preparar los alimentos para cientos de familias, son formas de visibilizar el contexto y acompañar a esta población. Parece pertinente, entonces, que los gobiernos de la región escuchen las demandas desde las organizaciones civiles y las personas migrantes, colaboren con ellas para garantizar la protección de sus derechos y enfrenten esta coyuntura desde una perspectiva humana y regional.