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| Coast Guard News

Las penas más altas son aplicadas a los transportadores de carga, qué en la mayoría de ocasiones, son actores dispensables en la cadena de valor del narcotráfico que llevan a cabo los delitos por las condiciones de marginalidad y pobreza en las que viven.

Las penas más altas son aplicadas a los transportadores de carga, qué en la mayoría de ocasiones, son actores dispensables en la cadena de valor del narcotráfico que llevan a cabo los delitos por las condiciones de marginalidad y pobreza en las que viven.

Hace casi un año una noticia sacudió a la opinión pública colombiana. Un narcobus, como lo denominó la Fiscalía, se accidentó en el Ecuador, dejando como saldo 23 personas muertas y un poco más de media tonelada de marihuana incautada. Días después, se comunicó la captura de miembros de la organización que manejaba la operación del bus accidentado. La Fiscalía manifestó que se trataba de un grupo de personas que operaba en Colombia dedicabas a engañar personas para tomar paquetes turísticos a precios muy bajos, en algunas ocasiones gratis, con el objetivo de encubrir una operación de narcotráfico que transportaba marihuana desde Colombia hacía Chile.

La presente columna muestra las penas que los transportadores de carga de drogas ilícitas reciben en el corredor que presuntamente cubría el bus accidentado y como la cantidad de drogas, como único criterio para determinar el tiempo de prisión, resulta insuficiente para valorar las complejidades de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Primero, comencemos con el recorrido. El bus salió de Cali, cruzó por alguna parte de la frontera con Ecuador y se accidentó en la municipalidad de Pifo que queda sobre la vía Panamericana muy cerca a Quito. De este punto seguiría hacía el sur con destino a Perú y eventualmente a Chile. En resumen, el narcobus habría atravesado 3795 kilómetros cruzando cuatro Estados: Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

En Colombia, el transporte de drogas tiene tres penas diferentes, la más grave, cuando se trata de más de 10 kg de marihuana, 2 kg de cocaína o 60 g de derivados de amapola es de 10 a 30 años. Sin embargo, cuando la persona es capturada con más de 1000 kg de marihuana, 5 kg de cocaína o 2 kg de derivados de la amapola la pena pasa a ser de 23 a 30 años. En el caso ecuatoriano, las penas también se encuentran diferenciadas por la cantidad de drogas, la gran escala, que contempla la pena máxima, es también de 10 kg para la marihuana o 2 kg para la cocaína y la pena es de 10 a 13 años. En Perú, el transporte de drogas recibe una pena de 8 a 15 años, cuando se trata de menos de 200 gramos de marihuana y 25 gramos de cocaína la pena se disminuye de 2 a 8 años. Por último, en Chile para la acción de transportar drogas o precursores para producirlas tiene una pena de 5 a 15 años. Al igual que en Perú, la cantidad de drogas suaviza las pena, cuando se trate de pequeñas cantidades, que esta vez son definidas a la discrecionalidad del juez, esta pasa a ser de 541 días a 5 años.

*Pena Agravada

Los anteriores gráficos demuestran que en la ruta del narcobus, las penas más altas se imponen en Colombia. De igual manera, es el único Estado que duplica la pena cuando la conducta supera cierta cantidad de estupefacientes con respecto al delito normal. Este aumento se realiza de manera diferenciada para cada sustancia sin ningún tipo de justificación y en la práctica permite que la agravante, supuestamente diseñada para castigar a las personas que traficaban con grandes cargamentos, le sea aplicada a personas que pretenden sacar del país en su esfera corporal cantidades medianas de cocaína o heroína.

En el mismo sentido, por la naturaleza de la acción de transportar en vehículos de cargas, es sumamente probable que todos los transportadores de carga de drogas capturados en Colombia reciban una pena que en promedio puede llegar a ser de 24 años. Siempre y cuando no se apruebe un proyecto de ley de autoría de la Fiscalía, que aumenta la pena promedio a 33,15 años de prisión (barra roja en la gráfica). Una cantidad tan alta, que supera las máximas penas del homicidio simple y del acceso carnal violento para todos los países del Pacifico suramericano.

En los cuatro países analizados, la cantidad de drogas funciona de manera diferente a la hora de fijar las penas. En Ecuador y en Colombia, a más cantidad mayor pena; mientras que en Perú y en Chile, si la cantidad es menor a cierto umbral, se disminuye la pena. En todo caso, la cantidad cumple con la misma función: valorar que tan grave es la conducta de la persona y por lo tanto que sanción merece. Esto, deja por fuera otros factores que deberían ser importantes para la determinación de la sanción en los delitos de drogas, tales como: el grado de participación en la organización criminal, las razones que motivaron la comisión del delito, la posible afectación que la drogas puede causar en la salud pública, entre otros. En último lugar, esto resulta en que las penas más altas sean aplicadas a los transportadores de carga, qué en la mayoría de ocasiones, son actores dispensables en la cadena de valor del narcotráfico que llevan a cabo los delitos por las condiciones de marginalidad y pobreza en las que viven.

Esta situación merece especial atención y debería ser objeto de los debates legislativos de la región, puesto que los transportadores de carga de drogas, como los de todos los productos comercializables, no son los dueños de la carga ni reciben porcentaje alguno por la cantidad de estupefacientes que entregan, como tampoco lo hacen los transportadores de frijol, papa, maíz, gaseosa o cerveza. Simplemente se les contrata por un servicio, que en este caso puede llegar a costar entre una y dos décadas de libertad, dependiendo en qué país se produzca la captura. Por ende, las reformas venideras deben estar orientadas a reducir y no aumentar las penas de los actores marginales de la cadena del narcotráfico. Esta sería una forma de mitigar los daños de la guerra contra las drogas que en últimas termina siendo una guerra contra las personas.  

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