Los palos de ciego de la Alcaldía en la seguridad de Cartagena

Esta columna fue publicada en RCN Radio. Escúchela a continuación:

La situación de inseguridad en Cartagena no da tregua. Según Cartagena Cómo Vamos, en los últimos cuatros meses del año 2022, en comparación con el año pasado, los casos de homicidios han aumentado un 89 %. Lo que significa que cada día amanece una persona muerta en circunstancias violentas. Pero los hurtos no se quedan atrás, entre enero y febrero de este año, se han presentado 822 casos en personas, 107 en establecimientos comerciales y 71 en residencias.

Esta situación se agrava porque la administración distrital aún no cuenta con un diagnóstico claro, que explique los factores causantes de esta ola de violencia y de hurtos, y tampoco implementa una estrategia con metas y resultados contundentes para detenerla.

En los medios, es común escuchar a la secretaria del Interior, Paola Pianeta, dar declaraciones como: “[…] Vamos a trabajar todo el tema de intolerancia y riñas con acciones preventivas y a hacer una intervención social […]”. Sin embargo, lo que las acciones muestran están lejos de ser intervenciones sociales promotoras de consenso y de convivencia ciudadana, por el contrario, son medidas policivas orientadas a la restricción de libertades individuales y a la estigmatización de prácticas culturales en la ciudad.

Desde el año 2020, el Distrito ha impuesto decretos que van desde los toques de queda, la restricción a la circulación de motos, el cierre de establecimientos comerciales, hasta la prohibición de bailes de picó. Estas medidas no son más que palos de ciego que no han llevado a ningún lado, y por el contrario, han generado un alto descontento en la ciudadanía, pues ven vulnerados principalmente sus derechos al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y al mínimo vital. Por cuenta de ello, gremios como el mototaxismo y la Asociación de Trabajadores de Bares, Restaurantes y Discotecas – Asprobares, han exigido, mediante protestas, un cambio de estrategia, pues la que se viene implementando se contradice con la reactivación económica pospandémica que dice pregonar la misma administración distrital.

A la luz de los hechos, la interpretación al problema de inseguridad por parte de la alcaldía, pareciera estar orientada a que los homicidios y los hurtos se previenen manteniendo a la ciudadanía encerrada, con aumento del pie de fuerza, y a punta de consejos de seguridad liderados por la Policía, la Armada y la Fiscalía. Los diálogos sociales que anuncian, los hacen presionados por los gremios que salen a protestar, de lo contrario, allí estuviera la ciudadanía encerrada y la reactivación económica paralizada, reactivación sobre la cual vale decir, también falta estructura, objetivo y visión.

Ya son cuatro los decretos que luego de ser expedidos han tenido que ser modificados, pues claramente van en contravía de los derechos individuales y colectivos de los cartageneros. Por todo ello, se evidencia desde la administración distrital una constante contradicción, improvisación, ausencia de factores de riesgo claros, y carencia de una estrategia de prevención y protección que mitigue la ola de violencia que azota a la ciudad.

Ahora bien, no se puede desconocer que la inseguridad en los territorios tiene un contexto generalizado en todo el país, en parte por la cuestionada e ineficaz política de seguridad nacional del presidente Iván Duque. Pero, si a ello se le suma la improvisación en el Estado Local, los cartageneros nos veremos sumidos en una profunda crisis, en la que a la falta de gobernanza local, se le sumará la permanente inseguridad.

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