La universidad pública: una institución que vale la pena salvar

El 10 de octubre, estudiantes, profesores y hasta administrativos pasaron por la puerta de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, una de las mejores universidades del país. Estos fueron los primeros pasos de una marcha por la educación pública, que llegó hasta la Plaza de Bolívar, la sede del gobierno. A pesar de la lluvia, miles de estudiantes de instituciones tanto públicas, privadas y técnicas salieron a la calle con cantos y canciones, al igual que lo hicieron sus pares en ciudades alrededor del país.

Para los estudiantes de la Nacional en Bogotá, éste sería el primer día de lo que se convirtió en un paro estudiantil que lleva más de un mes, apoyado por más de 32 universidades de toda Colombia. Por medio de las marchas los estudiantes exigen una solución para la crisis financiera que enfrenta la educación superior. Los estudiantes han marchado públicamente con antorchas, disfrazados, con lápices gigantes, y sin obstruir vías de tráfico, llevaron velas en una protesta que evoca una vigilia. Aunque los estudiantes han hecho un gran esfuerzo para preservar la imagen de su movimiento (incluso limpiaron grafitis mientras marchaban). A pesar de esto, las últimas manifestaciones han terminado en enfrentamientos con la policía. Preocupados, grupos de derechos humanos han denunciado el uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias e ilegales y la desaparición de estudiantes.

Durante la marcha del 10 de octubre en Bogotá, estudiantes aclaman mientras pasa una camioneta pitando en solidaridad. Foto por Lucas Paulson.

En Colombia, las universidades públicas han llegado al límite. De acuerdo con el movimiento, las universidades públicas necesitan 3,2 billones de pesos colombianos ($1 billion USD) para pagar los sueldos de los profesores y costos administrativos. El déficit de infraestructura necesita de unos 15 billones de pesos ($4.7 billion USD). Además, los estudiantes están pidiendo 580.000 millones de pesos más para poder terminar el semestre.  

El gobierno del presidente Iván Duque respondió al movimiento aumentando el presupuesto para el año que viene 500.000 millones de pesos, y se comprometió a buscar más recursos para los próximos años. Aunque lo anterior demuestra voluntad política, la preocupación se mantiene ya que la respuesta no asegura la sostenibilidad del sistema educativo actual. Expertos atribuyen la crisis a la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se otorga el financiamiento a las universidades públicas de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A pesar de que el indicador se actualiza según la tasa de inflación, no se tiene en cuenta el crecimiento de la cobertura que ha aumentado 284% en las instituciones públicas desde el año 1993, ni otros gastos imprevistos, como el wifi, que son herramientas necesarias de las instituciones educativas. Los estudiantes han tenido que soportar el costo de esta discordancia: en los últimos cuatro años, el costo de matrícula se ha duplicado. Se estima que unos 50.000 estudiantes en Colombia no tienen cómo pagar sus deudas estudiantiles.

Es más, este patrón no se ve solo en Colombia. En el último año, Argentina, Chile, y Francia han protagonizado fuertes manifestaciones relacionadas con la equidad y el acceso a la educación superior. En países como los Estados Unidos, el financiamiento de la educación pública ha ido decreciendo. Entre 2008 y 2013, en varios estados del país se redujo el financiamiento a las universidades públicas por un 20%. Un caso notable, el entonces gobernador del estado de Wisconsin, Scott Walker recortó el presupuesto bienal de la University of Wisconsin por $250 millones de dólares ($794 billones COP). La universidad tuvo que despedir personal, reducir fondos para la investigación y eliminar cursos. Muchos investigadores prestigiosos se fueron, y disminuyó su posición en los rankings de calidad.

La educación pública: ¿El gran ecualizador?

¿Y entonces? El gobierno no puede financiar todo, y las universidades son más un lujo que una necesidad, ¿cierto?

Es cierto que sería más fácil ceder a estas ideas del individualismo y la escasez de recursos, sin embargo, estos discursos ignoran que los presupuestos siempre son el producto de decisiones de las personas. Esto no se trata de la economía en abstracto; la desfinanciación de la educación pública es una decisión consciente de los políticos de no priorizar la educación. Y esta decisión tiene sus consecuencias.

Entre 1979 y 2012, la brecha de ingresos en los Estados Unidos entre una familia de dos egresados universitarios y una familia de dos graduados de secundaria era de $30.000 USD ($95 millones COP). Un trabajador en los Estados Unidos con un título universitario gana 74% más que alguien que solo tiene el bachillerato. En Colombia, una investigación estima que la tasa de retorno para los que terminan la educación superior es 23% para un título de pregrado y 53% para una maestría. En los países que hacen parte de OCDE, los que tienen un título en educación superior ganan en promedio 55% más que los que no. Aunque es cierto que solamente la educación no puede resolver la desigualdad, el rol que tiene es fundamental. Esto es una de las doctrinas de la educación pública—que las oportunidades que ofrece la educación no deben estar disponibles sólo para los que tengan los recursos.

Sedes Regionales: La Universidad Nacional de Colombia tiene cuatro sedes ubicados en unas regiones apartadas del país, haciendo que más gente tenga acceso a la universidad. Foto por Lucas Paulson.

¿Privatizar o universalizar?

