Las denuncias de acoso en redes no deben ser silenciadas

Las redes sociales se han convertido en un espacio para denunciar el acoso y abuso sexual. A la práctica de denunciar con nombre propio a quienes abusan o acosan a las mujeres se le conoce como ‘escrache’. En las últimas semanas han sonado al menos 3 casos en la opinión pública: las denuncias contra un servidor público, las denuncias contra un director de cine y las denuncias relacionadas con el hashtag #NoMásSilencioEnMUN en Twitter. En este, más de 130 personas contaron su historia de acoso en un ámbito aparentemente inofensivo: los modelos de Naciones Unidas. Esto ha despertado múltiples reacciones, desde solidaridad con las víctimas hasta indignación por su osadía.

En medio de esta vorágine, una vieja discusión volvió a aparecer. Algunas voces han pedido que las redes sociales —Twitter, en concreto— eliminen el contenido de denuncia con el fin de garantizar la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre de los presuntos victimarios. Usando los mismos argumentos, otros han pedido que las denuncias se hagan únicamente ante la Fiscalía o ante los órganos disciplinarios correspondientes y no a través de redes sociales.

Por un lado, Twitter —o cualquier red social usada para denunciar el acoso— no debe eliminar este contenido. Por el otro, quienes denuncian no tienen necesariamente que hacerlo ante órganos institucionales, y es válido que usen redes sociales para contar su historia. Primero, porque las plataformas digitales no son responsables, por regla general, de los contenidos que circulan en ellas y deben promover el libre flujo de ideas. Segundo, porque las denuncias agregadas de acoso sexual en internet son asuntos de interés público que, en la lógica del derecho a la libertad de expresión, tienen una mayor protección que otro tipo de expresiones.

Defender la libertad de expresión en estos casos tiene un talón de Aquiles importante, aunque posiblemente menos común: qué pasa con las personas injustamente acusadas de acoso o abuso sexual. Esta columna no busca ponderar entre el buen nombre y la libertad de expresión en estos casos, ni ofrecer un análisis detallado sobre la pugna entre estos derechos; se trata de intereses igualmente importantes en una sociedad democrática. Aquí me refiero a los cientos de casos en los que el abuso o acoso sexual efectivamente sucedió y no a los hipotéticos casos falsos.

Las plataformas digitales como Facebook, Twitter o Instagram actúan como intermediarios. Las redes sociales posibilitan la discusión pública, enriquecen el debate político, amplifican la voz de los débiles y garantizan el libre flujo de ideas. En esta faceta, las plataformas digitales no tienen mucha responsabilidad por los contenidos que fluyen en ellas, salvo que se trate de material claramente no protegido por la libertad de expresión (pornografía infantil, incitación a la violencia, etc.). La limitada responsabilidad de las plataformas legitima que estas no deban interferir con el libre flujo de ideas. Dado que las plataformas digitales no son en general responsables de lo que comparta una persona —como denunciar a su acosador—, tampoco deben obrar como jueces y decidir qué contenido es aceptable o no.

Por otro lado, la Constitución de 1991 garantiza el derecho a la libertad de expresión y prohíbe la censura (artículo 20). Si bien en principio todo contenido se encuentra protegido por la libertad de expresión, ciertos discursos, como los relacionados con asuntos de interés público, cuentan con protección reforzada. Al menos esta es la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional. Además, esta última ha reconocido que los discursos encaminados a garantizar una vida libre de violencia de género tienen protección constitucional.

Las denuncias agregadas sobre acoso sexual son una clara muestra de información de interés público. Nos invitan a replantear la relación entre hombres y mujeres en distintas esferas de la sociedad y a reflexionar sobre la relación jerárquica y el abuso de poder. Este tipo de contenido no solo es fundamental para quien denuncia, sino que abre la puerta a que más víctimas compartan sus experiencias. Asimismo, las denuncias públicas de acoso tienen un gran potencial preventivo: permiten que las personas conozcan de lo sucedido y evitan que este tipo de conductas se repitan en el futuro.

Los caminos institucionales de denuncia les han fallado a las víctimas debido a la normalización de prácticas machistas, al tabú de hablar abiertamente de la sexualidad y al miedo y angustia de denunciar lo sucedido. Las plataformas digitales no deben retirar o eliminar una denuncia de abuso o acoso sexual. Tampoco se puede obligar a que las víctimas denuncien únicamente a través de los canales institucionales destinados para ello. Sin embargo, esta discusión va más allá de los pormenores jurídicos o de las reglas sobre libertad de expresión en internet.

La denuncia pública y el ‘escrache’ deben ser protegidos porque no debemos ser apáticos al dolor ajeno. La falta de pruebas, el miedo, la desconfianza y el desinterés de iniciar un proceso judicial no deben ser usados en contra de las víctimas de acoso o abuso. Tampoco se debe amenazar a las denunciantes con acusarlas por calumnia. ¡Qué ironía! (si lo que dicen es cierto, estos procesos judiciales no prosperarán. Solo hay calumnia cuando se atribuye un hecho delictivo falso a otra persona.) Tal vez debamos, más bien, ser más empáticos con el dolor ajeno y entender la importancia simbólica de este tipo de expresiones. Tal vez debamos dimensionar que es fundamental discutir, enfrentar y solucionar estos problemas porque nadie merece ser víctima de acoso o abuso ni ser obligada a callar su historia.

Daniel Ospina Celis
Investigador de Dejusticia