Las zonas francas, no tan francas

Las zonas francas son un ejemplo paradigmático de los beneficios fiscales que los Estados otorgan para lograr ciertos propósitos económicos. Por ejemplo, en Colombia, una empresa en una zona franca goza de exenciones en IVA y su tarifa para impuesto a la renta es mucho menor: 20 % frente al 35 % que pagan las otras empresas. El Estado espera con ello atraer a esas zonas nuevas inversiones, generar empleo y promover el desarrollo regional y los encadenamientos productivos.

Estos beneficios fiscales no deben ser demonizados pues, bien administrados, son un motor de desarrollo. Sin embargo, deben ser analizados y evaluados con cuidado ya que plantean al menos dos posibles problemas: i) una eventual violación a la igualdad tributaria, pues dos empresas que hacen lo mismo y tienen utilidades semejantes terminan pagando tributos muy diversos; y ii) que el Estado deje de recibir ingresos, que pueden ser considerables. Y no se trata de un tema menor: las zonas francas han crecido enormemente. Un detallado estudio de los colegas de Dejusticia, Mariana Matamoros y Randy Villalba, hecho público esta semana, muestra que desde 2007 las zonas francas han aumentado considerablemente, especialmente las uniempresariales. Su costo fiscal es también considerable: el Estado deja de recibir en impuestos aproximadamente tres billones de pesos al año.

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Las zonas francas, de instrumentos de desarrollo, pueden convertirse en privilegios intolerables, que violan la igualdad y reducen los ingresos tributarios. La única forma de que eso no ocurra es que exista claridad en los propósitos de las zonas francas, que su creación y la selección de las empresas que se benefician de ellas sea transparente y objetiva, y que exista una verificación periódica de si se están o no cumpliendo sus propósitos. Esto exige que el Estado recolecte la información necesaria sobre las zonas francas y periódicamente evalúe si cumplen o no sus propósitos, a fin de definir si las empresas pueden o no seguir gozando de esos beneficios fiscales, como lo señaló la comisión de expertos en beneficios tributarios del gobierno Duque. Esa información debe ser, además, pública, pues la ciudadanía tiene derecho a controlar que el Estado no dilapide los ingresos tributarios ni conceda privilegios a determinadas empresas.

La transparencia es entonces esencial para que beneficios tributarios como las zonas francas no se vuelvan privilegios. Sin embargo, eso no ocurre en Colombia, en donde el funcionamiento de las zonas francas dista de ser franco.

No existen informes públicos periódicos desagregados elaborados por las autoridades relevantes —como la DIAN, el DANE o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo— que permitan evaluaciones de impacto sobre si las empresas de las distintas zonas francas están o no produciendo los resultados esperados en términos de empleo, inversión o desarrollo regional. La Andi produce algunos informes periódicos, pero son de una entidad gremial y no tienen el desglose necesario para evaluar diferenciadamente los resultados de las diversas zonas y empresas. Desde Dejusticia solicitamos entonces esa información a las autoridades, pero nos fue negada con el argumento de que algunos eran datos semiprivados y otros tenían reserva estadística o tributaria. Y por ello nos vimos obligados a presentar una tutela, que esperamos que la Corte seleccione para su revisión, puesto que es esencial que la ciudadanía pueda acceder a la información necesaria que le permita verificar si las zonas francas son instrumentos de desarrollo o privilegios injustificados.

Nota: Incluso para quienes compartimos varios de los propósitos de su gobierno, algunos de los nombramientos de Petro son impresentables, como los de Armando Benedetti, Daniel Mendoza o Hernán Giraldo, entre otros.