Las elecciones están en riesgo por el conflicto armado

La historia que se repite

En el cuento Algo para nosotros, temponautas, de Philip K. Dick, tres astronautas con la misión de viajar cien años hacia el futuro vuelven una semana después de haber partido, solo para descubrir que murieron en el viaje de regreso. Los temponautas se dan cuenta de que están viviendo en un círculo cerrado del cual no pueden salir, pese a que ya conocen el desenlace. Constantemente se repiten a sí mismos que ya vivieron eso que está ocurriendo.

Lo mismo parece estar ocurriendo con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo en el que están las elecciones en Colombia debido al conflicto armado y otras violencias.

Los más afectados por estos riesgos serían los movimientos que se opusieron a los grupos armados, las víctimas del conflicto, las personas defensoras de derechos humanos, algunos funcionarios públicos y los miembros del partido Comunes. En suma, una buena parte de la población.

Colombia, en riesgo

Desde hace años está constatado y sabemos que casi la mitad de los municipios de Colombia vive en riesgo. Hoy, la Defensoría confirma que buena parte del país está expuesto a confrontaciones armadas e inminentes violaciones de los derechos humanos.

Las cifras son alarmantes: en 2021 se registraron 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual supera los registros de 2020 (23,9) y 2019 (25,6). Además, las masacres registradas pasaron de 13 en 2018 a 33 en 2021. La conclusión lógica es que el conflicto armado se recrudeció. Lo más vergonzoso, es que había claros indicios de que esto podría ocurrir y estaba ocurriendo. La Defensoría del Pueblo lo advirtió en las 139 alertas tempranas que emitió entre 2019 y 2021 para 487 municipios.

Cuando la Defensoría identifica una situación como “de riesgo extremo” quiere decir las personas están en peligro inminenete de ser víctimas de una violencia grave que atente contra su vida, integridad o libertad. Pues bien, la Defensoría identificó 79 municipios con este riesgo y 195 en riesgo alto, donde hay una  probabilidad elevada de que ocurran hechos de violencia.

Según la Defensoría, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son la principal amenaza en 253 municipios, las disidencias de las antiguas FARC-EP en 230 y el ELN en 189 municipios. Esto significa que, en más de 600 municipios, los actores armados ilegales amenazan a la ciudadanía, y el Estado parece incapaz de cumplir su principal obligación: garantizar la vida y tranquilidad de su población.

El paro armado y las recomendaciones incumplidas

Tres meses después de la alerta temprana, en mayo de este año, se consumó la tragedia anunciada y el círculo del tiempo se cerró. Las AGC hicieron un paro armado que, según datos de Indepaz, afectó a personas en 90 municipios en 12 departamentos.

No es sorprendente que estos lugares coincidan con los que ya habían sido reseñados por la Defensoría. El Estado no fue capaz de prevenir ni de actuar, aunque la Defensoría ya había advertido que esto ocurriría. Y cuando por fin el Estado actuó, lo hizo con un despliegue militar inefectivo, cuando ya era demasiado tarde.

En su alerta temprana, la Defensoría hizo aproximadamente cuarenta recomendaciones a casi todas las entidades del orden nacional y muchas más recomendaciones específicas a las entidades del orden territorial. Por ejemplo, les recomendó a la fuerza pública y al Ministerio de Defensa adoptar acciones para disuadir el riesgo de atentados contra candidatos y funcionarios, así como reforzar los dispositivos de seguridad en las zonas con fuerte control de grupos armados ilegales.

Además, le recomendó a la fuerza pública aplicar los principios de precaución, proporcionalidad y necesidad, y garantizar la protesta pacífica. También le recomendó a la Fiscalía identificar y judicializar a quienes han amenazado a candidatos o activistas políticos y que hayan constreñido el derecho al voto libre. Por su lado, a la Unidad Nacional de Protección le recomendó incorporar enfoques de género, étnicos y territoriales al hacer análisis de riesgo y asignar las medidas de protección.

El 19 de mayo, la Defensoría publicó un informe donde hace seguimiento a la alerta temprana de febrero y demuestra que la situación empeoró. Los municipios en riesgo extremo pasaron de 79 a 84 y los municipios con alto riesgo pasaron de 195 a 206.

Como si fuera poco, el consejero Presidencial para los Derechos Humanos tildó de sensacionalista el informe del Observatorio de los Desplazamientos Internos (IDMC) en el que Colombia ocupó el tercer lugar de países con más desplazamientos forzados. Además, el consejero insistió en que el Estado tiene control sobre todo el territorio colombiano, pero el paro armado demostró con horror que la realidad es otra.

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¿Qué viene?

El próximo domingo serán las elecciones y el riesgo de que se siga repitiendo el círculo de violencia ya no es solo inminente, sino evidente.

El Estado debe prevenir estos hechos y no hacerlo solamente con la fuerza pública. En estas acciones deben participar todas las entidades a las que la Defensoría llamó la atención: la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, la Procuraduría y, por supuesto, las gobernaciones y alcaldías.

La democracia, los derechos a la vida, a elegir y ser elegidos, a transitar y a que la ciudadanía se exprese libremente están en grave riesgo. La legitimidad del Estado Social de Derecho no puede estar en la cuerda floja por cuenta de los actores armados ilegales, ni por la inactividad de las entidades estatales.

El cuento de los temponautas termina como empieza. Después de debatir, los viajeros del tiempo deciden que deben sacrificarse para romper el círculo cerrado. Sin embargo, lo que no saben —al menos al principio— es que justamente esa acción es la que los mantiene en el círculo infinito.

En Colombia ya conocemos las tragedias que el sistema de alertas tempranas anunció. El cumplimineto eficaz del Acuerdo de Paz, que prevé instrumentos para mitigar la violencia, debe ser un compromiso real y tangible de cualquiera que sea el próximo gobierno.

Urge el respaldo estatal y de la ciudadanía a los movimientos sociales que le apuestan a la paz desde los municipios más afectados por la violencia. El problema es complejo y las soluciones deben venir desde la comprensión de esa complejidad. No nos queda otra alternativa que intentar romper el círculo cerrado.