Los caminos para regular las drogas: límites y posibilidades dentro de los tratados

El gobierno nacional incluyó la regulación del uso de cannabis para adultos y de los usos alternativos de la hoja de coca en la Política Nacional de Drogas publicada en octubre del año pasado. En paralelo, el pasado diciembre se hundió en el Congreso el proyecto de acto legislativo para la reforma constitucional al artículo 49, mediante el cual se proponía eliminar la prohibición constitucional de cannabis que existe hoy, y así habilitar la posibilidad de un mercado regulado de uso adulto del cannabis.

Los tratados internacionales de drogas son claros y admiten solamente usos médicos y científicos de las sustancias sujetas a fiscalización. Sin embargo, varios países y jurisdicciones han avanzado en modelos regulatorios con diferentes argumentos jurídicos para fundamentar esta decisión. Pero los tratados internacionales son parte del ordenamiento multilateral. Entonces, los procesos para avanzar en caminos distintos deben buscar no menoscabar la legitimidad de ese sistema internacional, en tiempos donde vemos de manera creciente fracturas, pero también la importancia de estos escenarios.

En medio de las tensiones entre la necesidad de salir del fracaso de la prohibición y respetar el multilateralismo, está también el papel de Colombia, a medida que retoma el liderazgo en el debate mundial de drogas. Una pregunta que sin duda le harán al país es cómo fundamenta jurídicamente el giro a un mercado regulado de uso adulto de cannabis y hoja de coca.

Existen varios caminos para un país que quiera regular un mercado de uso adulto de cannabis –o de cualquier otra sustancia fiscalizada por los tratados. Mencionaré cuatro en esta columna.

Un primer camino es la denuncia y readhesión con reserva. Suena muy técnico, pero en esencia significa que un país se retira de las convenciones y vuelve a sumarse, pero con una reserva, algo así como una anotación y, como consecuencia, las obligaciones particulares de las que se quiere sustraer ya no harán efecto para ese país. A este camino le podemos llamar el boliviano, pues fue lo que hizo ese país en 2011 cuando se retiró de la Convención de 1961 y condicionó su reingreso a que le fuera aceptada una reserva para poder tener un mercado regulado de hoja de coca. Es un camino que está regulado por los tratados, pero es bastante solitario, con pocos precedentes y al menos al inicio le generó a Bolivia reacciones adversas.

Una segunda posibilidad, al menos para el caso del cannabis y de la hoja de coca, consiste en desclasificar las sustancias dentro del sistema de tratados. Es un mecanismo que existe y, que aunque se usa en su mayoría para agregar más sustancias a la larga lista de la prohibición, tiene al menos dos antecedentes de intentos de desclasificación. Se trata de la reclasificación del cannabis en 2020. Tras surtir el proceso de revisión crítica de la OMS, tuvo como resultado que el cannabis se eliminó de la Lista IV, reconociendo así usos médicos y científicos.

También cursa actualmente la revisión crítica la hoja de coca, solicitada por Bolivia y que busca que sea retirada de las listas. Es un escenario que busca dar a la clasificación de sustancias lo que nunca tuvo en su inicio: evidencia científica sobre los usos, los beneficios, y los riesgos. Pero es un proceso largo que, a pesar de estar fundamentado en un proceso científico, termina en manos del vaivén político de la Comisión de Estupefacientes.

Ahora, hay un tercer camino: la Convención de Viena sobre los tratados admite que varios países suscriban acuerdos inter se, es decir, que dos o más partes pueden celebrar un acuerdo con el fin de modificar un tratado multilateral pero con efectos únicamente entre ellos.

Este nuevo tratado debe no ir en contra de las obligaciones de un Estado sobre el tratado que quiere superar, para lo cual lo ideal es que se efectúe primero una reserva, para armonizar obligaciones. Es un escenario que nunca ha sido explorado y no tiene precedentes, pero permitiría un horizonte de intercambio entre los países en el mundo que ya avanzan con mercados regulados de cannabis de uso adulto.

Por último, está la vía uruguaya, es decir, una salida política para fundamentar la regulación doméstica. En 2013, cuando el pequeño país del cono sur se convirtió en el primero en el mundo en regular el uso adulto de cannabis, lo hizo bajo el argumento de derechos humanos. Esto, reconociendo que hay enormes tensiones entre la aplicación de las obligaciones del régimen internacional de prohibición, y de las obligaciones de derechos humanos, en particular los derechos a la libertad, autonomía personal, salud, nivel de vida adecuado y derechos de los pueblos indígenas, entre varios otros.

Fue así como Uruguay argumentó su decisión no con un mecanismo propio del derecho internacional, sino con un argumento político en la escena diplomática.

Cada uno de estos escenarios tiene pros y contras. Algunos requieren coordinación con otros países, lo cual daría la seguridad de ir en bloque, pero con el reto mismo de la coordinación en un escenario de alta fatiga diplomática, como lo es la Comisión de Estupefacientes en Viena.

Otros caminos son más solitarios, y eso podría exponer a Colombia a mayores retaliaciones. Hay vías que no tienen como tal un fundamento jurídico, y si se trata, como lo ha anunciado Petro, de que Colombia lidere modificaciones en el sistema de control de drogas, es el momento propicio para ser ambiciosos y señalar e intentar corregir los errores de los tratados.

En cualquier caso, la opción que escoja Colombia deberá ser parte de una estrategia más amplia que cuestione el sistema de prohibición desde adentro, pero también proponga alternativas para un mundo después de la prohibición.