Sin embargo, mientras el financiamiento de la educación pública va decreciendo, les toca a las instituciones educativas buscar los fondos de otras fuentes, lo que normalmente significa una mezcla de aumentar el costo de matrícula y privatizar. Los dos corren el riesgo de intensificar los índices de desigualdad.

Los argumentos a favor de privatizar la educación normalmente se basan en la idea de que la lógica del mercado puede mejorar la calidad de la educación a través de la competencia, hacer la institución más eficiente (es decir, reducir el despilfarro), y mejorar el acceso. Es verdad que el crecimiento de instituciones privadas aumentó el acceso a la educación. Sin embargo, estudios muestran que aquellos con un mejor estatus económico se benefician más por la desregulación, y que  la competencia entre estas instituciones no necesariamente significa un mejoramiento en la calidad de las mismas.

La introducción del modelo empresarial en la esfera de la educación superior implica también un costo en términos del enfoque de los fondos y la energía de la universidad. Ante la desfinanciación estatal en los Estados Unidos, muchas universidades contratan a administradores parecidos a los que tienen las corporaciones para recortar los gastos, quienes, además, ganan ingresos altísimos. Dentro la University of California, Berkeley, la cantidad de funcionarios principales es cinco veces el número de hace veinte años, mientras el número de profesores casi no ha crecido nada. Lo que también es preocupante en todo el país, es que se ha visto un cambio en el porcentaje de profesores de planta y profesores de cátedra: en 40 años, la proporción cambió de 57:43 a 34:66. Esto significa menos puestos deseables, que se traduce en un aumento a la presión que sienten los profesores y los estudiantes de posgrado para publicar, y arriesga una disminución al estudiantes inscritos en un posgrado, lo que significa menos tiempo y menos personas dedicados al trabajo de la enseñanza. Es más, cuando las universidades públicas dependen más de fuentes exteriores para la financiación (a través de asociaciones con empresas), hay un claro riesgo del rol de la educación como un bien público, al servicio de la sociedad.

La Universidad Nacional de Bogotá alberga «Cátedra Construyendo Paz.» Frecuentemente, las universidades públicas son centros de proyectos y eventos con fines de trabajar por el bien de la sociedad. Fuente: MARCHA PATRIÓTICA, Flickr (CC BY-ND 2.0).

A pesar de todo, las soluciones no son muy claras. Educación gratuita y universal se ha convertido en una bandera de lucha para muchos defensores de la educación. Un caso al que se refiere frecuentemente es el de Chile: en 2016, como respuesta a las movilizaciones estudiantiles de 2011, Chile inició un programa para lograr, de manera progresiva, la educación superior gratuita, es decir, sin costo de matrícula. Parece que el programa ha logrado mejorar el acceso a la educación superior.

Sin embargo, un informe realizado por Brookings Institution indica que, en su mayoría, el programa ha reemplazado otros apoyos financieros más personalizados, como las becas y los créditos (estudiantes de recursos bajos recibieron entre 63-70% del costo de la matrícula en becas). Entonces, las personas que se benefician más del nuevo programa son aquellos que anteriormente no cumplían con los requisitos académicos necesarios para acceder a una beca. Esto indica que tal vez se hubiera podido mejorar el acceso para estudiantes de bajos recursos mediante un cambio en el nivel académico exigido.

Lo que causa más preocupación es la consecuencia imprevista de restringir el acceso de estudiantes de los estratos más bajos a las universidades más competitivas. Cuando se hace más accesible el apoyo económico para estudiantes de clase media, las universidades se hacen más selectivas, dejando por fuera  estudiantes de bajos recursos con rendimientos académicos menos sobresalientes. De acuerdo con un estudio del MIT, cuando el programa acabe de ser implementado, es posible que se vea una disminución hasta del 20% de cobertura para estudiantes de bajos recursos.

El activismo estudiantil en Chile en 2011 resultó en el programa «gratuita» de matrícula sin costo. Fuente: Francisco Osorio, Flickr (CC BY 2.0).

Así pues, gratis no siempre significa mejor. Importan los detalles de la política. Sin embargo, la educación pública es una institución de importancia vital para la sociedad—una en la que seguramente vale la pena invertir. Aun así sea verdad que la demanda para la educación ha llegado a un nivel donde la integración de actores privados sea necesario, estos intereses deben ser manejados y controlados de manera que se preserven los valores de la institución.

Al fin y al cabo, esta es la problemática que representa los recortes a la educación pública, que nos lleva a la hora de verdad. En los Estados Unidos, en Colombia, en Francia, en todo el mundo, se están preguntando por la finalidad de la educación. ¿Será que es solo para preservar y recompensar los intereses que ya están conferidos y privilegiados? O, ¿es el propósito de la educación impactar en equidad, en el acceso, en el enriquecimiento de nuestras sociedades y nuestras vidas con el conocimiento, el descubrimiento y con la comunidad? ¿Nos vamos a marchitar ante los desafíos de la financiación, o vamos a luchar para construir los sistemas y las regulaciones que protegerán e invigorarán, de manera sostenible, los valores por cuales exista la educación pública?

En las calles de Bogotá, las voces de los/as jóvenes cantan:

Soy estudiante, soy

Soy estudiante, soy

Quiero estudiar

Para cambiar la sociedad

Los gobiernos, ¿las escuchan?