La represión selectiva
Dejusticia octubre 30, 2020
Quienes tienen ingresos más bajos o viven en lugares con altos índices de pobreza, que también suelen sufrir otras discriminaciones por razones de género, raciales o étnicas. | Luis Noriega, EFE
La relación entre desigualdad socioeconómica y abuso policial se vio también en Colombia a propósito de las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre, conocidas como el 9S.
La relación entre desigualdad socioeconómica y abuso policial se vio también en Colombia a propósito de las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre, conocidas como el 9S.
Antes de la llegada del virus ya existía una serie de demandas estructurales en la región, vinculadas con problemáticas de desigualdad, pobreza, discriminación y violencia, y que fueron expresadas a través de manifestaciones sociales, como las desarrolladas entre noviembre y diciembre del 2019. Durante el confinamiento, dichas problemáticas han empeorado y las personas han salido nuevamente a las calles para exigir la garantía de sus derechos. A esto se han sumado las protestas contra la violencia policial que comenzaron en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd y en Colombia luego de la tortura y muerte de Javier Ordóñez. Ante toda esta expresión de descontento social, muchos gobiernos han respondido con intervenciones policiales que, no pocas veces, terminan en represión. En este escenario ¿existe alguna relación entre el uso desproporcionado de la fuerza y la desigualdad socioeconómica?
En Estados Unidos, por ejemplo, este ha sido un tema de investigación recurrente, teniendo en cuenta también otros factores del racismo estructural que afectan diferencialmente a poblaciones negras y latinas. Una investigación reciente de Justin Feldman (2020) muestra que la variable de posición socioeconómica desempeña un rol importante en los asesinatos de personas por parte de la policía. Las áreas con mayor pobreza registran una mayor tasa de muertes por parte de agentes policiales. En estas áreas la tasa es de 6,4 por millón, mientras que en áreas con bajos indicadores de pobreza es de 1,8. Del mismo modo, otro estudio de 2018 establece que, en el caso de las personas negras, ser hombre y tener ingresos por debajo de $20,000 anuales aumenta significativamente el riesgo de ser víctima de abuso policial.
Para el caso de Brasil, los estudios coinciden en que el ingreso económico de las personas desempeña un rol importante en el riesgo de ser víctima de violencia policial. Los resultados revelan que los hombres menores de 35 años, sin escolaridad formal, que ganan menos de un salario mínimo, que son negros y que no profesan afiliación religiosa, se encuentran en niveles significativamente más altos de riesgo. De hecho, la CIDH llamó la atención a Brasil, a través de un comunicado de prensa, debido a acciones policiales violentas y lo instó a erradicar la discriminación estructural en contra de personas racializadas y aquellas expuestas a pobreza y pobreza extrema.
La relación entre desigualdad socioeconómica y abuso policial se vio también en Colombia a propósito de las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre, conocidas como el #9S. De acuerdo con la investigación periodística realizada por Cerosetenta, con base en más de 200 videos recolectados de redes sociales, en las recientes manifestaciones se puede ver el tono selectivo y diferenciado que tuvo el uso excesivo de la fuerza. Según Cerosetenta y Temblores ONG, la muerte de los 14 jóvenes manifestantes se dio en las localidades de Suba (la Gaitana y Rincón), Usaquén (Verbenal), Kennedy, Engativá, y en el municipio de Soacha (Ciudad Verde). Este portal periodístico pudo confirmar que se registraron al menos 345 disparos con arma de fuego (de otros 1166 sin confirmar) por parte de la Fuerza Pública, concentrados en barrios de estratos medios y bajos, dejando, además, un saldo de 75 personas heridas.
