La Suprema y su lucha por el agua

La Suprema es una de las numerosas veredas que rodean el municipio de Marialabaja, en el norte de Bolívar. El poblado de 400 habitantes lo fundaron hace 25 años campesinos que llegaron al lugar huyendo de la guerra. Encontraron una tierra fértil, bordeada de un embalse, con espacio para sembrar y numerosos ojos de agua dulce y potable. Allí resistieron la violencia paramilitar que se impuso desde finales de los noventa.

Cuando pensaron que su situación mejoraría, tras la desmovilización del llamado Bloque Héroes Montes de María, se aceleró el cambio en el uso del suelo y de los recursos naturales que se destinaron a alimentar grandes monocultivos, como lo indican estudios que muestran que, entre 2006 y 2015, el área cultivada con palma de aceite en el municipio de Marialabaja creció 224%, pasando de 3.400 a 11.022 hectáreas.

Hoy, un sobrevuelo por la zona permite ver un poblado literalmente cercado de palma que se traga el agua que antes servía a los cultivos tradicionales. Los efectos en la vida de la gente empezaron a sentirse de inmediato: los caminos reales que permitían el acceso rápido a arroyos y fuentes de agua fueron cerrados; el espacio para sembrar se encogió porque empresarios del suelo aparecieron providencialmente para comprar o asociarse con pequeños propietarios vecinos; los ojos de agua comenzaron a “saber raro”; periódicamente, ocurrió la muerte masiva de peces en el embalse y aparecieron enfermedades en la población que afectaron de manera especial a niños y niñas.

Algunos de estos daños fueron descritos por habitantes de La Suprema en una acción popular presentada en 2011, en la que denunciaron la muerte de 7 menores de edad por causas asociadas a problemas gastrointestinales. Como prueba aportaron estudios de las fuentes de agua que mostraban las pésimas condiciones que la hacían no apta para el consumo humano.

El 29 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cartagena dictó sentencia en contra  del Municipio de Marialabaja y a favor de La Suprema, en una decisión que extiende sus efectos a todo el municipio. La orden fue garantizar agua potable en un plazo máximo de 24 meses, y medidas transitorias que lleven el liquido a La Suprema. Cuatro años después, el acueducto municipal avanza lentamente, mientras tanto en la vereda se instaló una motobomba que se daña continuamente.

Más allá de la acción de desacato que pueda presentarse para hacer cumplir el fallo, es importante no perder de vista que Marialabaja es uno de los municipios priorizados en la implementación de la reforma rural integral que plantea el Acuerdo de Paz. En este contexto, el ordenamiento social de la propiedad rural, y la construcción de los planes que resultan de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que coordinan la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio, podrían convertirse en la oportunidad para garantizar no solo el acceso a servicios básicos en la zona rural, sino asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.

Los escenarios participativos que ofrece el Acuerdo pueden hacer visibles las tensiones que generan las diversas visiones sobre el desarrollo rural que hay en los territorios, y en lo local lograr consensos que permitan una planificación coherente con la función ambiental y social de la propiedad.

Esta también podría ser la oportunidad para profundizar el impacto de los mecanismos de justicia transicional consagrados en la Ley de Víctimas, de un lado, haciendo realidad los planes de reparación colectiva con medidas enfocadas a la reparación del daño ambiental y, por otra parte, incluyendo en los procesos de restitución de tierras diagnósticos y solicitudes que conduzcan a sentencias que respondan al despojo de recursos naturales ocurridos en el marco o con ocasión del conflicto.

En suma, estamos ante la posibilidad de resolver integralmente viejas tensiones que originen nuevos conflictos.