Los límites de la Campaña Artemisa

El pasado 18 de septiembre las fuerzas armadas desplegaron un operativo anti-deforestación, en una de las zonas más complejas del noroccidente amazónico, entre el resguardo indígenas Yaguará II y el Parque Nacional Natural Chiribiquete. Capturaron a tres personas, entre ellas a un líder indígena; la comunidad local respondió reteniendo a un funcionario. La situación es terrible por parte y parte. Creo que la retención no tiene justificación por muy desesperadas que estén las comunidades, aunque afortunadamente, el funcionario ya está en su casa y no recibió malos tratos. Por otro lado, el operativo deja un escenario inmanejable para las autoridades civiles y para las comunidades. Este terrible caso muestra que la actuación de las instituciones involucradas en la Campaña Artemisa es inconstitucional y, por lo tanto, debe limitarse. Me explico.

Primero, el operativo cayó en una zona saturada de conflictos rurales. El resguardo Yaguará II fue creado para albergar colonos indígenas de tres pueblos (Pijaos, Tucanos y Piratapuyos), que fueron expulsadas por el acaparamiento de tierras de sus regiones de origen. Luego, estos pueblos fueron desplazados de allí en los 2000 por la guerrilla de las FARC. Con el tiempo comenzaron a llegar colonos campesinos, así como indígenas del pueblo Nasa desplazados del Cauca, por el conflicto armado y por la pobreza. Por si fuera poco, las primeras comunidades quieren retornar (como demuestra esta súplica reciente que publicaron). Al tiempo, las comunidades están rodeadas de acaparadores de tierra y de disidencias de las FARC. En su gran mayoría, quienes habitan la zona, indígenas o no, dependen de la ganadería, la actividad económica más estable. 

¿Qué hizo el operativo para desenmarañar esos conflictos? Capturar tres personas para acusarlas de delitos ambientales y abandonar la zona a su suerte. Atrás dejaron comunidades indignadas, una enorme desconfianza frente a las instituciones y familias destrozadas. No es un escenario ideal para que las autoridades ambientales civiles lleguen a mermar la tensión. Por ello, es necesario que la Campaña Artemisa sea reglamentada, para no empeorar los conflictos rurales y que, así, se ejecuta de forma proporcional para garantizar derechos humanos y ambientales al tiempo. De lo contrario, podría llegar a ser imposible proteger las selvas por la enorme tensión social que se vive en sus bordes.

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Segundo, en el operativo se desconocieron garantías básicas de quienes se acusa de deforestar e invadir el Parque Natural. Según denuncias de oenegés y de las mismas comunidades, en la incursión militar las casas de las personas fueron destruidas mediante explosivos, junto con enseres y animales. Esto vulnera el derecho al mínimo vital y a la vida digna de estas personas y sus familias. Además, de ser cierto, en el operativo pudieron haberse cometido delitos contra la vida de los animales (sancionados por el Código Penal desde 2016). 

Las autoridades ambientales tienen la potestad de ordenar la demolición de infraestructura que afecte las áreas protegidas, pero cuando esta medida entrañe vulneraciones a derechos humanos, está sometida a ciertos límites. La Campaña requiere de un protocolo que garantice los derechos de las familias que pueden verse afectadas con los operativos. 

Es urgente ponerle frenos a Artemisa. No es la primera vez que se denuncian excesos en este tipo de operativos. El gobierno, sin embargo, ha hecho oídos sordos. Aún no se conocen medidas para que la dicha campaña militar sea exitosa a la vez que respeta estándares de derechos humanos. Mientras tanto, la deforestación avanza a pasos agigantados (en 2020, fueron casi 172.000 ha. destruidas). 

Posdata: abajo dejo algunas denuncias de oenegés y de las comunidades sobre el caso.