Los que no podrán votar

Para entender por qué este domingo miles de campesinos, indígenas y afros no podrán votar, hay que internarse en lugares como Mojaudó, Chocó. Allá llegué con un equipo de Dejusticia poco después del plebiscito del 2 de octubre de 2016, siguiendo el rastro de la queja de los líderes embera por no haber podido votar por la paz. Es el lamento de muchos otros habitantes de Bojayá —el municipio del que hace parte Mojaudó y sufrió la peor masacre de las Farc—, que tampoco pudieron llegar a los puestos de votación para refrendar su apoyo al Acuerdo de Paz y terminaron viendo cómo el país urbano decidía por ellos y en sentido contrario.

Como muchos habitantes de la periferia nacional, la mayoría de adultos de Mojaudó no vota. No porque no quiera, sino porque no puede. Su abstención es forzada. Su derecho a elegir queda muy lejos, en la Constitución y los tratados internacionales que están más allá de las cinco horas en lancha artesanal que hay hasta Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, o las tres horas adicionales en lancha rápida que hay hasta Quibdó.

La razón es el costo. Leyner Palacio, líder de Bojayá, me hizo cuentas inapelables mientras bajábamos por el río: son 24 galones de gasolina, ida y vuelta, de Mojaudó a Bellavista, donde quedan los puestos de votación. Tres millones de pesos, más el costo de la alimentación, que nadie tiene en Mojaudó. Por eso la gente en la vasta zona rural de Bojayá puede ir a sufragar sólo cuando el político de turno pone la lancha y el almuerzo. Y la indicación de por quién votar. Como el día del plebiscito no había puestos para repartir, tampoco hubo lanchas, ni pescado ni arroz.

Lo de Bojayá es una muestra de un problema nacional. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en Colombia no se sabe dónde está ubicada la mitad de los puestos de votación de las zonas rurales. Inexplicablemente, la Registraduría no tiene o no entrega los datos precisos, de modo que no hay forma de saber qué tan cercanos o accesibles son los puestos. La MOE advierte que las elecciones presidenciales corren riesgo en 360 municipios por la dificultad de llegar a los lugares de votación.

El vacío se hace más profundo por las normas que regulan las elecciones, que prohíben los puestos de votación en poblados o caseríos como Mojaudó. Solo se pueden instalar en corregimientos o inspecciones de policía, con la consabida dificultad de acceso para quienes viven en la periferia del país y terminan confinados también en la periferia política, la que no tendrá una voz (al menos una voz independiente) este domingo.

Por eso los líderes de Mojaudó y 32 comunidades indígenas de Bojayá presentaron una tutela, que la Corte Constitucional resolverá y que venimos acompañando. Le exigen a la Registraduría y al Estado en general que garantice su derecho a elegir, ubicando puestos en las comunidades alejadas o en sitios accesibles. Aunque llegaría muy tarde para las elecciones presidenciales, sería un comienzo para saldar la deuda no solo con Bojayá, sino con el resto del país que no podrá votar este domingo.