Fuente: La geografía de la violencia policial, cerosetenta.uniandes.edu.co
De acuerdo con un cruce de información que realizamos entre (i) los puntos de protesta por localidad entre el 9 y el 11 de septiembre, según el informe presentado por la Veeduría Distrital; (ii) el mapa de disparos y la información sobre asesinatos ocurridos durante la protesta que recolectó cerosetenta; y (iii) la información sobre estratificación socioeconómica de la Secretaría Distrital de Planeación, pudimos establecer varias cosas: primero, las 42 protestas se dieron en las localidades de Bosa (10), Chapinero (1), Ciudad Bolívar (5), Engativá (8), Fontibón (1), Kennedy (4), Puente Aranda (2), Rafael Uribe Uribe (1), Santa Fé (1), Suba (4), Teusaquillo (3) y Usaquén (2). Segundo, la mayor cantidad de disparos se dieron en las localidades con estratos más bajos: Bosa, Ciudad Bolívar, y Kennedy. Y tercero, los disparos también tuvieron lugar en Suba y Usaquén, localidades altamente desiguales, en particular en los barrios más pobres, como La Gaitana, Rincón y Verbenal. De tal manera, estos datos nos permiten evidenciar que, aunque hubo protestas en distintos puntos de Bogotá, la respuesta más violenta por parte de la Policía se dio en las localidades con niveles socioeconómicos más bajos y en los barrios más pobres de localidades donde se presenta mayor desigualdad.
Esta información sugiere una tendencia, al menos, en la capital del país. Según el informe de la Veeduría antes mencionado, hasta septiembre de 2020 se habían presentado 137 denuncias por abuso policial. De estas, la mayoría se dieron en localidades como Ciudad Bolívar (16), Rafael Uribe Uribe (15), Los Mártires (9) y San Cristóbal (8), aunque hay una parte importante de las denuncias que no reporta localidad (38). La Personería afirma que ha recibido 141 denuncias por abuso de autoridad, principalmente en Suba, Los Mártires, Ciudad Bolívar y Kennedy. Sin embargo, es probable que exista subregistro en estas cifras porque hay abusos policiales que no llegan a denunciarse. Además, algunas investigaciones realizadas por Dejusticia en 2013 y 2015 coincidieron en que las personas perciben unos altos y generalizados niveles de abusos policiales, con un trato más arbitrario a personas de estratos bajos y medios, que se autoreconocen como negras o indígenas y aquellas con apariencia de alguna subcultura urbana.
Así las cosas, estos tres casos sugieren que los agentes de policía en la región tienen prácticas discriminatorias en el uso de la fuerza. Dichas conductas afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables, es decir, quienes tienen ingresos más bajos o viven en lugares con altos índices de pobreza, que también suelen sufrir otras discriminaciones por razones de género, raciales o étnicas. En el caso de Colombia consideramos necesaria una reforma estructural a la Policía, que analice en detalle estas interacciones que terminan afectando los derechos de los más pobres y vulnerables, tanto en los procedimientos policiales como en el manejo de protestas sociales. Esto debe estar acompañado por un sistema más robusto de seguimiento y conteo de casos: la ausencia de datos sistematizados y públicos que consideren la desigualdad socioeconómica evidencia una falta de transparencia de las instituciones policiales, lo cual dificulta a la sociedad civil realizar investigaciones y proponer reformas sobre la materia. Dicha falta de transparencia en el acceso a la información impide que haya seguimiento y celeridad en las investigaciones, tanto disciplinarias como penales, contra los agentes de policía que cometen conductas violentas y discriminatorias, y que muchas veces terminan acabando con la vida de las personas, especialmente de las más jóvenes.
Finalmente, creemos que hay otros temas pendientes, como la necesidad de adoptar políticas estructurales para reducir la pobreza y la desigualdad, y mejorar la efectividad del sistema de sanciones disciplinarias y penales a los agentes de Policía, que requieren más investigación. Estos dos ejes son muy importantes por, al menos, tres razones. Primero, la falta de investigación y sanción de los casos de abuso puede generar la sensación de impunidad entre las mismas autoridades policiales, lo cual, a su vez, podría favorecer que continúen cometiendo excesos en el uso de la fuerza, tal como lo sugieren Durlauf y Nagin (2011). Segundo, las brechas económicas también suelen estar asociadas a dificultades en el acceso a la justicia de los más vulnerables, porque denunciar la represión policial ante el sistema judicial implica una serie de costos que las personas pobres no pueden asumir, lo cual puede crear la sensación de desconfianza en el sistema judicial. Y, tercero, la protesta social generalmente está relacionada con la lucha por derechos sociales frente a un Estado incapaz de asegurarlos, lo cual puede generar un rechazo a la institucionalidad por su falta de compromiso y acción frente a los reclamos populares.