Los conflictos del fiscal
Vivian Newman Pont febrero 25, 2017
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No es fácil aceptar un conflicto de interés. En general, una persona que tiene que tomar decisiones en un caso suele creer, de buena fe, que no se va a dejar influenciar. Pero en la práctica es difícil sustraerse de los propios intereses, por lo cual la ley hace varias listas de causales de separación de los asuntos.
No es fácil aceptar un conflicto de interés. En general, una persona que tiene que tomar decisiones en un caso suele creer, de buena fe, que no se va a dejar influenciar. Pero en la práctica es difícil sustraerse de los propios intereses, por lo cual la ley hace varias listas de causales de separación de los asuntos.
Como no es suficiente que la ley lo diga, el conflictuado debe
hacerse un examen ético y dejar claro ante la sociedad que sus intereses
no generan ningún riesgo de afectación a la institucionalidad a la que
sirve.
Por conflicto de interés en el caso Odebrecht, al fiscal Martínez Neira
lo denunció ante la Comisión de Acusaciones el senador Robledo, quien
también solicitó su recusación mediante queja ante el procurador, junto
con la senadora Claudia López. Ambos congresistas sostienen que no hay
garantías de imparcialidad en su labor de fiscal porque es amigo y ha
sido representante de los intereses del señor Sarmiento Angulo a través
de su asesoría a la Ruta del Sol, Corficolombiana y Navelena-Odebrecht.
El fiscal refuta que su firma cambió de nombre y de logo, que dejó de
asesorar jurídicamente, que hay un documento falso y que no participó en
el crédito de Navelena. Las pruebas de este caso tendrán que valorarlas
la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones. Pero, mientras tanto,
subsiste la desconfianza pública… ¿cómo garantiza Martínez que las
investigaciones de la corrupción más grande del país no están corriendo
un riesgo?
La mejor forma de hacerlo es apartarse de las 11 investigaciones que
actualmente dirige y solicitar un fiscal interino. El mismo Martínez
explicó que debían tramitarse sus conflictos de interés cuando, ad
portas de su elección, señaló que propondría una ley para garantizar la
transparencia que en estos casos ofrecería un funcionario distinto “que
no tenga relación jerárquica y sin que exista poder de nominación o
remoción del fiscal general de la Nación”. Este proyecto de ley está en
pañales, pero es claro que la regla penal para tramitar impedimentos y
recusaciones no es suficiente para garantizar imparcialidad.
Martínez también ha alegado que las investigaciones se realizan con
fiscales independientes que no están impedidos. Pero todos sabemos que
el fiscal mantiene la dirección investigativa y acusatoria sobre todos
los fiscales, así como el poder de nombramiento y remoción con muchos de
ellos. La mayor debilidad de Martínez cuando iba a ser elegido se está
concretando, así que ahora Martínez debe no sólo actuar imparcialmente,
sino ofrecer públicamente esa imparcialidad y generar confianza en la
ciudadanía.
Si el fiscal deja pasar el análisis integral de su posible conflicto de
interés ante la opinión pública, contribuirá a establecer esta práctica
social de ignorar los conflictos como un comportamiento válido en
nuestra sociedad. Además parecerá laxo en la tolerancia frente a sus
propios obstáculos, en especial en su lucha a favor de la transparencia y
contra la corrupción, pues la falta de objetividad es una de sus
puertas de entrada. Existen estudios que documentan que a mayor
imparcialidad judicial, mayor disminución de la corrupción, contra la
cual tanto lucha Martínez en su plan Bolsillos de Cristal. Más aún si
tenemos en cuenta que la investigación que debería conducir de manera
impecable el fiscal en el caso Odebrecht obedece a la típica corrupción
de cuello blanco que se origina en el centro burocrático y la alta
sociedad y su condena debe ser ejemplarizante para el resto de la
comunidad.