La visita de la CIDH fue un punto de partida, no de llegada
Dejusticia junio 28, 2021
La CIDH culminó su visita de trabajo en Colombia el pasado 10 de junio. | Ernesto Guzmán, EFE
Si el Estado colombiano quiere restaurar la confianza ciudadana en las instituciones, debería aceptar la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y brindar todas las condiciones para su buen funcionamiento en cuanto el tema esté sobre la mesa.
Si el Estado colombiano quiere restaurar la confianza ciudadana en las instituciones, debería aceptar la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y brindar todas las condiciones para su buen funcionamiento en cuanto el tema esté sobre la mesa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó su visita de trabajo en Colombia el pasado 10 de junio. Fueron tres días de reuniones con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y otros actores, pero sobre todo con cientos de víctimas (no solo las que sufrieron la violencia de la Fuerza Pública, sino también aquellas que se sintieron afectadas por el paro) que tanto en Bogotá como en Cali, Popayán y Tuluá, solicitaron un espacio para dar cuenta de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas que iniciaron en el país el 28 de abril. Además de los testimonios recopilados durante la visita, la CIDH recogerá de manera virtual unos 2000 testimonios más. Sin embargo, la tan esperada visita de la CIDH fue un punto de partida, no de llegada.
En primer lugar, es importante precisar que la visita fue un verdadero logro de la sociedad civil y de la ciudadanía colombiana, apoyada por organizaciones internacionales, quienes solicitaron esta visita a la CIDH desde los primeros días de las protestas, dada la magnitud de los excesos de la fuerza pública, que han resultado en decenas de asesinatos, miles de heridos, actos de tortura y violencia sexual y desapariciones. Antes de que se lograra la necesaria anuencia del Estado, las organizaciones de la sociedad civil estuvieron en vilo: renunció la canciller Blum y nombraron en el cargo a la vicepresidenta Martha Lucía Ramirez. La nueva canciller le dijo a la CIDH que visita sí, pero no ahora; luego, que después de la audiencia de oficio sobre Colombia —que finalmente no se hará—, y finalmente que sí pero condicionada a una agenda específica. La autorización del Estado no hubiera sido posible sin la presión de la opinión pública, los medios de comunicación y las redes sociales impulsada por las organizaciones de derechos humanos colombianas.
Pero ni el trabajo de la CIDH ni el de la sociedad civil termina ahí. La CIDH emitirá un comunicado con sus observaciones preliminares y recomendaciones al Estado colombiano en los próximos días. Corresponde a la sociedad civil monitorear su cumplimiento e insistir en que la CIDH haga un uso integrado de los mecanismos que tiene a su disposición para darle el seguimiento que requiere la grave situación en Colombia.
Así lo ha hecho en otros escenarios en el continente con la instauración de los Mecanismos especiales de seguimiento y los Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), como el que fue conformado luego de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, en México. Fue también el caso en Nicaragua luego de la visita de la CIDH en el marco de las protestas de abril y mayo de 2018, donde no solo se instauró el MESENI sino que además muy rápidamente se firmó el acuerdo para la instauración del GIEI. Desafortunada pero no sorprendentemente, al gobierno de Ortega le faltó voluntad política y nunca permitió que se mostraran los expedientes al GIEI, y luego, algunos meses después, ordenó sacar a la CIDH del país. El GIEI en Bolivia es el más reciente, pues se instauró en noviembre de 2021 para investigar los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco de las protestas que se dieron en el país entre septiembre y diciembre de 2019.
Los casos de Nicaragua y de Bolivia, aunque escenarios muy diferentes, dan muestra de la importancia de instaurar mecanismos que vayan más allá de la visita de trabajo de la CIDH en un contexto de protestas, pues son situaciones complejas en las que puede haber mucha divergencias sobre los acontecimientos, sus causas y consecuencias. Por eso un grupo de expertos y expertas facultado para esclarecer los hechos, contribuir a que se establezcan responsabilidades y brindar asesoría técnica en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos puede ser de gran utilidad no solo para las víctimas, sino para el mismo Estado.
En el caso de Colombia, la conformación de un GIEI podría contribuir en varios aspectos. El principal es el de participar en el esclarecimiento de los hechos y coadyuvar a las autoridades colombianas en las investigaciones de los crímenes cometidos por los excesos de la Fuerza Pública y de esa manera fortalecer las instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría que han brillado por su pobre desempeño. Esto permitirá garantizar derechos de las víctimas, además de que el GIEI puede proponer medidas que garanticen la no repetición. El GIEI puede además investigar los hechos ocurridos durante el paro de noviembre de 2019, las protestas de septiembre de 2020, el incumplimiento de las órdenes de la Corte Suprema que protegen el derecho a la protesta y su relación con los hechos de violencia ocurridos desde abril 2021, pues es en parte ese clima de impunidad que reina actualmente en el país el que ha exacerbado los excesos de la Fuerza Pública.
La instauración de un GIEI para Colombia requiere de mucho esfuerzo por parte de la sociedad civil para que la CIDH haga la propuesta, pero sobre todo de voluntad política por parte del Estado. Si el Estado colombiano quiere restaurar la confianza ciudadana en las instituciones, aportar justicia a las víctimas y garantizar que no haya impunidad, debería aceptar la conformación de un GIEI y brindar todas las condiciones para su buen funcionamiento en cuanto el tema esté sobre la mesa.