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“Los ricos no necesitan la ley porque ya tienen poder y dinero; son los pobres los que precisan el derecho”, dijo alguna vez Albie Sachs, el legendario activista sudafricano que asesoró a Mandela en los diálogos de paz y llegó a ser juez de la primera Corte Constitucional posterior al apartheid.  

“Los ricos no necesitan la ley porque ya tienen poder y dinero; son los pobres los que precisan el derecho”, dijo alguna vez Albie Sachs, el legendario activista sudafricano que asesoró a Mandela en los diálogos de paz y llegó a ser juez de la primera Corte Constitucional posterior al apartheid.  

Pasar de la ley del más fuerte, la del conflicto armado, a la ley para todos de la paz y el Estado de derecho es la “suave venganza” de las víctimas, como lo escribió Sachs en un hermoso libro. Víctimas como él, que perdió un brazo y un ojo en un atentado de los paramilitares del apartheid, y que le apostaron al derecho cuando habrían podido cobrar la venganza cruda de la política y la guerra.   

Y sin embargo en Colombia, en la hora histórica de acabar nuestra propia guerra, se oyen llamados a tirar por la borda el derecho, a reducir la paz a un acuerdo político entre jefes de ambos bandos que se desentienda de la justicia internacional y los derechos de las víctimas. Llamados a los guerreros de lado y lado a no seguir “fingiendo que están ante las puertas de la ley, que esto es un problema de cárceles y de tribunales, sabiendo que están en un país donde las únicas soluciones que no existen son las soluciones jurídicas”, como lo escribió William Ospina en estas páginas. 

Lleva razón Ospina en que la cárcel no es la única forma de justicia. También en sospechar que detrás de la exigencia inflexible de prisión como castigo por los crímenes de las Farc (pero no de otros responsables de crímenes atroces en el conflicto) está el deseo apenas velado de los opositores del proceso de paz de que naufraguen las negociaciones. Pero se equivoca en pensar que la justicia transicional no admite otras formas de privación de la libertad o de sanción, como lo he explicado en otras columnas y lo dijo el vicefiscal de la Corte Penal Internacional. Hay fórmulas que permiten conciliar la política y el derecho, la paz y la justicia, como la privación de la libertad en lugares distintos de la cárcel para los máximos responsables de los crímenes más graves, tanto de las Farc como de los demás bandos del conflicto. 

Se equivoca, sobre todo, al desdeñar el derecho y los derechos. En esto termina asemejándose a sus opositores políticos, como los partidarios del Estado de opinión del uribismo, que suscribirían la reivindicación de la política pura del escritor y su crítica contra “los mil meandros jurídicos” del país.

Resulta que en esos meandros han encontrado refugio las víctimas, como los pueblos indígenas de la bella trilogía del novelista, que han usado la Constitución como escudo frente a los violentos de todo tipo. Sabemos también que la política cruda, la de los caudillos de derecha e izquierda que se sacuden de los límites que les impone la ley, es un juego vertiginoso donde el ganador de turno se lleva todo y los poderosos ganan la partida en el largo plazo.

La ley es así: lenta, imperfecta, desigual. Pero es preferible a la ley del más fuerte.

 Consulte la publicación original, aquí.

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