Skip to content
Movilización

La protección de la vida y de la movilización deben ir de la mano. | EFE

Si al tiempo que se condenan los asesinatos, se condena o se tiende un manto de sospecha sobre las protestas y los movimientos sociales, termina también reproduciéndose el estigma contra los líderes y la acción colectiva que han legitimado la violencia contra ellos a lo largo de la historia.

Si al tiempo que se condenan los asesinatos, se condena o se tiende un manto de sospecha sobre las protestas y los movimientos sociales, termina también reproduciéndose el estigma contra los líderes y la acción colectiva que han legitimado la violencia contra ellos a lo largo de la historia.

Declaraciones recientes del gobierno entrante pusieron en evidencia —y en contradicción— los dos tipos de acciones que son esenciales para proteger la vida de los líderes sociales. De un lado, el presidente electo Iván Duque se sumó rápidamente a la oportuna campaña #LideraLaVida, lanzada por El Espectador, Blu Radio, Noticias Caracol y la Procuraduría. De otro lado, el recién nombrado ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que buscaría ponerles nuevos límites a la movilización social y el derecho a la protesta.

Me explico. Para detener las amenazas y los asesinatos de líderes sociales, son precisas no solo medidas preventivas, sino también medidas que yo llamaría habilitantes. Las preventivas incluyen un consenso social y unos programas concretos para los proteger a los líderes. Las habilitantes consisten en la garantía del derecho a la protesta y la movilización social, que hace posible el trabajo de los líderes y los movimientos en riesgo.

En cuanto a las medidas preventivas, alienta ver la campaña y la adhesión pronta tanto de Duque como de un número creciente de movimientos y organizaciones sociales, empresas y gremios, medios y ciudadanos de distintas tendencias. Si la campaña crece y la idea se mantiene, puede ayudar a construir el consenso social sobre la protección de la vida que nos ha faltado para no dejar solos a los líderes sociales que trabajan por lo mismo —por la paz y la vida— en sus territorios. Un consenso por encima de las diferencias políticas similar al que le trazó la raya a la violencia en países como España, como escribió el colega Rodrigo Uprimny en estas páginas.

Al poner el reflector sobre historias de líderes y movimientos concretos, la campaña contribuye a impulsar otras acciones preventivas, que van desde hacerlos visibles hasta ofrecer seguridad a toda la comunidad y no solo a quienes los encabezan. Son las medidas que venían pidiendo desde hace años las organizaciones étnicas, campesinas y comunitarias, y que finalmente el Gobierno adoptó en el paquete de programas que expidió la semana pasada.

Pero las medidas preventivas no son suficientes para detener los asesinatos. Hay que reconocer no sólo a los líderes y comunidades, sino su trabajo y sus causas. Esa es la razón por la que están siendo perseguidos: por construir la paz en sus territorios. Para eso, han usado las formas de acción colectiva y pacíficas que son el poder de los menos poderosos: las marchas, las velatones, las guardias indígenas y cimarronas, las mingas. Y que son imposibles sin el derecho a la protesta y la movilización social: el derecho que los habilita a exigir derechos.

Por eso la declaración del futuro ministro Botero va en contravía de la del presidente electo. Si al tiempo que se condenan los asesinatos, se condena o se tiende un manto de sospecha sobre las protestas y los movimientos sociales, termina también reproduciéndose el estigma contra los líderes y la acción colectiva que han legitimado la violencia contra ellos a lo largo de la historia.

La protección de la vida y de la movilización deben ir de la mano. Veremos cómo se resuelve la tensión en el próximo gobierno.

Powered by swapps
Scroll To Top