La suerte aún no está echada: un impuesto por el futuro de los niños

Aprovechando las discusiones actuales sobre la reforma fiscal, propuesta por un gobierno que dice estar preocupado por construir un futuro entre todos y que dice abanderar la sostenibilidad ambiental y la equidad, traemos en esta columna una propuesta de recaudo y gasto por el bienestar de los que aún no votan: ampliar el Impuesto Nacional al Carbono y usar lo recaudado para invertir en educación universal a la primera infancia.

Aunque hoy en día se ven las consecuencias de las acciones de nuestros antepasados en el sistema planetario, la ciencia estima que lo peor aún no ha llegado. Si la trayectoria por la que va nuestra sociedad sigue en las mismas, para el 2065 podemos esperar un planeta dos grados celsius más caliente que hace 250 años. Una temperatura intolerable para la vida de la mayoría de nuestra especie.

El 2065 no está tan lejos como parece. Un niño que nazca hoy tendrá apenas 44 años. En un escenario menos catastrófico, es decir menos caliente, el acceso al agua potable estaría limitado para unos cuantos, las olas de calor serían más largas, las temporadas lluviosas más intensas y los demás eventos extremos mucho más frecuentes. Asimismo, la superficie del planeta habitable se reducirá drásticamente acentuando el problema de escasez que mucha gente vive hoy. Probablemente, aquellos que aún ni votan se verían en continuos enfrentamientos civiles por su supervivencia, una migración constante y una realidad donde el futuro sería aún más incierto. Dado que la vulnerabilidad a los desastres está correlacionada con la riqueza y el ingreso de los hogares, son los más pobres quienes tienen un mayor riesgo de sufrir un desastre. 

Pero los niños y las niñas en Colombia no solo enfrentan riesgos asociados con la crisis climática. A pesar de los logros de las últimas décadas, las oportunidades educativas y laborales son, para muchos, inciertas y limitadas y dependen aún en gran medida de quienes son sus padres. Pensemos en la educación en la primera infancia. 

De acuerdo con el DNP, en el 2017, el 17 por ciento de los niños entre 0 y 6 años del país fue atendido en instituciones públicas o privadas preescolares y otro 30 por ciento, por el ICBF, no todos en la modalidad integral, que es aquella que ha sido considerada efectiva. Así, más de la mitad de los niños de esa edad no estuvieron vinculados en ningún programa o institución de educación y cuidado a la primera infancia. Son, además, sobre todo los niños pobres quienes no acceden a estos servicios y, si lo hacen, es en programas de cuidado y no educativos, más esporádicos, menos formales y con menos recursos y herramientas para desarrollar las habilidades que les servirán en el resto de su vida. A pesar de que el programa de atención a la primera infancia es uno de los más importantes dentro del presupuesto de inclusión social, al cual se piensa destinar el 3,49 % del Presupuesto General de la Nación del 2022, aún la inversión no ha sido suficiente para asegurar este derecho a todos los niños. 

Un impuesto por el futuro de los niños: Nuestra propuesta

Una de las buenas sorpresas del Proyecto de Ley (PL) de Solidaridad Sostenible fue el aumento de la base gravable para incluir el consumo nacional de carbón y el gas licuado, así como el incremento de la tarifa de la contaminación y la inclusión de todos los gases de efecto invernadero en el impuesto nacional al carbono. No obstante, la dicha y la esperanza duró hasta que el nuevo proyecto de Inversión Social fue presentado, ahora sin estas modificaciones positivas. Es como si al presidente y a su equipo se les hubiese olvidado que el futuro es de todos y la agenda climática se trabaja desde todos los frentes, lo que tanto proclama. 

Nosotras no queremos exigirle al gobierno algo más de lo que ellos ya habían propuesto antes: las modificaciones al Impuesto Nacional al Carbono que tenía el PL de Solidaridad Sostenible. Ahora bien, el cambio está en usar ese recaudo extra para invertirlo en cerrar las brechas de  oportunidades entre niños, la población en mayor riesgo ante las emisiones de gases de efecto invernadero que produzcamos hoy. De últimas, tiene sentido que quienes afectan el futuro de los niños y niñas al contaminar paguen por ello y que lo que así se recaude también sea usado para que esos mismos niños y niñas tengan un futuro más justo y con más oportunidades, además de la mitigación. 

El recaudo de las modificaciones al Impuesto Nacional al Carbono, entonces, puede usarse para invertir en programas públicos de educación para la primera infancia; por ejemplo, para mejorar la infraestructura, fortalecer las estrategias y herramientas didácticas y capacitar a los trabajadores y maestros, de tal manera que se pueda ampliar el número de niños y niñas beneficiarios y que se cierren las brechas de calidad que empiezan a aparecer en esta etapa.

