Leer a Beccaria hoy en Colombia
Rodrigo Uprimny Yepes febrero 12, 2023
Hace pocos días releí a Beccaria porque creí que era útil para el estudio del proyecto de humanización de las cárceles y de la política criminal presentado por el Ministerio de Justicia. | Tomado de Wikimedia Commons
Avalado por la criminología contemporánea, Beccaria muestra que es posible humanizar el sistema penal y al mismo tiempo mejorar la seguridad ciudadana.
Avalado por la criminología contemporánea, Beccaria muestra que es posible humanizar el sistema penal y al mismo tiempo mejorar la seguridad ciudadana.
Alguna vez un colega me dijo que a los abogados nos pagan para que soportemos el suplicio de tener que leer largos textos jurídicos. Creo que tiene en parte razón: leemos muchos de esos escritos por oficio y no por placer ya que suelen ser obras ladrilludas, incluso si su contenido es clave para enfrentar complejos problemas. Pero hay excepciones notables: textos jurídicos no sólo conceptualmente poderosos sino además de bella factura literaria, por lo cual su lectura resulta un placer.
Uno de ellos es el clásico “De los delitos y las penas”, de Cesare Beccaria, un libro que marcó profundamente el derecho penal y la política criminal en la modernidad. Hace pocos días lo releí porque creí que era útil para el estudio del proyecto de humanización de las cárceles y de la política criminal presentado por el Ministerio de Justicia. Y no me equivoqué: este pequeño libro, además de bello y conceptualmente poderoso, es muy relevante para esta discusión.
En 1764, a sus 26 años, Beccaria publicó en forma anónima este libro, que tuvo un éxito inmediato, debido no sólo a sus planteamientos renovadores sino también a su estilo. No es un largo tratado sino un manifiesto de menos de 100 páginas a favor de la humanización del sistema penal, con posiciones muy agudas pero escritas de manera asequible, cautivadora y desafiante.
La obra de Beccaria tiene apartes que hoy miramos con cierta condescendencia, como su tesis, un poco ingenua, de que la claridad de las leyes eliminaría la labor interpretativa de los jueces. Pero el texto sigue teniendo aportes enormes, que explican su celebridad y longevidad, como sus agudas críticas a la tortura, a la pena de muerte, a las arbitrariedades judiciales, a las pruebas y acusaciones secretas o a las desigualdades profundas ante el castigo penal. Y su defensa de la presunción de inocencia y del principio de legalidad penal. Todas estas reflexiones son actuales en el mundo contemporáneo, pero yo quiero centrarme en el punto que me parece más significativo para la discusión del proyecto del ministerio: la manera como el libro enfrenta la posible objeción de que la humanización de las penas se traduciría en un incremento de los crímenes. Beccaria responde que no es así, pues las altas penas no reducen obligatoriamente el crimen ya que no es “la crueldad de las penas” lo que frena los delitos sino “su infalibilidad”. La “certidumbre del castigo, aunque moderado” previene mejor el delito “que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de impunidad”.
Esta tesis de Beccaria, quien además de jurista era economista, está fundada en una visión sobre la racionalidad de los seres humanos que se anticipó en dos siglos a las teorías de la elección racional en criminología. Pero no tenía en ese momento verificación empírica. Hoy numerosos estudios han confirmado la solidez de su visión, como los metaestudios de Durlaud y Nagin de 2011 (The Deterrent Effect of Imprisonment) y de David Roodman de 2017 (The impacts of incarceration on crime), que luego de revisar numerosas investigaciones empíricas sobre el tema, llegan a conclusiones semejantes: subir penas y aumentar el encarcelamiento no es la mejor forma de reducir la criminalidad.
Avalado por la criminología contemporánea, Beccaria muestra que es posible humanizar el sistema penal y al mismo tiempo mejorar la seguridad ciudadana. Su lectura es entonces relevante para discutir el proyecto del ministerio, que le apuesta a superar la deplorable situación de las cárceles, que implica una verdadera tortura para las personas privadas de la libertad, como lo sentenció el Consejo de Estado en 2020. Pero buscando al mismo tiempo mejorar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las víctimas.
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