Los abogados del poder

En Colombia, en cambio, el presidente era un civil y había elecciones regularmente. Mis profesores de la facultad veían en este contraste un motivo para exaltar la tradición civilista de nuestro pueblo. El hecho de que tuviéramos un Estado de excepción casi permanente (dos terceras partes del tiempo entre 1960 y 1991) era para ellos un asunto irrelevante. Dado que las declaratorias del Estado de sitio eran válidas, mis profesores desestimaban el hecho de que, en la práctica, la excepción constitucional hubiese sustituido a la regla.

He recordado esto al oír las declaraciones de algunos de los abogados más prestigiosos del país, entre ellos Carlos Gustavo Arrieta, Jaime Bernal Cuéllar, Jaime Castro y Néstor Humberto Martínez, a propósito de la destitución de Petro. Como mis profesores de derecho, estos abogados son inteligentes y consagrados. Sin embargo, políticamente son demasiado conservadores y jurídicamente son demasiado formalistas (en el mal sentido del formalismo). Eso les impide adaptarse a las nuevas concepciones del derecho y a la realidad del país. A veces pareciera como si soportaran mal los cambios que introdujo la Constitución de 1991, entre ellos la consagración de la primacía de los derechos fundamentales. Por eso no aceptan que las medidas cautelares de la CIDH tengan el poder de afectar las competencias del procurador.

Pero estos abogados no sólo son muy conservadores, también son litigantes y eso implica una manera particular de ver el mundo (para no hablar de conflictos de interés). El litigante está entrenado para defender causas, casi sin importar de dónde vengan o cuál sea su valor intrínseco. Lo suyo no es la ponderación, el interés público o la conciliación entre puntos de vista, sino más bien tomar partido y derrotar al opositor. Por eso hay algo de verdad cuando se dice que la cultura del litigante está marcada por el cinismo.

Algo distinto ocurre con otros oficios jurídicos como el de juez o el de profesor de derecho. El juez (un buen juez, claro) se preocupa sobre todo por oír a las partes, por dejar que expongan sus argumentos y por analizar objetivamente las pruebas. Un juez no milita por una hipótesis, sino que facilita que la verdad surja naturalmente del proceso. También los profesores de derecho tienen, en principio, esa capacidad para adoptar un punto de vista neutral. Por eso, en Europa o en los Estados Unidos, cuando los medios quieren conocer la opinión jurídica de un experto, llaman a las facultades de derecho y no a los bufetes de abogados.

Para terminar debo hacer dos advertencias. En primer lugar, hablo de predisposiciones ligadas a los oficios jurídicos (litigante, juez, profesor). De ninguna manera digo que el hecho de ser litigante necesariamente sesgue la mente o que el académico o el juez siempre tengan buen juicio. Por supuesto que no. En segundo lugar, no sobra decir (en este país de suspicacias) que no tengo ningún interés personal en lo que escribo. Soy abogado, pero no aspiro a ser juez o magistrado, no trabajo en una facultad de derecho, no busco ser asesor del Gobierno y no quiero ser llamado por los medios para opinar en asuntos jurídicos.

Mi punto es otro y es que la opinión jurídica autorizada en este país está demasiado concentrada en un puñado de abogados muy cercanos al poder, muy conservadores, nostálgicos del antiguo régimen (anterior a la Constitución de 1991) y muy sesgados por la cultura del litigante.
A veces tengo la impresión de no haber salido nunca de la facultad de derecho.