Los riesgos del nacionalismo por la vacuna

La vacunación es uno de los instrumentos más importantes para superar esta pandemia. Es entonces comprensible que los Estados, incluido Colombia, busquen asegurar para su población un acceso prioritario a vacunas seguras y eficaces. Pero esa razonable preocupación no debe conducir a una competencia nacionalista entre los países para lograr acuerdos unilaterales con las farmacéuticas y que estas les aseguren un suministro preferente de sus vacunas.

Esta competencia nacionalista es éticamente cuestionable si uno realmente cree que los derechos humanos son universales y que toda persona, en cualquier parte del mundo, tiene derecho a acceder a una vacuna segura y eficaz contra el COVID-19. La priorización en el suministro de las vacunas, que es inevitable, debe entonces depender, tanto a escala nacional como internacional, de razones médicas y de salud pública, no de la riqueza de las personas o los países. Pero eso no sucederá si predomina el “nacionalismo de la vacuna”, como lo llama la OMS.

La razón: esta competencia nacionalista permite a las farmacéuticas, en sus negociaciones unilaterales y secretas con cada Estado, subir los precios y reducir sus responsabilidades por eventuales efectos adversos de las vacunas. Esto hace más difícil el acceso de los países más pobres. Las naciones más ricas logran una especie de monopolio temporal de acceso a la vacuna, pues tienen más dinero y mejor capacidad de negociación. Esto no solo es injusto sino que además es contraproducente para combatir globalmente la pandemia, pues mientras haya partes importantes de la población mundial que no estén inmunizadas, subsistirán los riesgos de nuevas olas pandémicas. Como dice la OMS, frente a una pandemia, mientras todo el mundo no esté seguro, en realidad nadie está seguro.

Las grandes beneficiarias de esa competencia nacionalista son las farmacéuticas. Es comprensible que estas compañías busquen ganancias por sus esfuerzos, pero es injusto que impongan precios y condiciones que dificulten la lucha global contra la pandemia y el acceso equitativo a las vacunas.

Todo esto sería diferente si los Estados cooperaran y buscaran acuerdos globales para lograr un acceso universal a las vacunas, con criterios de priorización equitativos, como intenta hacerlo el programa COVAX, apoyado por la OMS. Por eso, en las últimas semanas, varios relatores especializados de derechos humanos de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (del cual, por transparencia, señalo que hago parte) realizaron declaraciones en esa dirección.

La actitud del gobierno Duque en este campo no ha sido la mejor. Aunque incorporó a Colombia a COVAX, lo cual es positivo, parece estar de lleno en el “nacionalismo de la vacuna”. Mientras negocia secretamente con las farmacéuticas, Duque se ha abstenido de apoyar la iniciativa de Costa Rica y Chile denominada Llamado a la Solidaridad en Acción, que precisamente busca financiar las vacunas como bienes públicos globales. Pero el gobierno Duque aún puede apartarse de este antiético nacionalismo sanitario. Debería apoyar la razonable propuesta de Sudáfrica e India ante la Organización Mundial de Comercio, que pide una limitación temporal de ciertos derechos de propiedad intelectual sobre vacunas y tratamientos para facilitar el combate contra la pandemia, decisión que se tomará en los próximos días.

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Agradezco el comentario del representante Ricardo Ferro a mi columna anterior sobre vacunas y transparencia, que permite un debate público y respetuoso sobre este trascendental tema. Próximamente señalaré por qué discrepo de sus apreciaciones.