Víctimas

Sin duda se avecina una discusión sobre la necesidad de ampliar el plazo de la Ley de víctimas, así como sobre las medidas que este gobierno tomará para cumplirles. | Leonardo Muñoz, EFE

Ana Jimena Bautista

De acuerdo con el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, no se logrará terminar la reparación integral a las víctimas en el 2021 ¿De qué manera el Estado y la sociedad honrara su compromiso con las víctimas?

Ana Jimena Bautista

De acuerdo con el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, no se logrará terminar la reparación integral a las víctimas en el 2021 ¿De qué manera el Estado y la sociedad honrara su compromiso con las víctimas?

 

El 10 de junio de 2011 en un evento que reunió a más de mil personas, entre ellas los principales representantes de las instituciones del Estado y el Secretario General de Naciones Unidas, el Presidente de la República sancionó la Ley de víctimas y restitución de tierras. Ese episodio simbólicamente trazó el compromiso del país con la reparación de las víctimas, acción que inicialmente se propuso hacer a lo largo de 10 años.

Faltando un poco más de dos años para que se termine ese plazo, y cuando se discute en el congreso el proyecto de ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para los próximos 4 años, empieza a surgir la discusión sobre la necesidad de evaluar cómo va la reparación de las víctimas y si es necesario o no, aumentar el tiempo para continuar con dicho programa.

El proyecto del PND anuncia que para el 2020 el Gobierno Nacional a través de MinHacienda, Departamento Nacional de Planeación y Prosperidad Social presentará al Congreso un balance de la ley de víctimas, así como propuestas de ajuste y actualización que se someterán al debate correspondiente. Ante este anuncio es importante ver cómo va el proceso de reparación y cómo se prepara el país para esa discusión.

Uno de los componentes del programa de reparación es el de restitución de tierras y territorios a quienes fueron despojados en el marco del conflicto armado. En ese momento se calculó que entre 6 y 10 millones de hectáreas habían sido objeto de despojo. Para lograr su restitución, de manera novedosa se creó una nueva institucionalidad a cargo de la unidad de gestión de restitución de tierras, y un proceso de judicial en manos de jueces especializados en la materia. Así, a través de la Ley las víctimas volvieron a tener la esperanza de recuperar su territorio.

De acuerdo con datos de la Unidad de Restitución, a finales de 2018, estaban en trámite 270 solicitudes de restitución de derechos territoriales de comunidades afros e indígenas, y solo habían sido expedidas 16 sentencias que abarcan un total de 214.601 hectáreas. Por otra parte, en relación a la llamada ruta campesina, existían 132.660 hectáreas con orden de restitución, que beneficiaban a 27.031 personas.

Más de 349.000 hectáreas con orden de restitución muestra un avance importante, sin embargo, también evidencia lo lejos que está el Estado en terminar dicho proceso, teniendo en cuenta que hay zonas del país en donde la restitución aún no ha iniciado, otras en donde su inició es reciente, tal y como acontece por ejemplo en el sur del país, y otras zonas en donde el abandono forzado no ha finalizado.

Pues bien, el proyecto del PND no contempla nuevas estrategias que permitan brindar un impulso decidido a los procesos aún pendientes de ser resueltos, ni una estrategia para el cumplimiento de las órdenes que ya han sido dadas en sentencias de restitución. Así por ejemplo, el PND no incluyó un rubro para financiar operaciones de descongestión para la fase judicial, aun cuando en 2017 y 2018 se hicieron transferencias presupuestales a la rama que alcanzaron más de 21.700 millones para apoyar el proceso de restitución en la fase judicial; el Plan tampoco incluye dentro de sus metas aquellas que la propia Unidad de Restitución presentó a la Corte Constitucional en su plan estratégico interinstitucional para el periodo 2017 a 2021; tampoco incluye presupuesto desagregado en materia de víctimas que permita conocer con exactitud si existen o no los recursos necesarios para cumplir la tarea de la restitución.

Otro aspecto de gran relevancia dentro del Programa de Reparación, es la que se dirige a comunidades campesinas, barriales, comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales que fueron victimizados en el marco del conflicto armado. Hasta el momento existen 598 sujetos de reparación colectiva reconocidos por el Estado, de los cuales 134 cuentan con planes integrales de reparación aprobados, sin embargo solo 3 de ellos han logrado el cumplimiento del 100% de su implementación. El PND se traza como meta 140 sujetos colectivos reparados durante este cuatrenio, situación de gran preocupación si se tiene en cuenta que dicha cifra equivaldría únicamente al 23% de los sujetos colectivos que actualmente ya han sido reconocidos.

En materia de indemnización la situación no mejora, en el plan de desarrollo 2014-2018 se fijó como meta pasar de 195.942 a 920.000 personas indemnizadas, es decir se propuso reparar a 724.058 personas. A pesar de los retrasos existentes en esta materia, el Gobierno en el PND se propone pasar de 917.481 personas reparadas administrativamente a 1.227.481, es decir se ha propuesto reparar a 310.000 personas durante el cuatrienio. Una meta que equivale al 33% de la Meta del PND inmediatamente anterior.

A este ritmo, de acuerdo con lo contenido en el proyecto del PND, no se logrará terminar la reparación integral a las víctimas en el 2021 ¿De qué manera el Estado y la sociedad honrara su compromiso con las víctimas?

Sin duda se avecina una discusión sobre la necesidad de ampliar el plazo de la Ley de víctimas, así como sobre las medidas que este gobierno tomará para cumplirles. Desde ya es posible afirmar que el plazo de diez años debe ampliarse, pero además es necesario recordar que cualquier cambio o modificación al programa de reparación, tal y como lo anuncia el Gobierno, debe ser discutido a profundidad con las víctimas, no hacerlo desconoce la propia ley de víctimas y la Constitución. Este aspecto debería quedar totalmente claro en el Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno y el Congreso aún pueden hacerlo.

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