Los carrotanques, radiografía de la corrupción colombiana

Violación de derechos humanos

El escándalo de corrupción a raíz de los carrotanques para La Guajira no ha dejado de estar en las noticias. Los medios descubrieron un sobrecosto de 20 mil millones de pesos, unos vehículos parqueados y unos contratistas de papel, pero ahora se asoma un cartel que involucra a políticos, funcionarios y empresas o personas particulares.

Más importante aún, este caso perjudica seriamente a personas que están en el último rincón de Colombia, expuestas a la crisis climática y con muy poca voz o posibilidades para defenderse. También implica graves violaciones de los derechos humanos de estas comunidades apartadas, nada menos que por parte de la entidad supuestamente encargada de velar por su protección, o sea la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres (UNGRD).

No necesito decir que el derecho al agua potable constituye un mínimo de subsistencia para los grupos marginados y por tanto los recursos destinados a atenderlo deberían ser sagrados.

La responsabilidad del presidente Petro

Los culpables del abuso son funcionarios públicos en connivencia con particulares. Por lo mismo, y además de que el Estado debe responder nacional e internacionalmente por violaciones de derechos humanos, el presidente Petro debe responder por la elección y vigilancia de sus funcionarios que a su vez contrataron a terceros.

No puede decirse que sus funcionarios lo desobedecen, cuando él mismo dijo que en la UNGRD había rumores de corrupción desde hace años: nombrar a un director o directora de intachable integridad era entonces especialmente necesario. Más aún cuando se trata de la entidad encargada de conjurar una crisis tan grave como lo reconoció el propio Petro en audiencia ante la Corte Constitucional el 11 de noviembre pasado.

No basta con que diga que un funcionario que se robe un peso “se va del gobierno del cambio con el rabo entre las piernas, porque se va directico a la cárcel”. Como jefe del gobierno debe asegurar previamente que su equipo no represente un riesgo para el manejo de los dineros públicos y garantice los derechos fundamentales. Por la misma razón, quien nombra debe vigilar la gestión de las personas designadas para evitar desafueros. Más todavía si desde la campaña electoral habíamos visto asomos de abuso del potencial equipo de gobierno.

La mesa contra la corrupción

En un comunicado del 3 de mayo la Presidencia anunció la creación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada de concertar la lucha contra la corrupción en Colombia. Parece que el escándalo de la UNGRD es el motivo de la iniciativa.

Aunque la Fiscalía dijo que no participaría y a Petro no le gustan ni la Procuraduría ni la Contraloría, las invitó a la mesa cuyo fin es identificar, documentar y enfrentar cualquier indicio de corrupción para facilitar la actuación posterior de la Fiscalía. Así, el presidente admite implícitamente su responsabilidad al escoger sus funcionarios y propone vigilar a los nombrados por él mismo.

El problema es que estamos hasta la coronilla de fotos de los luchadores contra la corrupción dándose la mano para hacer convenios y luchar contra la corrupción: un nuevo equipo de superhéroes sin resultados efectivos.

Desde Dejusticia hemos insistido en traducir los muchos acuerdos de cooperación interinstitucional en programas y pautas susceptibles de  aplicación práctica, puesto que son innumerables los acuerdos de voluntad entre la Secretaría de Transparencia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, pero no hay evidencia de que se hayan aplicado.

Por eso mismo, si la flamante mesa que propone el presidente no rinde cuentas claras de sus avances y muestra su efectividad, otra vez quedaremos en el aire. Sobre todo cuando ya se tomaron las pocas medidas que podían ser tomadas tras la pérdida del dinero de los carrotanques: congelar los desembolsos pendientes y aumentar los controles.

Gastos urgentes

Mientras tanto, el caso de corrupción en la UNGRD ha seguido engordando porque pasó de coimas en la adquisición de los carrotanques al aparente soborno de los presidentes del Senado y de la Cámara en el que estarían involucrados ministros y altos funcionarios, amén de varios políticos regionales.  Estos pagos, “ordenados desde arriba”, se habrían hecho a través de la entidad del Estado que podía realizarlos sin la necesidad de mucho papeleo.

El problema para frenar la corrupción en la UNGRD precisamente se debe al carácter urgente de los gastos que debe hacer esta entidad, una urgencia que le permite darse el lujo de no cumplir lo que ordena la Ley 80, ni publicar una licitación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, esperando a que se presenten interesados.

Vacunas contra el Covid-19

En la UNGRD se han aprovechado de esta urgencia para no rendir cuentas. Así fue en tiempos de la pandemia. Como había que actuar de urgencia, la entidad se negó a mostrarle a la ciudadanía los contratos que firmó con las farmacéuticas para suministrar las vacunas.

Esta confidencialidad impidió durante mucho tiempo que conociéramos si nos habían tumbado con el precio de las vacunas, las limitaciones a la responsabilidad de las farmacéuticas, las fechas de entrega o las entidades involucradas o beneficiadas. Ni con una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la UNGRD cumplió con su obligación de rendir cuentas.

Cómo controlar a la UNGRD

¿Qué hacemos entonces con esta entidad que es tan clave para llegar a las comunidades de la periferia, pero tan vulnerable a la corrupción? La lucha contra la corrupción es de largo aliento. Además de cambios sociales y culturales, exige controles, sanciones y rendición de cuentas.

Si la UNGRD tiene el monopolio de la contratación para desastres y además tiene discrecionalidad por la urgencia manifiesta, entonces redoblemos los controles posteriores, tanto internos como externos.

Por un lado, hay que usar las herramientas de control interno de la propia entidad, nombrando un controlador técnico, independiente y valiente, como lo pudo ser Jorge Enrique Pizano en el caso Odebrecht. Por otro lado, hay que usar las herramientas de especial seguimiento en tiempo real de la Contraloría para alertar sobre riesgos de daño patrimonial cuando el contrato se está ejecutando, especialmente en épocas de elecciones. Además, la Contraloría dispone de mecanismos de vigilancia sobre los sistemas generales de participaciones y regalías, y estrategias de evaluación y control cuyas fortalezas hay que aprovechar para tener en la mira a la UNGRD.

Recuperar la plata perdida

La demora en los procesos penales, disciplinarios y fiscales es lamentable, pero la no recuperación de los dineros es inaceptable. No perseguir el dinero robado estimula además la corrupción, porque el corrupto se rasca la barriga engordada con el delito, mientras espera la actuación de la justicia que no llega.

Para garantizar que los bienes del responsable de actos de corrupción sean congelados, la Contraloría y la Procuraduría, en sus calidades de representantes del Estado, deben solicitar las medidas cautelares inmediatas en los procesos penales, para que los fondos se congelen desde el primer momento.

Adicionalmente, deberían eliminarse las restricciones de acceso a la información, hoy reservada, que recoge y produce la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para probar los actos de corrupción y perseguir los activos.

Finalmente, se debería ajustar el funcionamiento de la extinción de dominio. Aplicar de manera efectiva la carga de la prueba dinámica, o sea que el acusado y no la Fiscalía demuestre que el bien es suyo porque se encuentra en la mejor condición de demostrar el origen de sus rentas y bienes. Del mismo modo, la congelación de estos bienes debe permitir su reutilización social inmediata, como se permite ya en varios países europeos.

La lucha contra la corrupción, como contra el homicidio, no se acaba nunca, pero puede dar mejores resultados.