Las mutaciones de la paz

Allí los guerrilleros dejarán las armas y se prepararán para la vida civil. Una vez logrado esto, se definirá una lista de municipios para emprender un gran proyecto de fortalecimiento institucional (la llamada paz territorial). En Colombia hay alrededor de 200 municipios (la mitad del territorio) cuya capacidad institucional es mínima o nula. Construir Estado en esas regiones es pues una tarea gigante, que tomará décadas. Por eso se debería empezar con unos 50 o 60 municipios, entre los cuales estarían los de las zonas de concentración y otros en donde las Farc han tenido influencia.

Así pues estamos ad portas de dos grandes mutaciones: en la primera, las Farc se convierten en un movimiento político. En la segunda, menos impresionante pero más difícil y más significativa, el vacío institucional se convierte en Estado local efectivo. La primera es una mutación de la guerra a la paz y la segunda es una mutación del despotismo y la anarquía al Estado de derecho.

Me quiero detener en esta segunda mutación. En los próximos meses deberán hacerse los diseños para la construcción de Estado en los 50 o 60 municipios seleccionados. Esos diseños pueden ser diferenciados, según los territorios (no es lo mismo un municipio en el Chocó que uno en el Caquetá) y deben estar respaldados en una normatividad especial y transitoria. Dado que la guerrilla tiene una presencia importante en muchos de estos municipios, es natural que, una vez incorporada a la vida civil, ella tenga un papel importante en la implementación de estas reformas.

Pero lo que viene no será fácil. El Estado y las Farc tienen recetas muy diferentes para construir el Estado local. Las Farc, por su ideología (no por sus actos), creen que lo fundamental es empoderar a las comunidades. El Estado, por su parte, cree que lo esencial es desterrar la criminalidad y pacificar el territorio. Los primeros quisieran construir Estado a partir de las JAC (Juntas de Acción Comunal) y con poca fuerza pública; los segundos quisieran hacer eso con las fuerzas armadas y con poca participación ciudadana.

Las reformas que se aprueben deberán conciliar ambas miradas: las necesidades de seguridad y las necesidades de participación. Dicho de otro modo, la reforma debe lograr el mayor grado de participación posible, compatible con el mayor grado de orden posible. Para conseguir semejante equilibrio se debería, creo yo, priorizar la justicia y ello a través de la creación de un sistema integrado de justicia rural. Un sistema de este tipo, bien diseñado y con recursos, tiene la vocación de conectar lo comunitario con lo coactivo; la participación con la resolución de conflictos. La justicia es la parte del Estado que más cercana está de las comunidades, por el tema de los derechos, y que al mismo tiempo más conectada está con las necesidades de legalidad y orden, por el tema del castigo a los infractores.

Así pues, de lo que se trata es de que las Farc tengan, si son capaces de hacerse elegir, claro, un papel importante en la dirección política de los municipios donde tienen influencia, pero esta vez de manera legal, en coordinación con el Estado central y en sintonía con la constitución del 91.

Así las cosas, en los territorios en donde las Farc imponían su ley a sangre y fuego, el desafío consiste en hacer coincidir el interés político de los candidatos provenientes de la guerrilla, con la necesidad de construir instituciones legítimas y eficaces.

Si esto se logra, las dos metamorfosis de las que hablo se volverán una sola: los guerrilleros elegidos popularmente en las Alcaldías ayudarán a construir el Estado local que hace falta.