Amazonía, Colombia

Si el Congreso acepta el nuevo límite de 220.000 hectáreas deforestadas al año, estará excusando la responsabilidad del gobierno y desconociendo el fallo de la Corte. | Sebastián Molinares, Unsplash

Los casos judiciales son una vía cada vez más frecuente y útil para canalizar la demanda ciudadana por acciones urgentes sobre el cambio climático.

Los casos judiciales son una vía cada vez más frecuente y útil para canalizar la demanda ciudadana por acciones urgentes sobre el cambio climático.

Hoy hace un año que la Corte Suprema de Justicia dictó su fallo contra la deforestación en la Amazonía y el cambio climático. Ante una tutela presentada por 25 niños, niñas y jóvenes de todo el país, la Corte declaró que Amazonía es sujeto de algunos derechos y dictó órdenes precisas para que el Estado cumpla su promesa internacional de reducir a cero la deforestación neta en 2020. Por eso y por reconocer los derechos de las generaciones futuras, la decisión fue recibida como “una de las sentencias ambientales más robustas que haya dictado cualquier tribunal en el mundo”, como dijo Michael Gerrard, director del Centro Sabin contra el Cambio Climático de la Universidad de Columbia.

Como los fallos son para cumplirse y como implementarlos es tan complejo como dictarlos, hay que hacer un balance de las lecciones que deja este primer año para quienes lo hemos litigado y para los muchos ciudadanos y organizaciones preocupados por el medio ambiente, el calentamiento global y el futuro del planeta.

La primera lección es que los casos judiciales son una vía cada vez más frecuente y útil para canalizar la demanda ciudadana por acciones urgentes sobre el cambio climático. Desde que la Corte Suprema expidió su fallo, otros tribunales han tomado medidas en el mismo sentido. Jueces australianos y estadounidenses han revocado licencias a proyectos carboneros y petroleros por su impacto negativo sobre el clima. Las cortes holandesas confirmaron el fallo histórico en el caso Urgenda, que obligó al gobierno a comprometerse con una meta más ambiciosa y urgente de reducción de emisiones de carbono. Y nuevos casos se suman a los más de 800 litigios contra la inacción de los gobiernos frente a la crisis climática, y contra las empresas de combustibles fósiles que han prosperado a costa del calentamiento global (y que han desplegado un lobby eficaz contra las regulaciones y la ciencia del cambio climático).

La segunda lección es que aún los fallos más robustos pueden ser entorpecidos por los gobiernos obligados a implementarlos. Así lo está haciendo el gobierno Duque. En lugar de apurar el paso para cumplir la meta prometida para 2020, propone cambiarla en el Plan Nacional de Desarrollo para oficializar el aumento vertiginoso de la deforestación. Si el Congreso acepta el nuevo límite de 220.000 hectáreas deforestadas al año, estará excusando la responsabilidad del gobierno y desconociendo el fallo de la Corte.

Por esto mismo, porque la voluntad de los gobiernos es insuficiente, el impacto de los litigios depende de la movilización ciudadana. Esa es la lección más importante y esperanzadora del fallo. Porque el último año ha sido también el de la ola de protestas climáticas que inició la joven sueca Greta Thunberg, y a la que se han unido cientos de miles de estudiantes, incluyendo muchos de los accionantes en la tutela colombiana. Los litigios de las generaciones adultas pueden ayudar. Pero el impacto más duradero y decisivo probablemente vendrá de las acciones de los jóvenes que sufrirían los efectos más severos de un planeta inhabitable.

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