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No hay que buscar lejos para hallar ideas inmediatas contra el clientelismo en la justicia. La selección de magistradas de la JEP acaba de dar dos lecciones que deberían aplicarse en todo el sistema judicial.

No hay que buscar lejos para hallar ideas inmediatas contra el clientelismo en la justicia. La selección de magistradas de la JEP acaba de dar dos lecciones que deberían aplicarse en todo el sistema judicial.

La primera es el procedimiento de escogencia. A diferencia de las votaciones furtivas y los pactos secretos del “yo te elijo, tú me eliges”, los 51 magistrados de la JEP fueron escogidos por un comité plural de expertos mediante convocatoria abierta. Los criterios de evaluación y las entrevistas fueron publicados. Se valoró la competencia académica y las diversidades de género, ideológica, geográfica y étnico-racial. También se abrió un espacio para que la ciudadanía conociera e hiciera comentarios sobre los más de 2.000 postulantes, muchos de los cuales se animaron a aspirar a la magistratura por primera vez, porque vieron que esta vez las cartas no estaban marcadas.

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Si las demás cortes, el Gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura y el Congreso están sinceramente comprometidos con la reforma urgente a la justicia, podrían adoptar ya un mecanismo similar para elegir magistrados, procurador y fiscal. No hacen falta grandes cambios legales ni constitucionales; en el corto plazo, bastaría reformar los reglamentos internos de las cortes y los procedimientos de postulación y elección que dependen del gobierno y el Congreso.

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La segunda lección es la composición de la JEP. En pocos meses, el comité de selección logró lo que no habían podido los electores tradicionales de los jueces. Es la primera vez que una alta instancia judicial refleja la realidad de un país y una profesión jurídica compuestos por más de 50 % de mujeres, y les abre espacio a destacados abogados indígenas y afro.

Menciono dos casos que no había querido comentar hasta ahora para mantener una posición imparcial sobre el proceso de selección. Conocí a Ana Manuela Ochoa hace más de 15 años en su pueblo natal de Chemesquemena, en el territorio indígena kankuamo en Cesar, cuando la violencia contra su pueblo bordeaba el genocidio. Tuve la suerte de ser su profesor y vincularla como investigadora en la Universidad de los Andes. Por sus calidades académicas y personales, no me sorprendió que de allí pasara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego se convirtiera en una de las abogadas indígenas más reconocidas de América Latina. Lo que sí fue una sorpresa es que su trayectoria fuera reconocida y la llevara a ser una de las magistradas de la JEP.

La trayectoria de Xiomara Balanta es igualmente extraordinaria. Desde muy joven destacó en la academia y la defensa de derechos de las comunidades negras. Recuerdo que desde entonces aspiraba a ser jueza, como lo dijo en la entrevista que le hicimos para darle una de las becas de estudios en el exterior del semillero de abogados afro del Observatorio de Discriminación Racial. Pero como el clientelismo puede ser un obstáculo tan tenaz como el racismo, era improbable que su paso por la Universidad de Notre Dame, la Corte Interamericana y la Universidad San Buenaventura le abriera las puertas a una alta corte. Hoy es magistrada electa de la JEP.

Lecciones e historias como estas renuevan la esperanza en la justicia, justo cuando más la necesitamos.

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