La retórica sobre los PDET

Escrito junto a Hobeth Martínez, investigador del EJTN

El gobierno nacional ha hecho poco por la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz, que busca la transformación socioeconómica de los territorios más afectados por el conflicto armado. Pese a que el papel desempeñado por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación en relación con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) le permite al gobierno mostrar cifras, un análisis detenido sugiere que el compromiso con aspectos esenciales de los PDET sería puramente retórico.

La decisión política de soslayar el cumplimiento directo del Acuerdo, a través de la política de Paz con Legalidad, afortunadamente no le impidió al gobierno continuar con los PDET. Emilio Archila, quien dirige la citada Consejería, ha repetido que ‘recibieron 2 y formularon 14 planes PDET’. Esta es una verdad a medias. Es cierto que la mayoría de los Planes de Acción para la Transformación Territorial, los instrumentos en que se concretan los PDET, fueron firmados después del 7 de agosto de 2018, con la excepción de dos (Sur de Bolívar y Arauca, del 3 de agosto de 2018). El Consejero no menciona, sin embargo, que todos los otros planes fueron firmados dentro los seis meses siguientes y que, por ende, ya estaban muy adelantados o casi listos cuando fue nombrado para el cargo.

Este detalle sería completamente irrelevante si hubiera habido un compromiso real con el cumplimiento de los planes, reflejado en una robusta y sostenida inversión presupuestal. Pero no ha sido así, pese a los billones en inversión que suele mencionar el Consejero. En un reporte que realizamos sobre este tema, encontramos reducciones y estancamientos de la asignación presupuestal a instituciones directamente involucradas en la ejecución de los PDET.

La Agencia de Renovación del Territorio, quizá la institución más importante a la hora de implementar los PDET, sufrió un recorte presupuestal del 11 % en el año 2020, seguido por aumentos menores al 1% para las vigencias 2021 y 2022. La Agencia Nacional de Tierras, entidad de la que depende la asignación de tierras en el país, enfrentó un recorte del 25 % para el año 2020. El Ministerio de Agricultura experimentó recortes presupuestales incluso más severos: en la vigencia presupuestal 2019-2020 su presupuesto se redujo alrededor del 40,8 %.

En periodos posteriores, los aumentos no han alcanzado a igualar el presupuesto de esas entidades en el 2019, y se han presentado incluso más recortes. Este es el caso de la Agencia de Desarrollo Rural, entidad a la cual se le redujeron recursos en los años 2019 y 2020, al igual que en 2022, en donde nuevamente se redujo su presupuesto en un 4,9%. Estas cifras serían menos alarmantes si se observara una reducción generalizada del presupuesto en todos los sectores y entidades, pero este no es el caso.

A falta de una inversión presupuestal decidida, los directores territoriales de cada una de las oficinas de la Agencia de Renovación del Territorio en las regiones PDET tienen que gestionar los recursos directamente ante los ministerios, agencias de cooperación y otros actores. Esto se ha convertido en una especie de competencia por atraer recursos que ha llevado, en palabras de la Procuraduría General de la Nación, a que los PDET dependan de ‘criterios de priorización como (…) la disponibilidad de recursos por parte de la cooperación internacional o la habilitación de las fuentes de financiación para la Paz como es el caso de regalías’. Esto ha producido una marcada inequidad entre las regiones PDET, pues unas concentran los recursos. Sugiere, también, que el compromiso presupuestal con los PDET no es tan claro.

Otro aspecto problemático tiene que ver con la participación ciudadana. En las primeras fases de elaboración de los PDET, las comunidades rurales de las regiones priorizadas pudieron participar masivamente, al punto que se calcula que participaron alrededor de 200.00 personas. Esto contrasta radicalmente con lo que ha sucedido desde la llegada del gobierno Duque. Así, ‘(…) entre la finalización de los PATR y el inicio de la implementación de las iniciativas (…) las comunidades han percibido una disminución en acceso a la información y en su participación en la toma de decisiones’.

Ante esa situación, organizaciones de la sociedad civil e instituciones que hacen seguimiento o verificación al Acuerdo (como el CERAC/CINEP o el Kroc) han recomendado que se facilite la participación en las regiones PDET.

Finalmente, los PDET no podrán tener el efecto que se espera de ellos si no se articulan con los 16 Planes Nacionales para la Reforma Rural, políticas públicas que deben ser diseñadas por el gobierno nacional. Esto es así porque, por ejemplo, las demandas de educación de las comunidades rurales solo podrán ser atendidas si existe una política pública sobre la materia. De acuerdo con el Plan Marco de Implementación, todos estos planes debieron estar listos en el 2018, lo que no sucedió y hoy en día aún faltan tres por expedirse. El efecto de esta situación es que la implementación de los PDET no ha sido integral debido a la falta de políticas públicas rurales.

Sin presupuesto robusto y sostenido, sin participación ciudadana y sin articulación con otras políticas públicas, lo que queda frente a los PDET es más retórica y cifras rimbombantes, que un compromiso real con la transformación territorial.