Las vidas negras y las Naciones Unidas

El 11 de mayo, Estados Unidos recibió su última evaluación de pares en las Naciones Unidas. Bajo la  supervisión del Concejo de Derechos Humanos de la ONU, el proceso de Examen periódico universal (UPR, por sus siglas en inglés) provee a los Estados miembros la oportunidad de evaluar la situación en materia de derechos humanos de cada uno individualmente, cada cinco años. Habiendo sido sujeto de un UPR en el 2010 por última vez, Estados Unidos estaba de turno.

El momento de este escrutinio, por supuesto, importa. Este UPR de EEUU tiene lugar en medio de un debate nacional sobre las matanzas policiales a personas negras, que han ensanchado una serie de debates sobre perfilamiento racial, encarcelamiento masivo y el uso de fuerza por la policía. EEUU tenía que mandar su reporte pre-UPR a la ONU en febrero, justo después de la decisión de un jurado de no levantar cargos contra los oficiales policiales que mataron a Michael Brown y a Eric Garner. Estados Unidos recibió su reporte solo una semana después de que acusaron a seis policías por la muerte de Freddie Gray, después de varias semanas de protestas en el centro de Baltimore. Estos eventos no solo llegaron a los titulares de los Estados Unidos sino de todo el mundo. Era de anticiparse que estos debates surgirían de alguna manera durante el UPR.

Lo que era menos claro era cómo, exactamente, estos iban a hacerse camino dentro del UPR. El reporte en si mismo es una discusión entre el estado bajo examen y los demás Estados miembros de la ONU, que hacen preguntas y recomendaciones en relación con la situación de derechos humanos del país. ¿Harían de este un asunto central los Estados miembros, o harían recomendaciones que se concentrarían en gran medida en otros asuntos tales como el espionaje o la pena de muerte? ¿Si estas preguntas sobre violencia policial contra las personas negras si emergerían como un asunto central, como se referirían a ellas los Estados miembros? Incluso en torno a los debates de la Guerra contra el Terrorismo que estaban en la coyuntura del primer UPR de Estados Unidos en el 2010, solo dieciséis Estados miembros hicieron referencia directa a asuntos relacionados con la tortura. En contraste, alrededor de 50 estados miembros se concentraron, en sus recomendaciones del 2010, en presionar a Estados Unidos para que firmara más tratados internacionales, metiendo los asuntos relacionados con la guerra en el cajón.

Lo que pasó en el UPR de la semana pasada fue algo diferente. También fue – dentro del espectro de lo posible en la ONU – más bien dramático. Primero, la delegación de Estados Unidos anticipó la importancia del perfilamiento policial y racial, haciéndolos centrales en su reporte y en sus declaraciones iniciales. James Cadogan, el representante del Departamento de Justicia, dedicó su declaración completa a este asunto. Su declaración incluyó los nombres de cinco de los hombres negros matados por la policía en meses recientes, incluso mientras se concentraba en las medidas que el país ha tomado para investigar y abordar asuntos policiales. Los representantes de estado tras estado hablaron entonces, criticando a los Estados Unidos por discriminación racial, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Desde Kazakstán, pasando por México y hasta Canadá, país tras país llamó a Estados Unidos a responder. El tono de las recomendaciones variaba desde la decepción hasta la ira. El representante de Chad lamentó  que “Chad considera que los Estados Unidos de América es un país de libertad, pero los eventos recientes que apuntan a un señalamiento contra sectores negros de la sociedad han oscurecido esa imagen.”

Lo que es notable sobre esto es no solo el cambio en el contenido de las recomendaciones, sino el cambio en la forma. La insistencia en los instrumentos internacionales del 2010 cedió el paso en el 2015 a acusaciones de frente sobre discriminación racial y perfilamiento, muchas veces sin el acostumbrado legalismo. Hubo unos pocos, si algo, que hicieron referencia a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación (CERD, por sus siglas en inglés). Lo que hubo en cambio fueron planas y directas declaraciones sobre violencia policial, y sus efectos desproporcionados sobre la comunidad negra. Quizá la declaración más diciente al respecto vino del representante de Pakistán. La primera recomendación de Pakistán, de manera poco sorprendente, se refería a los drones. La petición era “usar drones armados en consonancia con la legislación internacional existente” y pagar compensaciones justas a las víctimas de los ataques con drones. La segunda recomendación era “acabar con la brutalidad policial contra los afro-americanos y rectificar los sistemas judiciales y socio económicos que sistemáticamente los discriminan”. Esta primera recomendación – que directamente afecta más a Pakistán – hace un llamado para que EEUU cumpla con el derecho internacional. La segunda recomendación llama a EEUU para que responda por las matanzas policiales de personas negras. Mientras estas dos recomendaciones hacen un llamado a EEUU a que responda por matanzas ocurridas a manos de fuerzas estatales, lo hacen de manera muy distinta.

Yo sostendría que no solo la centralidad de este asunto en el UPR sino también la manera directa como fue tratada es gracias al movimiento #BlackLivesMatter. El movimiento #BlackLivesMatter, desde el principio, ha llamado las cosas por su nombre. El asunto para ellos no ha sido hacer un llamado para que se cumpla con el derecho internacional, sino de hacer un llamado para que se terminen las matanzas de personas negras como si sus vidas no tuvieran importancia. Se trata de hacer un llamado para terminar con la injusticia y la opresión a la comunidad negra.

Los fundadores del movimiento han llamado explícitamente a esta injusticia y opresión – como lo manifiestan la pobreza negra, la encarcelación masiva, y las cargas únicas sobre las vidas negras – violencia estatal. Que es precisamente lo que el representante de Pakistán, dentro de los llamados de otros representantes estatales, dijo la semana pasada. No con referencias al CERD u otras obligaciones internacionales, sino diciendo, de manera simple y directa, que las vidas negras importan.