Ignorar, desconocer o minimizar la gravedad de estas denuncias y en general de la situación que afecta la región debilita el ejercicio de la participación política. | Archivo El Tiempo

En días pasados, decenas de líderes sociales de la región se reunieron en el corregimiento de Caracolí (El Carmen de Bolívar), en una asamblea convocada por el Movimiento Pacífico Alta Montaña, donde denunciaron que varios de ellos se han desplazado por cuenta de amenazas y extorsiones.

En días pasados, decenas de líderes sociales de la región se reunieron en el corregimiento de Caracolí (El Carmen de Bolívar), en una asamblea convocada por el Movimiento Pacífico Alta Montaña, donde denunciaron que varios de ellos se han desplazado por cuenta de amenazas y extorsiones.

El clima de tranquilidad que reinaba en buena parte de los 15 municipios que conforman los Montes de María, en los departamentos de Sucre y Bolívar, poco a poco empieza a enrarecerse por el rebrote de la violencia.

Son varias las personas y organizaciones que lo denuncian. La Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana 006-2020 ha advertido la inminente consolidación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en El Carmen de Bolívar, principal municipio de esa subregión. Dicho grupo apunta a controlar el territorio mediante amenazas, seguimientos y desplazamiento forzado contra líderes sociales, confinamientos barriales y restricciones a la movilidad ciudadana, y circulación de mensajes intimidantes a través de panfletos o redes sociales, dirigidos a organizaciones sociales.

En días pasados, decenas de líderes sociales de la región se reunieron en el corregimiento de Caracolí (El Carmen de Bolívar), en una asamblea convocada por el Movimiento Pacífico Alta Montaña, donde denunciaron que varios de ellos se han desplazado por cuenta de amenazas y extorsiones. Las denuncias están acompañadas de la exigencia de acciones a las autoridades y pedidos de solidaridad a la sociedad civil.

A pesar de la contundencia de las denuncias, resulta alarmante que la respuesta de las autoridades sea desestimar la presencia de este grupo ilegal. Reina la percepción de una débil implementación de las acciones preventivas y de protección a la vida, la integridad y la libertad de reunión de líderes, lideresas y organizaciones de base que trabajan por la construcción de la paz territorial.

El triángulo geográfico conformado por los municipios de El Carmen de Bolívar, San Onofre y Maríalabaja, por su posición estratégica en lo económico y militar, ha sido históricamente disputado por diversos grupos armados ilegales. En un pasado no muy lejano, estos grupos dejaron tras de sí una estela de masacres, homicidios, desplazamientos forzados y despojo de tierras que los habitantes no quieren, ni están dispuestos a repetir.

Preocupa enormemente que el Estado no reconozca la presencia cada vez más fuerte y evidente que las AGC tienen en la subregión, tal como lo recoge la alerta de la Defensoría. Esta actitud nos recuerda la omisión institucional que se vivió años atrás en la zona. Omisión que facilitó el fortalecimiento de los grupos armados y profundizó la desconfianza en las autoridades civiles y militares.

Ignorar, desconocer o minimizar la gravedad de estas denuncias y en general de la situación que afecta la región debilita el ejercicio de la participación política -ante el miedo, los líderes y lideresas sociales prefieren replegarse para proteger su vida- y acrecienta la impunidad y los obstáculos para acceder a la justicia -ante la falta de resultados las víctimas se inhiben de denunciar los hechos violentos-.

Al convocar la asamblea para exigir respuestas institucionales frente al contexto de inseguridad, las comunidades de la zona alta de la montaña mostraron nuevamente su poder de resistencia. A este espacio asistieron más de 200 personas entre campesinos y campesinas, integrantes de la sociedad civil, académicos, organismos internacionales de verificación del Acuerdo de Paz e instituciones civiles y militares.

Sin embargo, salvo la Comisión de la Verdad, que puso a disposición su labor de esclarecimiento, convivencia y no repetición para contribuir a reforzar el proceso de reconciliación comunitaria que vive esta población, las autoridades presentes no ofrecieron respuestas claras frente a los hechos denunciados por la Defensoría del Pueblo.

Si el Estado no empieza por reconocer la presencia de grupos armados ilegales y su gran potencialidad de daño, no se podrá contrarrestar la violencia, como tampoco se podrán responder las demandas de seguridad y protección que exige la población civil, en especial los líderes y lideresas sociales.

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