Los expertos han repetido hasta el cansancio que la educación, la salud y el cuidado a esta edad son unas de las mejores inversiones que cualquier economía puede hacer. En general, las tasas de retorno de las inversiones en capital humano disminuyen con la edad del individuo: entre más adulto, menores retornos. Esto se debe a que el cerebro de un niño pequeño aún está en formación, por lo que es maleable y tiene mayor capacidad de aprendizaje. Cuando este periodo de desarrollo acelerado se acompaña con los insumos, estímulos y herramientas adecuados, los beneficios son inmensos y se ven a lo largo de toda la vida. Es también por ello que resulta más difícil y costoso, más adelante, cambiar el rumbo y cerrar las brechas de habilidades, tanto cognitivas como no cognitivas, que se hayan adquirido (o no) en este periodo. Tanto es así, que el desempeño en la primera infancia predice en buena medida otras dimensiones futuras como el nivel de escolaridad, los ingresos laborales, el embarazo adolescente, el nivel de criminalidad y la participación en programas asistenciales. 

 Estas inversiones, a la vez, ayudan a que el destino de los niños y las niñas dependa menos de quienes son sus padres y sus abuelos, como ocurre hoy. De lo contrario, se corre el riesgo de que el ciclo vuelva a comenzar en la siguiente generación, con peores resultados aún, tanto individuales como sociales: la desigualdad no sólo es injusta sino que entorpece la cohesión social y el crecimiento económico de las naciones. 

Si bien acceder a la universidad puede representar una mejora significativa en la calidad de vida de los beneficiarios y sus allegados, las herramientas necesarias para llegar hasta ese punto se adquieren en etapas mucho más tempranas del ciclo de vida. Entonces, cuando hay brechas desde la primera infancia, las oportunidades de una matrícula gratuita en Instituciones de Educación Superior pueden perpetuar desigualdades intergeneracionales. Lo mismo puede suceder con otro tipo de políticas que buscan generar oportunidades para población sobresaliente pero en edades adultas. Esto no quiere decir que no sean políticas necesarias para el crecimiento económico y la inclusión social. Sin embargo, es necesario que el portafolio del gobierno también se enfoque en la primera infancia y las ganancias que nuestra sociedad y economía puede obtener.

Hay otras formas de usar este recaudo extra, pero esta propuesta tiene un objetivo compensatorio en la población cuyo futuro está en mayor riesgo. Hay que tener en cuenta que el recaudo del impuesto al carbono tiene que caer en el tiempo, sino no estaríamos cumpliendo con su principal objetivo: disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Tanto la inversión en estrategias de adaptación como de gestión del riesgo, dos opciones alternativas de gasto de lo recaudado, necesitan aumentar a medida que pasan los años. Si bien la inversión en la primera infancia también debería aumentar, una inyección de capital durante unos años, como la que proponemos, puede mejorar significativamente la cobertura y la calidad. Por otro lado, tener subsidios para aliviar las cargas fiscales sobre el uso de combustibles fósiles no sólo haría más costoso el proceso de descarbonización de la economía sino que tendría implicaciones regresivas. Además, las modificaciones sobre el impuesto son graduales para así reducir los impactos distributivos negativos de este proceso de descarbonización. 

A los intereses y preferencias de los niños, hoy se les concede una participación limitada en los debates políticos, en buena medida porque no pueden aceptar o rechazar a través de las urnas las decisiones que los afectan. Pero su  bienestar, tanto los de aquellos que están hoy en el mundo como de los que nacerán en el futuro, deberían ser considerados con la misma atención que los de los adultos. Los niños y las niñas no solo merecen sino que también nos exigen un futuro que sea, si no mejor, por lo menos igual al que hemos podido gozar nosotras. En otras palabras, no le debemos nuestra solidaridad y nuestra responsabilidad solo a nuestros contemporáneos, sino también a quienes nazcan y sigan viviendo una vez que hayamos muerto. Tampoco debemos sobrecargarlos con problemas que nosotros causamos y  no pudimos resolver: sería como dejar una inmensa deuda y un sinfín de problemas a nuestros hijos y nietos.

A diferencia de los niños, niñas y los que aún no han nacido, el sector de combustibles fósiles puede votar por sus intereses en las urnas e incluso tiene suficiente poder político para influir en las decisiones que se toman en el país. Hoy el Proyecto de Ley para modificar nuestro estatuto tributario y el gasto del gobierno está en manos del Congreso. Es momento de que las futuras generaciones empiecen a ser tenidas en cuenta a la hora de legislar. Esperar otra legislatura u otro gobierno es poner en riesgo el futuro de todos.