Los tribunales de ética están conformados por un grupo de expertos que sancionan conductas para el correcto ejercicio de su profesión. | Freepik

En Colombia, para el caso del ejercicio profesional de la medicina, la Ley 23 de 1981 o Ley de Ética Médica creó los Tribunales de Ética Médica para que conozcan de aquellos casos en que los médicos cometan una falta ética en el ejercicio de su profesión.

En Colombia, para el caso del ejercicio profesional de la medicina, la Ley 23 de 1981 o Ley de Ética Médica creó los Tribunales de Ética Médica para que conozcan de aquellos casos en que los médicos cometan una falta ética en el ejercicio de su profesión.

Cuando pensamos en la organización de la justicia en Colombia, imaginamos jueces vestidos de toga, sentados en los despachos de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. Pero este mapa es apenas la cara visible. Nuestro sistema de justicia es inmenso e incluye tanto instituciones públicas como privadas, encargadas de importantes funciones judiciales o administrativas. Este es el caso de los Tribunales de Ética Médica (TEM), instituciones privadas con funciones públicas que, a pesar de su importancia, han permanecido invisibles en el mapa de las instituciones colombianas.

Los tribunales de ética están conformados por un grupo de expertos que sancionan conductas para el correcto ejercicio de su profesión. Por ejemplo, si un médico hace una cirugía de corazón y el paciente muere, solo los médicos, sus colegas, podrán saber a ciencia cierta cómo juzgar si hubo un error o no. Es común ver la existencia de este tipo de tribunales en disciplinas como la medicina, la psicología, la ingeniería y la contaduría.

La importancia de estos cuerpos colegiados radica en al menos cuatro razones: primero, autorregulan la profesión al afirmar estándares éticos que deben seguir todos los profesionales; segundo, la presión que ejercen influye en la conducta de los profesionales para que se abstengan de comportarse de forma indebida; tercero, esto repercute en la mejora de la prestación de servicios a los clientes o pacientes; y cuarto, en consecuencia, protegen la buena reputación de la profesión.

En Colombia, para el caso del ejercicio profesional de la medicina, la Ley 23 de 1981 o Ley de Ética Médica creó los Tribunales de Ética Médica para que conozcan de aquellos casos en que los médicos cometan una falta ética en el ejercicio de su profesión. En el país hay un total de 22, uno a nivel nacional y 21 a nivel regional. En la práctica, cada tribunal tiene cinco magistrados, realizan audiencias y emiten sentencias con sanciones disciplinarias. A sus despachos llegan casos con temas diversos, desde quejas por malos tratos, operaciones quirúrgicas mal realizadas, hasta la muerte de pacientes por presunta negligencia médica.

Desde el área de género de Dejusticia le pusimos la lupa a estos tribunales y escribimos el libro Entre la bata y la toga: Tribunales de Ética Médica y derechos sexuales y reproductivos. Queríamos saber quiénes son, cómo fallan y cuál ha sido su rol en la garantía de derechos como el aborto y la protección a víctimas de violencia sexual y de violencia ginecobstétrica. Los resultados principales fueron los siguientes: i) Durante casi cuatro décadas de funcionamiento solo ha habido dos magistradas mujeres en el Tribunal Nacional de Ética Médica, el órgano de cierre de este cuerpo institucional; ii) el Tribunal Nacional de Ética Médica ha emitido 1773 sentencias, de las cuales 258 (el 14,5%) están relacionadas con derechos sexuales y reproductivos; iii) aunque hay importantes avances en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, aún persisten grandes retos, como el desconocimiento de la normativa nacional e internacional, la falta de seguimiento del precedente y la ausencia de enfoques diferenciales en sus decisiones.

Estas instituciones, que hasta el momento han permanecido invisibles, son trascendentales para el correcto ejercicio de las profesiones y del mapa de la justicia colombiana. Poner el reflector sobre dichos tribunales no solo nos permite ver las bondades de la autorregulación profesional, sino que también nos abre la puerta al diálogo con un nuevo actor que tiene un gran potencial para proteger derechos como los sexuales y reproductivos.

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